Cargando...Un partido político pequeño y de creación reciente, Unión Progreso y Democracia (UPyD), ha sido el fulminante de las diligencias abiertas ayer por presuntos delitos genéricamente atribuidos a los antiguos administradores de Bankia, la cuarta entidad financiera de España. Que la investigación se haga por la vía judicial, en vez de haberse iniciado en el Congreso de los Diputados, dice mucho del estado en que se encuentra la cámara elegida hace poco más de siete meses, incapaz de desempeñar un papel comparable al del Congreso de Estados Unidos, que intervino largamente tras el desastre de sus instituciones financieras de 2008, o al del Parlamento británico, que lo ha hecho de forma fulminante, apenas unos días después, a raíz de la manipulación del índice interbancario de Londres por Barclays y otros bancos.
Bloqueado por el PP y entre titubeos del PSOE, el Parlamento español no ha tomado más iniciativa que la de comparecencias con cuentagotas y a puerta cerrada. La consecuencia es la apertura de una investigación judicial por querella de un partido parlamentario. Si se pretendía que los altos ejecutivos de Bankia no dieran la cara, que no se les sometiera a preguntas abiertamente o que se informara lo menos posible en los medios de comunicación, ahora esos mismos ejecutivos se ven convocados a la Audiencia Nacional, en calidad de imputados, entre ellos el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato. Asimismo se llama como testigo al exgobernador del Banco de España Miguel Fernández Ordóñez y al auditor que se negó a firmar las cuentas de la entidad tal como habían sido formuladas por el equipo de Rato.