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Sucedió en apenas 24 horas. Las lentísimas élites de la justicia corrieron más rápido que Usain Bolt… cuando eran los beneficios de la banca lo que estaba en juego.El “escándalo de las hipotecas” ha revelado lo que debe permanecer oculto. El mismo Estado que ha impuesto el saqueo de salarios y pensiones o los recortes en sanidad y educación sale inmediatamente a defender los beneficios de la gran banca, aunque eso suponga retorcer la justicia.
Apenas un día después de que se dictara una sentencia que obligaba a los bancos, y no a los clientes, a pagar los impuestos derivados de la firma de una hipoteca, un “batallón de choque” judicial, encabezado por el mismísimo presidente del Tribunal Supremo, impuso de forma insólita que esa decisión se suspendiera. Lo más sorprendente es que no no se justificó por criterios jurídicos, sino por la “enorme repercusión económica y social”… en los beneficios de la banca.
El “escándalo de las hipotecas” ha revelado lo que debe permanecer oculto. El mismo Estado que ha impuesto el saqueo de salarios y pensiones o los recortes en sanidad y educación sale inmediatamente a defender los beneficios de la gran banca, aunque eso suponga retorcer la justicia. No son “vestigios del franquismo”, es la expresión más clara de quien manda en España y al servicio de quién está este Estado.
Amparados en una legislación de 1995, los bancos han endosado a los clientes el pago de los impuestos por registrar las hipotecas ante notario. Quien sale beneficiado de este acto es el banco, pero su poder le permitía le fuera el cliente quien corriera con ese gasto.
Esta práctica abusiva ha provocado una oleada de reclamaciones que han llegado al Tribunal Supremo. Y el jueves 18 de octubre la sección especializada en tributos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo revisó la doctrina oficial, estableciendo que fuera el banco, y no el cliente quien pagara el impuesto.
Esta decisión no es ajena al avance de las movilizaciones contra las draconianas condiciones que impone la gran banca. Que se ganan a muchos jueces, incluso en altas instancias como las salas del Supremo.
Al hacerse pública la sentencia, la maquinaria de la gran banca se puso en marcha para tumbarla.
Una parte de los beneficios de la banca estaban en juego. La devolución de estos impuestos puede suponer para la banca un gasto de 5.534 millones de euros. Pero si puede aplicarse retroactivamente, al 1,1 millones de hipotecas firmadas en los últimos cuatro años, algo que la ley permite, el coste para los bancos puede elevarse hasta los 18.000 o incluso los 24.000 millones. Esto recortaría las ganancias de los bancos en el mercado hipotecario, que concentra casi 300.000 millones de su cartera de créditos, una cifra casi equivalente a un tercio del PIB español.«Al hacerse pública la sentencia, la maquinaria de la gran banca se puso en marcha para tumbarla».
¿Como maniobró la gran banca? Los principales periódicos económicos hablan, con toda claridad, de como “la banca se movilizó ante el Ministerio de Economía y el Banco de España para transmitir “la enorme gravedad que suponía la sentencia” (…) La intención de los bancos era que su inquietud se transmitiera al Supremo y al Consejo General del Poder Judicial “.
Algunos banqueros han presionado incluso públicamente. Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter -perteneciente al Grupo Santander, el primer banco del país- se ha atrevido a afirmar que “en algún momento alguien nos tiene que ayudar y proteger a los bancos”. Y Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, ha declarado: “espero que la sentencia, que fue afortunadamente suspendida con inmediatez, sea reconsiderada”.
La reclamación de la gran banca fue atendida inmediatamente. El mismo presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, intervinó, violando la independencia de los jueces que habían dictado la sentencia, para que se revisara.
Ahora está a la espera de la decisión final que tome el Supremo el 5 de noviembre. Todo apunta a una “revisión” que limite al máximo el impacto en los beneficios de la banca. Especialmente impidiendo que pueda aplicarse “hacia atrás”, birlando a los consumidores la posibilidad de reclamar por la estafa sufrida durante años.
