Cargando...La lectura inicial del auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca 256/2013 podría inducir a un enorme error: el de suponer que para la infanta Cristina se han acabado las inquietudes de una imputación penal. En modo alguno es así. La resolución deja sin efecto la citación a la hija del Rey para que comparezca como imputada en las actividades presuntamente delictivas en lo que atañe al Instituto Nóos, pero sólo la suspende, y “de momento, respecto del posible delito contra la hacienda pública/y o blanqueo de capitales” a través de la sociedad Aizoon, que era la entidad patrimonial del matrimonio Urdangarin Borbón. Pero esa suspensión de la citación queda condicionada a nuevas investigaciones y comparecencias (de los inspectores de la Agencia Tributaria), de tal manera que el juez Castro queda perfectamente habilitado para “decidir si mantiene o no las imputaciones por delito fiscal y si por ello procede citar en calidad de imputada a la infanta Doña Cristina de Borbón y Grecia”.
En otras palabras: la Audiencia de Palma entiende que al juez Castro le falta relato verosímil sobre la participación de doña Cristina -por acción o por omisión- en los avatares del Instituto Nóos, pero alberga las mayores sospechas acerca de la responsabilidad de la duquesa en la comisión de delitos contra la hacienda pública y/o blanqueo de capitales a través de la sociedad patrimonial que comparte con su marido bajo la denominación de Aizoon. Para que no haya dudas de que este auto de la Audiencia es, materialmente, una resolución con potencial inculpatorio, se determina que a su notificación se interrumpe respecto de esos posibles delitos el plazo de prescripción de los mismos.
En el auto los magistrados califican el proceder del juez Castro de “correcto” y adjetivan su instrucción de “excepcional”, “exhaustiva” y consideran que ha hecho “un buen trabajo jurisdiccional de investigación”, pero en lo que se refiere a los manejos de Nóos y a la resolución de la imputación de la Infanta echan de menos una “mínima versión judicial respecto de cuál ha sido o podido ser la sumaria participación” de doña Cristina en los posibles delitos perpetrados por su marido, delitos que, además, el juez Castro no describe en su auto. Hay, dicen los magistrados, una “insuficiencia fáctica” en el relato del instructor. Además, ni los nuevos indicios que invoca son nuevos y los nuevos, apenas dos correos, son relevantes, llegando a la conclusión de “que de este pobre bagaje participativo no se desprende que la Infanta interviniera en las actividades del Instituto Nóos”.
Cosa por completa distinta es su participación en Aizoon, la sociedad en la que se remansaban los dineros que obtenía el duque consorte por procedimientos que en su momento se verá si fueron sólo irregulares o, además, delictivos. La Audiencia sostiene taxativamente que la Infanta “a partir de marzo de 2006 o meses antes de esa fecha, ya debería saber que Aizoon no era una sociedad de profesionales y que ella y su marido la utilizaban para defraudar.” La resolución se refiere a los fondos de Aizoon como “dinero sucio”. Por si fuera poco, la Audiencia reprende severamente a la Agencia Tributaria por sus incompletos informes. Considera que las investigaciones respecto al delito fiscal “no están conclusas y se hayan sometidas a investigación y de las mismas podrían derivarse indicios de delito respecto de la Infanta Cristina, motivo por lo cual tales investigaciones han de producir respecto de ello, ya desde ahora mismo, efectos interruptivos de la prescripción de estos delitos”.
De este auto se desprenden las siguientes conclusiones: 1) que el caso Nóos concierne por completo a Iñaki Urdagarin y a Diego Torres y los demás imputados, pero no a la infanta Cristina; 2) que el caso Nóos pudiera no ser el asunto más relevante de las actividades presuntamente delictivas del duque consorte de Palma; incluso sería verosímil valorar si sus actividades eran sólo irregulares pero no necesariamente infractoras del Código Penal; 3) que emerge con enormes indicios de criminalidad el caso Aizoon en el que tanto Iñaki Urdagarin como la hija del Rey están sometidos a la sospecha muy fundada de que, a través de esa sociedad, perpetraron delitos de carácter fiscal y 4) a Diego Torres se le ha acabado la dosificación de correos -‘bombas atómicas’- ya que el tribunal insta al instructor a que le requiera la entrega de todos los que “pretenda utilizar en su favor o en contra de otros imputados”.
Este auto -de apariencia exculpatoria- constituye en realidad un jaque a la infanta Cristina, un desafío a su defensa –Roca y Silva- y un muy serio compromiso político para el Rey y su familia. Y un dato final: quedan algunos meses más de instrucción del caso -ya no del caso Nóos- sino del caso Aizoon. Y serán meses decisivos y de muy alto voltaje político y judicial.