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El juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional ha enviado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, en busca de documentación relacionada con -según el auto- “una trama para desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al partido o al Gobierno”.
El magistrado ha reabierto la investigación, que ya estaba en marcha, imputando a la exmilitante socialista Leire Díez, a la que ya se detuvo en diciembre de 2024. También están imputados el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán; la gerente de la formación, Ana Fuentes; Gaspar Zarrías, ex consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía; y al empresario Javier Pérez Dolset. Pedraz ha autorizado el registro de los domicilios de estos tres últimos.
Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a los medios que el juez busca información sobre pagos sospechosos del PSOE a Leire Díez y a otras personas para que realizaran supuestas campañas de desinformación contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad.
Hasta ahora, las investigaciones no han encontrado indicios financiación ilegal del Partido Socialista, pero el juez cree que las entregas de dinero se camuflaban presuntamente con facturas falsas, razón por la cual ha imputado a la gerente del PSOE, Ana Fuentes.
Esta -el hallazgo o no de tramas de financiación ilegal del PSOE- es la linea roja que muchos de los socios parlamentarios del gobierno han trazado para dar por finalizada la legislatura, por lo que -además de la imagen de fuerte voltaje político de los agentes de la UCO registrando Ferraz- estamos ante un caso que puede acabar golpeando de manera definitiva en la linea de flotación del gobierno de coalición.
Todo esto se suma a un sinfín de frentes judiciales que afectan al PSOE y al gobierno, siendo el más reciente la imputación del expresidente del gobierno Jose Luis Rodríguez Zapatero -gran apoyo de Sánchez y «referente moral» de los socialistas-, en un caso de tráfico de influencias. La imputación se basa en indicios que son más que preocupantes, pero que han sido proporcionados a la UDEF por la inteligencia norteamericana.
Algunos de esos frentes judiciales han demostrado ser un ejercicio descarado de «lawfare», como el esperpento judicial del juez Peinado contra Begoña Gómez o la condena sin pruebas del Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado. Otras no lo son, como los escándalos de corrupción que rodean a dos exsecretarios de organización -Santos Cerdán y Jose Luis Ábalos- junto a Koldo García.
Este «bombardeo de saturación» de escándalos judiciales -infundados unos, sólidos otros- están golpeando duramente al gobierno de coalición y generando grietas y fisuras en sus socios parlamentarios, como es el caso del PNV, cuyo portavoz Aitor Esteban ya ha advertido a Sánchez que «no sería responsable gobernar más allá de 2026».
Monkey D Dragon dice:
Los casos de corrupción de ZP por supuesto que hay que denunciarlo y que cada caso por corrupción a prisión. Al mismo tiempo una cosa no quita la otra, que estos casos de corrupción salgan a un año de las siguientes elecciones generales y con una línea Trump cada vez más agresiva para España, es evidente que no es casualidad que estos casos salgan a la luz ahora. Hay un propósito para degradar al gobierno actual para que en las próximas elecciones se forme un gobierno PP Vox y así aplicar recortes salvajes en educación, sanidad y pensiones, además de bajar salarios a trabajadores, suprimir la prestación por desempleo, subir impuestos e IVA a autónomos, hundir a las PYMES e incrementar el gasto del PIB a la OTAN.