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Guatemala, el genocidio continúa

El 10 de mayo el Tribunal de Justicia de Guatemala condenó el exdictador, general Ríos Montt a 80 años de cárcel por las masacres contra pueblos indígenas en los años 80.[i] Hay mucha esperanza de que el proceso judicial contra los criminales de la guerra sucia de Guatemala continúe.[ii]

Pero mientras el pueblo celebre el juicio, los procesos de genocidio que Rios Montt inició con sus masacres hace 30 años siguen su curso con otros métodos.En la última década la expansión de caña de azúcar para etanol y de palma aceitera en el norte de Guatemala ha desplazado a centenares de familias campesinas Maya-Q´eqchi´, aumentando la pobreza, hambre, desempleo y falta de tierra en la región, afirma Alberto Alfonso-Fradejas en “Hijas e hijos de la Tierra”: Comunidades Indígenas y Acaparamiento de la Tierra en Guatemala[iii]. Observamos una tremenda contradicción: al mismo tiempo que condena al ex general Ríos Montt por genocidio, el estado permite que la oligarquía aliada a la industria extractiva continúe desfrenadamente, sin importar el costo humano del desalojo, en muchos casos, asesinato y encarcelamiento a los y las pobladores rurales que resisten la embestida industrial. El genocidio contra la población indígena campesina en Guatemala ahora no tiene la cara de un dictador militar apoyado por los Estados Unidos… ahora son las corporaciones, la oligarquía y el mismo Banco Mundial quienes pretenden desaparecer a los campesinos de sus tierras.Las catorce familias oligarcas que controlan las 14 compañías productoras de azúcar (AZAZGUA), las cinco compañías que controlan la producción nacional de etanol y las ocho familias que controlan la producción de palma aceitera (GREPALMA)[iv], miembros del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) están acaparando la tierra apoyadas con inversiones de instituciones internacionales del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La confluencia de múltiples crisis: financiera, energética, alimentaria y ambiental a nivel mundial, ha disparado la inversión de las corporaciones en recursos derivados de la tierra como agrocombustibles, minerales, pastos y comida. Guatemala tiene cariz extremadamente violento de una tendencia global en que se juntan los intereses agrarios, financieros e industriales para acaparar tierras campesinas.Para afirmar que el acaparamiento de tierras es una nueva forma de genocido, es necesario citar el estudio de Ricardo Falla ¿Cómo que no hubo genocidio?[v] en el cual analiza la definición del mismo y sus características. De los cinco actos que definen el genocidio, Falla contempla dos, que mas claramente se dieron en Guatemala: “matanza de miembros del grupo” y “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destruccion fisica, total o parcial”. Del primer genocidio, que se dio en tiempos de Rios Montt contra los Ixiles, hemos pasado al segundo en el cual se priva a los Q´eqchi´ de sus medios de existencia. Centenares de familias han sido desplazadas, no tienen tierra para producir ni vivir, se niega su vida e identidad cultural-comunitaria; estas son condiciones físicas que acarrean su destrucción.La condena difícilmente[vi] lograda contra un genocida es una victoria histórica, pero no es suficiente. Porque ese genocida fue condenado cuando ya no era útil al sistema de explotación y dominio, pero la oligarquía a quien sirvió ese genocida, continúa cometiendo genocidio contra la población campesina indígena, siendo respaldada por la inversión internacional y encubierta por el sistema legal que favorece los acaparamientos de tierra en detrimento de la población nacional.

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