Cargando...La Xunta aprueba un impulso al plan de infraestructuras sanitarias de Galicia. A dos semanas de las elecciones «la perspectiva sanitaria en el sur de Galicia» ha cambiado drásticamente por una decisión del gobierno de Touriño. El presidente de la Xunta se otorga la medalla al cumplimiento de los compromisos de gobierno, muchos pensarán que más vale tarde que nunca, pero hacen falta corrientes huracanadas para ventilar el hedor a oportunismo con el que se aborda el cuidado de la salud ligado a las próximas elecciones. Que una asignatura pendiente de hace años se resuelva a escasos días de las elecciones no es legalmente reprobable, pero su uso electoralista busca inevitablemente dotar de «gancho social» a un gobierno que no sólo ha gestionado, en continuidad con los del PP, el camino hacia la crisis financiera sino que ha dado un giro «nacionalista» al rumbo de la comunidad autónoma.
Y, ciertamente, el anuncio de que en cuestión de meses la licitación y contratación de la construcción de los dos hositales, el de Vigo y Pontevedra, eran esperados como agua de Mayo. Lo que ha aprobado el último Consejo de la Xunta son las expropiaciones para la construcción de los nuevos hospitales. Su construcción se considera una de las principales necesidades en la zona, puesto que las infraestructuras sanitarias de Vigo y Pontevedra han mostrado, desde ya los tiempos en que gobernaba Fraga, una insuficiencia para atender las necesidades de la población. El hospital de Vigo, sin ir más lejos, costará 390 millones de euros, tendrá más de 1500 camas y se convertirá no sólo en el hospital más grande de la Comunidad Gallega sino en el mayor de toda España y de los que se están proyectando en la Unión Europea, según palabras del propio Touriño. Con la puesta en marcha de estos dos proyectos, el plan Director de Infraestructuras Sanitarias de Galicia queda a un 50% de ejecución, porcentaje que aumentará con la licitación de la ampliación del Complejo Hospitalario de La Coruña. 30 de los 244 millones destinados a la sanidad de La Coruña se aprobarán este mismo mes de febrero. La necesidad de un control sistemático de los compromisos electorales por parte de los votantes es un reto y una exigencia democrática que debemos de pasar a ejercer. Por desgracia, lo que hace Touriño es la norma. Será legalmente aceptable, pero es moralmente detestable y se podría cuantificar en horas de salud y de vida de los gallegos perdidas, a falta de una justificación comprensible de por qué no se ha hecho antes lo que ahora ha costado poco de hacer. Por ello debe cambiar tanto la legalidad como la ética. Por un lado, que los elegidos tengan que rendir cuentas, en los tribunales si hace falta, de las etapas en las que prometen mejorar la vida de los ciudadanos. Por otro, la ética de los propios partidos en comprometerse con sus electores a realizar periódicamente asambleas para poner en sus manos el seguimiento, tanto de apoyo como de exigencia, a los proyectos que en definitiva nos afectan a todos.