¿Hasta donde llegan las aguas?… ¡ni eso!

A Felix Millet, el gran saqueador del Palau de la Música, de pequeño le gustaba repartir caramelos entre los niños de la escuela. Pero, antes, les arrancaba unas pesetas a sus hermanos mayores. Se los vendí­a para, acto seguido, implorarles desolado su devolución con el argumento de que de lo contrario no podrí­a realizar su generosa entrega a los compañeros de clase. Las revelaciones de uno de sus hermanos en las pantallas de TV3, ofrecen una pintoresca ví­a de investigación hacia el fenómeno de la corrupción. Pero la tozuda realidad va por otros derroteros.

Las medidas anti-corrución de la Generalitat (o las del PP) no llegan ni a donde han llegado las aguas del caso Millet y el caso Pretoria. Mientras reclaman más transparencia y control en la contratación pública, la Comisión Europea lleva a España ante el Tribunal de Justicia Europeo porque es la propia normativa sobre modificación de contratos de la nueva ley de adjudicación pública la que abre la puerta a la corrupción más descarada. Extremo interesante, puesto que la devolución del dinero hay que exigirla no sólo a los individuos que se lo han apropiado, sino a las empresas adjudicatarias de contratos públicos obtenidos comprando la voluntad de los cargos corruptos.La Generalitat anuncia para 2010, un antes y un después con la limpieza de las administraciones y su fiscalización. Las medidas apuntan a prohibir las donaciones anónimas a las fundaciones vinculadas a partidos, o que reciban dinero de otras fundaciones que, a su vez, las han recibido de fondos públicos. A primera vista, dispara al corazón del “caso Palau”. Otras medidas apuntan a controlar el volumen y destino de las plusvalías fruto de operaciones urbanísticas en los ayuntamientos, creando un registro de convenios que permita la total transparencia y obligando a que los beneficios de las recalificaciones de terrenos reviertan en los ayuntamientos. En apariencia, rompe el espinazo del “caso Pretoria”.Pero nada se dice de que las cabezas visibles, llámese Millet o Bartomeu Muñoz, ni sus corruptores, devuelvan hasta el último céntimo de lo que se han apropiado, traducido al valor de cambio actual. Esto, junto al endurecimiento de las penas, debería ser el ariete de cualquier propuesta contra la corrupción. Nada se dice de que las penas duras y devolución del dinero se deben aplicar también a los corruptores, como Caixa Catalunya o FCC, que pagaron comisiones relacionadas con concesiones de obra y servicio o recalificaciones de terrenos. El propio José Montilla lo deja todo en sublimes llamamientos al empresariado catalán para que “se ayude y nos ayude” a recuperar valores como “esfuerzo, creatividad, honestidad y excelencia”. Creatividad para que, en definitiva, el saqueo conjunto de las arcas públicas sea discreto y legal.Cambiar de nombre, comprar silencioEn un aparente ejercicio de higiene democrática, la fundación Trias Fargas, aparte de cambiar su nombre a CatDem, ha decidido devolver los más de 600 mil euros que recibió de las cuentas del Palau de la Música de la mano de Félix Millet. CiU parece haber comprendido, después de negarse a ello, las ventajas de pagar a cambio de silencio, de no verse envuelto en las acciones legales que la nueva gestora del Palau va a iniciar para recuperar los fondos esquilmados.Silencio, al fin y al cabo, sobre el papel de sus fundaciones como vehículo para el cobro de suculentas comisiones por la concesión de contratos públicos a los generosos donantes. Si dichos contratos se han dado bajo la actuación corrupta de los partidos y las empresas, si la ley ha venido amparando que se puedan modificar una vez adjudicados para duplicar o triplicar el precio inicial, el dinero público concedido, o una parte de él, también debe ser devuelto puesto que ha sido malversado u obtenido de forma ilegal.