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Causaron uno de los mayores desastres ecológicos en España y se han ido de rositas. Trece años después, el Tribunal Supremo exime tanto a la multinacional sueca Bolidén, dueña de la mina de Aznalcollar y las empresas constructoras de la balsa de costear el daño hecho por el vertido tóxico en 1998. Ni parece haber responsables del vertido ni, más grave todavía, parece haberlos de que no haya leyes para castigarles.
El Tribunal Supremo ha eximido a Bolidén de pagar tanto la sanción de 41 millones que exigió el Consejo de Ministros como los 90 millones que gastó la Junta en limpiar el vertido tóxico; es más, ha eximido a las constructoras que recrecieron la balsa de residuos que desencadenó el vertido tóxico, del pago de 248 millones de indemnización. No hubo, según el Supremo, ningún incumplimiento contractual. No hay leyes que permitan a la Adminsitración exigir el pago de los daños medioambientales. «No hay leyes que permitan a la Adminsitración exigir el pago de los daños medioambientales a los monopolios»
Ni por la vía civil ni por la penal se ha podido o querido meter mano a los responsables de la rotura de la balsa de residuos que hace 13 años vertió seis millones de metros cúbicos de metales pesados y lodos contaminados a los aledaños del parque natural de Doñana. Incluso las diligencias previas penales contra algunos directivos han sido archivadas. Bolidén, la empresa sueca propietaria de la mina, se ha librado de pagar los 133 millones en sanciones declarando en quiebra su filial española. Nada menos que el triple de lo que haría falta para seguir prestando ayudas a 40.000 dependientes.
La impunidad con la que los grandes monopolios extranjeros actúan en España es de juzgado de guardia.
Otro sonado caso de aquella época, en agosto de 2002, fue el de los filtros de Baxter. Tres enfermos renales murieron en Madrid debido a filtros de hemodiálisis defectuosos de la multinacional norteamericana Baxter, la cual, tras tener constancia de las muertes, no los retiró y se produjeron en dos semanas 6 muertes más en Valencia y una en Barcelona. Ante la presión, Baxter retiró los filtros solamente de los hospitales españoles lo que ocasionó otros 50 muertos en 6 países. España fue el primer país cuyas víctimas llegaban a un acuerdo, la multinacional calló la boca de los familiares con indemnizaciones de 55 millones de pesetas, mientras en EEUU las víctimas pleiteaban por 1.000 millones.
Celia Villalobos, entonces ministra de sanidad, anunció una demanda a Baxter de 280 millones de dólares en los juzgados norteamericanos por vender material defectuoso. Pero nada se sabe de ella; a la postre Baxter ha seguido ganando millones suministrando como si nada insumos hospitalarios a la red sanitaria española.
Si se puede cambiar la constitución en dos días para asegurar el pago de los intereses de la deuda pública española a los bancos, ¿piensa alguien que el que no haya leyes para que se cumplan las sanciones a grandes multinacionales es casualidad? Lo que no hay es voluntad.