‘Hombres de negro’ para la polí­tica energética

La supervisión alemana a España ha llegado también al campo de la energía. El comisario europeo en esta materia, el germano Günther Oettinger, ha destinado recientemente tres funcionarios comunitarios a la «supervisión» de la política energética del país, tras las reiteradas denuncias interpuestas en Bruselas por la patronal fotovoltaica Anpier por los cambios retroactivos que afectan a las energías verdes. A pesar de que las competencias en energía son propias de los Estados, Oettinger está preocupado por el efecto dominó que los recortes en España pudieran tener en otros países y, por este motivo, está documentándose para realizar las recomendaciones oportunas al Gobierno. Precisamente el último tijeretazo a las renovables, aprobado en el pasado Consejo de Ministros, ha provocado un revuelo de enorme magnitud en el sector. Las principales patronales han creado un frente común contra el Ejecutivo, al que acusan de dar «un trato favorable» a las eléctricas tradicionales. «El Gobierno está sirviendo a los intereses de las grandes eléctricas y a nosotros nos han abandonado en la cuneta», criticó ayer Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier. En el mismo sentido se pronunció José Miguel Villarig, presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA): «El Gobierno no es transparente y justifica los recortes en argumentos falsos. Sólo se atienden las simpatías de Unesa». Las patronales renovables echan en cara al nuevo secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, que mientras recorta «550 millones de euros» a las energías verdes -suprimiendo la actualización de primas con el IPC y cambiando el modelo de retribución- haya aumentado a su vez la remuneración a las eléctricas por la distribución de la luz un 6%, en 306 millones de euros.Los cambios normativos aprobados el pasado viernes se unen a otros recortes renovables como la limitación horaria con derecho a prima de algunas plantas en 2010, la moratoria a la entrega de primas a nuevos proyectos o el establecimiento del impuesto único a la generación del 7% a todas las tecnologías, estas dos últimas medidas aprobadas ya con José Manuel Soria al frente del Ministerio de Industria. Las servicios jurídicos de estas organizaciones también están evaluando las posibles vías legales a nivel nacional e internacional para denunciar las medidas del Gobierno. En algunas tecnologías, como la fotovoltaica, el recorte total de ingresos sobre la inversión inicial asciende al 40%, según denuncian en Anpier. Esto, añade su presidente, conlleva la «quiebra» de los miles de pequeños ahorradores que invirtieron en huertos solares y el embargo de todos estos activos por parte de la banca.