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¿A quién le interesa que nadie fije su atención en esta red de intereses que determina de forma decisiva nuestro sistema educativo?
Una de las pancartas que ha estado circulando en las manifestaciones en defensa de la Educación Pública, reza: “Franco a werto”. Estableciendo una relación directa entre la propuesta de Wert y las directrices educativas del franquismo.
A parte de las similitudes que puedan encontrarse anecdóticamente, nada tiene que ver la Ley Wert con el franquismo.
¿Resta esto gravedad a la denuncia que la mayoría de la Comunidad Educativa hace de la reforma de Wert? En absoluto, más bien al contrario.
Situar la LOMCE en el terreno ideológico del franquismo tiene dos consecuencias. En primer lugar la de minimizar las consecuencias de los recortes en Educación, que se iniciaron con el gobierno de Zapatero, y que arrastraban un déficit gigantesco con los anteriores gobiernos, independientemente de su signo político. De hecho, señalar que “el franquismo ha vuelto con Wert”, oculta que esta reforma no es más que una consecuencia necesaria del proyecto que se viene implementando para nuestro país desde el 2008 con el estallido de la crisis, resultado, a su vez, del modelo político que sostiene las estructuras del Estado en los últimos 40 años.
Y en segundo lugar, no permite comprender que el diseño curricular de la LOMCE se corresponde con las exigencias que desde instancias europeas se hacen. Exigencias que se concentran en el cobro de la deuda, sus intereses y los ingentes beneficios de bancos y grandes monopolios, especialmente alemanes, franceses y norteamericanos.
Es por lo tanto, Wert, el principal representante en el terreno de la Educación, no de una rémora franquista o la “caverna” de la extrema derecha, sino de los principales centros de poder político y económico, que imponen a nuestro país una serie de condiciones draconianas que el Estado asume gustoso. Lógicamente, porque algunas son las migajas que les caen. «Wert es el representante de los principales centros de poder, no del franquismo»
No es el caso detenernos aquí en la red de vínculos que el capital extranjero tiene con las principales familias oligárquicas del país, y de éstas y aquel con la clase política reinante. Pero, así como la columna vertebral del régimen político del 78 no fue “la pervivencia de las familias franquistas”, sino la imposición del proyecto de EEUU y, también, con mayor y contradictorio protagonismo, de las potencias hegemónicas regionales, Alemania y Francia, para España. De igual manera debemos leer las consecuencias que los recortes y la implementación de la LOMCE van a tener para el Sistema Educativo. Y no nos equivoquemos, principalmente para el público, pero también para el privado. La idea de que la enseñanza privada se ve beneficiada en general por la LOMCE es equivocada. Tal y como pasa con todas las medidas de éste y el anterior gobierno, las pymes se ven aplastadas en todos los terrenos, también en el educativo.
El capital extranjero os hará libres
El GATS o AGCS (General Agreement on Trade in Services o Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios) es uno de los acuerdos que se firmaron en 1995 cuando se creyó la Organización Mundial del Comercio, al acabarse las negociaciones del Uruguay Round entre 128 países. En realidad EE.UU, apoyándose en Canadá, la Unión Europea y Japón emplazó a los demás a firmar este “paquete único” de acuerdos que sustituyeron a los acuerdos de comercio internacional hasta entonces vigentes, por nuevos acuerdos que abarcan a muchos más sectores, notablemente a los servicios. La OMC vigila con plenos poderes la aplicación de estos acuerdos por los países miembro, utilizando mecanismos, entre otros, como “el test de necesidad” que sirve para frenar políticas nacionales que frenen la inversión extranjera.
El espíritu de este acuerdo, como la misma OMC recoge, es el de “desde el principio, influir necesariamente en la legislación nacional y en sus reglamentaciones.” Éste hilo conductor tiene dos vías de aplicación según la normativa, la general, según la cual cualquier ventaja otorgada a las empresas nacionales debe extenderse inmediatamente a las extranjeras, aunque en su desarrollo signifique mejores condiciones para éstas. Y la específica, a través de la cual el trato no ha de ser igual a las empresas extranjeras sino que debe suprimir límites en la cantidad de inversiones.
Según el propio AGCS los compromisos asumidos en el 95 y los consecutivos, no contemplan aquellas actividades incluidas “en el ejercicio de la actividad gubernamental”, y que no estén sometidas a la competencia. El problema es que a la hora de llevarlo a la práctica ningún ámbito está exento en los hechos de la competencia y de las relaciones comerciales que lo recorren, como es el caso de la Universidad por necesidades obvias en todos los terrenos. Más desde que la Ley de Ordenamiento Universitario abrió las puertas a la participación de “las empresas” en los Consejos Sociales y en la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación – ANECA -, o más aún desde el mismo momento en el que se implemente la LOMCE, que sustrae la poca capacidad de decisión que le quedaban a los sectores populares en la Educación. «En aquel foro, Alemania cogió la bandera de la “liberalización” de la Educación»
En el 2002 el Comisario Lamy, responsable de Comercio de la Unión Europea, afirmaba que “no tenemos intención, por lo menos de momento, de hacer “ofertas” en los ámbitos de la sanidad y de la educación”. Después sí la tuvieron. En un seminario celebrado ese mismo año por la OCDE, el Departamento de Educación y el de Comercio norteamericano, Joseph Popovitch, vicepresidente del Departamento de Comercio norteamericano dijo que “los compromisos existentes en materia de educación en el AGCS son pocos; desde EE.UU nos esforzaremos para lograr más compromisos por parte de nuestros colegas miembros de la OMC”.
Douglas Baker, colaborador de Popovitch, afirmaba poco después que “el Comercio en la Educación se ha vuelto un enfoque central de la política exterior y de comercio de EE.UU, porque el comercio en este sector mejora considerablemente el balance comercial, y construye la paz internacional mediante la promoción de los valores americanos en el extranjero”.
Una nueva dimensión
Esta nueva dimensión de la política norteamericana opera sobre los intereses propios dentro de la UE, en la que Alemania y Francia ocupan una posición hegemónica. Éstas actúan a través de grupos, o lobbies, que determinan la política, no solo europea sino nacional. La UNICE (Union of Industrial and Employers Confederations of Europe), y la ERT (European Round Table of Industrialist) son los dos grupos más poderosos de presión, a los que pertenecen entidades como el Banco Santander, Telefónica o Repsol.
En el Parlamento Europeo, donde existe una media de 5 lobbistas por parlamentario, las propuestas o enmiendas llegan a ser incluso redactadas directamente por ellos. Cuando no ocurre que los representantes políticos son directamente antiguos empleados de estas multinacionales.
Según las resoluciones del encuentro del 2002 auspiciado por EEUU y la OCDE, las principales barreras a eliminar frente a la inversión en educación eran: “la concepción de la educación post-secundaria como producto del Estado; las medidas que restringen el acceso al mercado para los proveedores extranjeros; las restricciones sobre propiedad extranjera de universidades y colegios; y las legislaciones que impiden o limitan la acreditación de proveedores extranjeros”. En aquel foro Alemania, con el apoyo de Noruega y Reino Unido, encabezó las exigencias de “liberalización de la educación”.
¿A quién le interesa que nadie fije su atención en esta red de intereses que determina de forma decisiva nuestro sistema educativo, mientras se persiguen fantasmas franquistas? Salvo que Franco hubiera resucitado, caso que sería competencia más de Iker Jiménez que de la Comunidad Educativa.