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Desde que el pasado 6 de diciembre, la derecha venezolana se hiciera con el control de la Asamblea Nacional (AN) y la convirtiera en una nueva trinchera para desestabilizar el país, Venezuela vive una tensa coyuntura. La bronca política y mediática permanente, junto a la guerra económica -el desabastecimiento y la especulación premeditados, la bajada de los precios del crudo- y a las acciones de violencia callejera (las guarimbas) buscan crear las condiciones de desafecto popular para que pueda triunfar el ‘golpe blando’ contra el gobierno bolivariano que persiguen la oligarquía y Washington.
Desde principios de enero, el presidente de la AN, el derechista Henry Ramos Allup, dejó meridianamente clara las intenciones opositoras: poner fin al gobierno de Maduro en seis meses, a pesar de que le quedan 3 años de mandato. La ‘hoja de ruta’ incluía, además de una enmienda constitucional, una asamblea constituyente y un referéndum revocatorio.
Esto último es lo que han tratado de sacar adelante. Sin embargo, la figura del ‘revocatorio’ ya está contemplada en el artículo 72 de la Constitución precisamente por iniciativa de Hugo Chávez. Sólo dos países contemplan la posibilidad de revocar a un presidente antes de que expire su mandato, que en este país dura 6 años: Venezuela y Bolivia. La ley pone dos requisitos: reunir el aval del 1% del censo para iniciar el proceso (luego se ha de recoger el 20% para activar definitivamente el referendum), y que haya transcurrido el 50% del mandato del presidente al que se quiere revocar.
Como este último punto no se cumple, la derecha ha tratado de cambiar la Constitución para que afecte de manera retroactiva. Si las reglas no les favorecen, las cambian. Esto es lo que ha rechazado el Tribunal Supremo (TSJ), determinando que cualquier enmienda que pretenda efectuarse a la Carta Magna “no puede tener efectos retroactivos en el tiempo o ser de aplicación inmediata, pues ello constituiría un quebrantamiento” de la legalidad.
«El presidente de la AN, el derechista Henry Ramos Allup, dejó meridianamente clara las intenciones opositoras: poner fin al gobierno de Maduro en seis meses.»
La oposición lo ha utilizado para -una vez más- arremeter contra el TSJ y buscar el enfrentamiento institucional.La lucha de clases se antagoniza en Venezuela. La oposición afirma haber recogido más de un millón de firmas, mientras que el gobierno le reclama limpieza: que la recogida de avales se haga con garantías, con testigos tanto del gobierno como de la oposición.