Cargando...ARTUR MAS y Oriol Junqueras consumaron ayer su pulso al Gobierno de Rajoy al firmar de forma solemne un acuerdo de legislatura cuyo propósito es lograr la creación de un Estado catalán tras la celebración de la consulta independentista de 2014. El texto no deja lugar a dudas: Cataluña debe convertirse cuanto antes en «un nuevo Estado en Europa para superar la actual situación de asfixia económica, social y cultural que padecemos como país». La iconografía del propio acuerdo, denominado de «transición nacional», con las banderas de Cataluña y la UE y sin la presencia de la enseña nacional, ilustra perfectamente la voluntad de CiU y ERC de plantear un abierto desafío al Estado español, al que, además de caricaturizarle como una potencia imperialista que oprime a una colonia, se le pretende imponer sin margen de intervención alguna una hoja de ruta hacia la independencia.
La firma de este acuerdo de CiU y ERC ha encendido todas las alarmas en el Gobierno de Rajoy, que hasta el último momento esperaba que Artur Mas recuperara la cordura. Eso ya es muy díficil porque existen unos compromisos públicos y rubricados, con una serie de pasos inmediatos como la proclamación de la soberanía de Cataluña por el Parlament el mes que viene. Ante esta situación, el Gobierno se ha puesto a trabajar en el estudio de todas las iniciativas legales, entre las que figuran la inhabilitación de Artur Mas por la vía penal y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite a Mariano Rajoy adoptar «las medidas necesarias» cuando «una comunidad autónoma no cumple con las obligaciones que la Constitución y las leyes le imponen». «Estamos dispuestos a ir a por todas», declararon ayer fuentes de La Moncloa a este periódico, insistiendo en que si Mas sigue adelante con su acuerdo con ERC, el Gobierno agotará todas las vías legales para impedir la celebración de la consulta. Primero, existe la posibilidad de impugnarla ante el Constitucional y luego, si es necesario, queda el artículo 155 como último recurso. Su aplicación supondría la destitución de Mas y sus consejeros. Pero antes de llegar a una situación tan extrema, el Gobierno tiene otros instrumentos de disuasión. El primero de ellos es el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El acuerdo de legislatura, además de anunciar la creación de nueve impuestos que impedirán la recuperación de la economía catalana y empobrecerán a su población, dice expresamente que el Gobierno de Mas no va a cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria que fije Madrid.
Por tanto, Rajoy está más que legitimado no sólo para no dar ni un solo euro para financiar la soga con la que Mas quiere ahorcar a España sino además para condicionar cualquier ayuda a la supresión de todas las subvenciones del Gobierno catalán a los proyectos y plataformas independentistas. Dado que la política de conciliación no ha servido para nada, ha llegado la hora de plantar cara al separatismo con todas sus consecuencias. 