Javier Barona – Portavoz del FJI

El Foro Judicial Independiente es una de las cuatro principales organizaciones profesionales de jueces en España. El Foro se fundó, según sus propios planteamientos, para huir de «planteamientos partidistas» y hacer de su independencia una bandera. Junto a la asociación Francisco Vitoria, convocaron la primera huelga de jueces de la historia de España.

¿Con 62 mil millones de fondo de reserva, y un suerávit en el 2009 de 8.500 millones, creen que está justificado el alargamiento de la vida laboral y el cálculo de la pensión a 25 años? El alargamiento de la vida laboral debe venir impuesto por el de la esperanza de vida. En cualquier caso debe ser selectivo en función de las distintas profesiones o actividades. Parece absurdo jubilar a un buen profesor, médico o juez, en función de su edad y no hacerlo con un minero, un conductor o un distribuidor de butano. En cualquier caso debí­a estar incentivada la prolongación de la vida laboral. Teniendo en cuenta que las pensiones se nutren de la población activa y con 4 millones de parados, ¿no deberí­an centrarse los esfuerzos en el desarrollo del tejido productivo y no en la reducción de las actuales pensiones? Eso parece una obviedad, el problema es cómo hacerlo. Siempre es socialmente preferible aumentar los ingresos que reducir los gastos. El problema insisto es como hacerlo en condiciones económicas desfavorables. El 2011 se inauguró con un 25% de pérdida del poder adquisitivo de las familias españolas, y según estudios de Zurich o La Caixa con la reforma las Pensiones se reducirán un 25%. El PIB español se ha multiplicado por 2,3 en los últimos quince años y aún así­ el porcentaje dedicado a las Pensiones se ha reducido un 2%, en ese mismo periodo. ¿No hay aquí­ un problema de criterios en torno al bienestar social? En situaciones de crisis o se redistribuye la riqueza o se quiebra el estado de bienestar. í‰ste exige recursos y solo hay dos formas de obtenerlos, o bajando el nivel de vida de la población o redistribuyendo la riqueza. Es el principio económico de «o cañones o mantequilla». La Reforma de las Pensiones es una exigencia planteada por el FMI y por la UE. En los últimos dí­as el Gobierno ha asumido también, en parte, la exigencia de desligar los salarios del IPC. ¿Cree que hay un problema de independencia y capacidad de decisión propia por parte del Gobierno, que va más allá de nuestras responsabilidades internacionales? La hay y la ha habido. No en relación con las instituciones internacionales, sino de los poderes económicos a cuya primací­a se someten también estas instituciones. Los paí­ses del Primer Mundo son los que están sufriendo la crisis, aquellos sometidos a la influencia de los mercados internacionales en los que estalló la crisis. España al pertenecer a la UE, cuya integración ya supuso un déficit en polí­ticas sociales, se ve obligada a aceptar medidas que no controla, como le ha pasado de forma traumática a Grecia o Irlanda. Claro, si no las aceptas automáticamente se nos exige el pago de nuestras deudas. Ya que es una decisión que afecta al 90% de la población para los próximos 40 o 50 años, y por o tanto a las futuras generaciones, ¿cómo valorarí­an que la Reforma de las Pensiones se sometiera a referéndum, tal y como plantea el artí­culo 92 de la Constitución? Seria deseable, pero desgraciadamente las cuestiones que afectan a la contribuciones económicas al desarrollo del bienestar social, son difí­cilmente sometibles a Referéndum. No es que lo impida la ley, porque no es así­, sino que son temas que implican un alto nivel de formación e información de la sociedad. Y en todo caso, ¿cree que serí­a positivo que ante una cuestión de tal vital importancia pudiera generarse el debate democrático profundo en torno a este tema, y adecuado a la libre capacidad de decisión de cada ciudadano, que otorga la Constitución y el Estado de Derecho?. Sin duda. Desgraciadamente el sistema democrático español cada dí­a se parece más a un pseudodespotismo ilustrado de los partidos polí­ticos. Se ha creado una especie de monroí­smo polí­tico: la polí­tica para los polí­ticos. Pronunciamiento del FJI Independencia del Poder Judicial La independencia judicial en España como valor constitucional esencial para la existencia de un Estado Democrático de Derecho se encuentra seriamente amenazada. Sin ella no cabe garantizar la imparcialidad de los Jueces, ni que por tanto puedan desempeñar su función de garantizar los derechos de los ciudadanos, especialmente frente a los posibles abusos de poder. Existe un empeño de la clase polí­tica en eliminarla u otorgarle un carácter meramente testimonial […] Esta situación no es exclusiva de España. En las conclusiones del IV Congreso del Foro, aprobadas en Barcelona el 10 de noviembre de 2.007, ya se decí­a que hay una creciente intromisión de los poderes polí­ticos en la independencia del poder judicial en toda Europa. Desde esa fecha hasta hoy la situación no ha hecho más que empeorar […] Frente a esta situación los jueces tenemos el deber ético de defender nuestra independencia en todos sus aspectos, no sólo el relativo a la capacidad de adoptar decisiones sino también el de controlar su tramitación y ejecución y el que podamos desarrollar nuestra función en unas condiciones retributivas y materiales dignas. Esta obligación es consecuencia de la que tenemos de garantizar los derechos de los ciudadanos y de sostener, en definitiva, el Estado Democrático de Derecho, lo que nunca podremos hacer si no tenemos las condiciones precisas para ello […] El instrumento real y efectivo más importante con el que contamos los Jueces para defender nuestra independencia es la asociación judicial. La fuerza de este instrumento dependerá de la capacidad de los jueces para actuar de forma unida y conjunta. Es precisa, pues, la unidad judicial, pero la misma no puede ser el resultado de la victoria de unas asociaciones sobre las otras […]  En este camino de unidad tenemos que ser ambiciosos. Debemos dejar de pensar en términos nacionales. La verdadera fuerza de la asociación judicial vendrá de la capacidad de actuar conjuntamente los jueces europeos, de apoyarnos unos a otros en los problemas similares que se dan en todos los paí­ses, impulsando la progresiva aplicación en el ámbito de la Unión Europea de la doctrina del Consejo de Europa, potenciando el concepto de Poder Judicial Europeo […].