La doctrina Botín o “todo el problema es quién manda aquí”
No es la primera vez que se da un auténtico golpe judicial en el Supremo para defender los intereses de la gran banca. A principios de los noventa, una jueza se atrevió a sentar en el banquillo a Emilio Botín, el gran capo de la oligarquía. Fue por el caso de las “cesiones de crédito”, un sofisticado e inmenso fraude, donde se trasladaba a una tercera persona el riesgo de un crédito, eludiendo el pago de miles de millones a la Hacienda pública. La estafa fue de tal magnitud que el Santander no dudó en utilizar a monjas de clausura o a personas fallecidas como titulares de sus operaciones. Los chanchullos de las cajas, que abocaron a su liquidación, son pecata minuta en comparación con la operación del Santander.
¿Qué hizo la justicia? Puso del revés las leyes para proteger al padrino de la banca. Sorprendentemente, la abogacía del Estado y la fiscalía -encargadas de proteger los bienes públicos- no presentaron acusación contra alguien que había defraudado a gran escala. Y el Supremo utilizó este hecho para dictar la conocida como “doctrina Botín”, estableciendo que cuando solo existe acusación particular y no la de la fiscalía, la causa puede archivarse. Todo el Estado se movilizó para exonerar a Botín. Quebrantando los más elementales principios de toda justicia democrática: que no puede legislarse ad hoc, pensando en un caso concreto, y que una resolución judicial no puede aplicarse retroactivamente.
Pero todo valía cuando se trataba de Emilio Botín. En “Alicia a través del espejo”, la protagonista protesta Humpty-Dumpty se arroga el poder de decidir lo que las palabras significan. Ingenuamente, Alicia le plante que “el problema es si usted puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes”. La respuesta del huevo parlante fue toda una lección: “el problema es saber quien es el que manda. Eso es todo”.
Dependiendo de quien manda, de quien tiene el poder, se puede cambiar el sentido de las palabras… o se pueden poner boca abajo leyes que antes eran sacrosantas.
La gran banca y el Estado
El activo más rentable es el poder
Suele afirmarse que con el triunfo del neoliberalismo el papel de los Estados ha disminuido, y que el dominio directo del “capitalismo salvaje” gobierna ahora el mundo.
El golpe en el Supremo ha vuelto a demostrar que esta visión es sencillamente falsa. Nadie puede negar ya que el Estado español tiene propietarios, y que defiende a rajatabla sus intereses.
El mismo Estado que ha impuesto un saqueo sobre la inmensa mayoría, recortando salarios y pensiones o jibarizando el gasto en sanidad y educación, ha dictado todas las normas posibles a favor de una oligarquía encabezada por la gran banca. En los últimos diez años, mientras la mayoría sufríamos los recortes, el Estado ha entregado a la oligarquía 338.813 millones de dinero público. Saneando a los bancos y cajas para luego entregarlo por un euro, como es el caso del Popular, adquirido por el Santander.
Ahora, no han dudado en desprestigiar la imagen de la justicia, exponiendo abiertamente como su máxima instancia actúa en última instancia como abogado defensor de los intereses de la gran banca.
No son “vestigios del franquismo”. Eso es lanzar a quien se indigna a perseguir fantasmas mientras los que de verdad mandan puede ejecutar golpes de mano utilizando todo su poder, no solo económico, también como acaba de comprobarse, a través de un Estado que actúa a su servicio.
Dos personajes no encuadrados en la izquierda, lo confirman. Fernando Zunzunegui, abogado especializado en regulación financiera, afirma sin ambages que “Luis Díez-Picazo, el presidente de la Salta Tercera del Supremo, acudirá al rescate de la banca, hay demasiados miles de millones en juego”. Mientras Fernando Onega, prestigioso periodista, encabezaba su crónica con el contundente título “Quien manda de verdad en España”.
Efectivamente, lo que hemos comprobado estos días es “quien manda de verdad en España” y que caminos, naturales y “sobrenaturales” cuando las condiciones lo exigen, impuestos a través de un Estado que es de su propiedad, utiliza para imponer a toda la sociedad sus intereses.