La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) rechaza la norma del anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ordenar a un medio de comunicación que deje de informar sobre el trabajo de un magistrado que considere perturbado su sosiego y ecuanimidad, según explica este colectivo en un comunicado, en el que denuncia que el anteproyecto, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, faculta al CGPJ a ordenar a “quien perturbe o inquiete” a los jueces “el inmediato cese en dicha conducta”.“La continuación o reiteración de tal comportamiento tras recibir la orden de cese será constitutiva de delito contra la Administración de Justicia previsto y penado en el apartado 1 del artículo 464 del Código Penal», señala el anteproyecto.Este apartado dice literalmente así: “El que con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a veinticuatro meses”.La APM considera que la mencionada norma atenta claramente contra los derechos a la libertad de expresión y a la información consagrados en la Constitución y pilares del sistema democrático y subraya que “no puede limitarse el derecho constitucional a la información veraz y de interés público, sea cual sea la misma”.La Asociación de la Prensa de Madrid recuerda que “los medios y los periodistas tienen derecho a dar a conocer al público cualquier información veraz y de interés de la que tengan conocimiento” y hace notar que “no se puede exigir a ningún medio que deje de publicar lo que conoce siempre que haya comprobado bien sus fuentes, aunque ello sea causa de que un magistrado considere perturbado su sosiego y ecuanimidad”.Por ello, la APM alerta de que, si esta norma es aprobada y convertida en Ley, “toda opinión sobre la actuación de un juez puede llegar a ser estimada por el CGPJ como un ataque a la independencia del magistrado, un ataque que puede tener consecuencias penales para los periodistas por el mero hecho de realizar su trabajo”.Y concluye que “el Gobierno parece empeñado en promover y aprobar leyes con normas que limitan los derechos a la libertad de expresión y a la información, como la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Seguridad Ciudadana o la prevista Ley de Enjuiciamiento Criminal, olvidando que solo a través de una información libre y veraz se garantiza la existencia de una opinión libre, condición absolutamente necesaria para el correcto funcionamiento del sistema democrático”.