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La AIReF asegura que el nuevo déficit obliga a un ajuste de 4.000 millones

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera necesario un esfuerzo adicional de consolidación fiscal de unos 4.000 millones de euros para alcanzar el déficit del 3,6% de PIB que el Gobierno va a incluir en el nuevo Programa de Estabilidad que aprobará este mismo viernes en Consejo de Ministros antes de enviarlo a Bruselas.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera necesario un esfuerzo adicional de consolidación fiscal de unos 4.000 millones de euros para alcanzar el déficit del 3,6% de PIB que el Gobierno va a incluir en el nuevo Programa de Estabilidad que aprobará este mismo viernes en Consejo de Ministros antes de enviarlo a Bruselas.

La Autoridad Fiscal ha hecho esta estimación tras analizar la información recibida en la última semana, que debería haber recibido hace ya unos días para poder publicar este informe en el plazo previsto. A su parecer, las proyecciones de ingresos fiscales son conservadoras, mientras que la senda de gasto público parece demasiado restrictiva tratándose de un escenario sin cambios normativos de política.El Gobierno ya anunció que recortaría el gasto en 2.000 millones para cumplir con el déficit y está negociando esta semana con las comunidades autónomas acuerdos de no disponibilidad de gasto en el mismo sentido para garantizar el compromiso de todas las adminsitraciones con la consolidación fiscal y evitar así la multa de la Comisión.

Si no se adoptan estas medidas, las estimaciones de la AIReF sitúan el déficit de 2016 en el entorno del 4% del PIB. lo que obliga a un esfuerzo suplementario de consolidación del gasto de alrededor del 0,4% del PIB en este año, unos 4.000 millones de euros, para alcanzar el déficit del 3,6% del PIB.

Pide medidas permanentes para reducir el déficit

A pesar de estos ajustes, el organismo fiscalizador cree que la reducción sostenida del déficit público en los próximos dos años requiere de la adopción de medidas con una vocación de permanencia que no se garantiza con la adopción de un acuerdo de no disponibilidad de gasto de vigencia anual.

Además, considera conveniente establecer sendas de capacidad o necesidad de financiación “claramente diferenciadas” por comunidades autónomas, puesto que la fijación de una misma senda para todas las supone un riesgo para el cumplimiento del objetivo global de estabilidad presupuestaria.

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