Cargando...La crisis está poniendo a prueba al Estado de bienestar. Es un desafío en el que están inmersos la práctica totalidad de los países europeos: la reducción de ingresos públicos dificulta el mantenimiento del gasto social, a lo que se une el envejecimiento de la población y el consecuente aumento de la factura de las pensiones. Ante una situación tan alarmante resulta imprescindible que los Gobiernos ideen fórmulas para elevar los ingresos y ahorrar gasto. El problema es que una parte importante de este último se destina a prestaciones sociales, un capítulo en el que España, uno de los países más castigados por la crisis, sigue por debajo de la media europea. A pesar de ello ya se ha recortado el gasto social en 15.000 millones de euros desde 2010, un esfuerzo que ha recaído sobre pilares esenciales como la educación y la sanidad, además de las pensiones, puesto que son los capítulos que más recursos absorben y donde el efecto sobre las cuentas públicas se produce con mayor rapidez.
En áreas tan sensibles —en las que hay que extremar la precaución— se requiere, como mínimo, la precisión del bisturí frente al tajo grueso. El Gobierno español, además de recortar y subir impuestos, no parece disponer de una estrategia integral para defender el modelo social que ha de gestionar. Subir las tasas universitarias, por ejemplo, es una vía (no segura) para elevar los ingresos, pero también para reducir la equidad, salvo que se mantenga o incluso se suba la dotación para becas. Intentar aumentar la recaudación a través de mayores copagos en sanidad está aún menos garantizado.
El problema con los recortes es mayor. Suelen acometerse estos sin análisis previos de gasto por capítulos de manera que, a la hora de ahorrar, se puedan tocar diferentes partidas sin poner en riesgo la eficiencia y la calidad del sistema. Hay muchas otras pegas: dejar en manos de empresas privadas la gestión de centros sanitarios ya existentes es una aventura arriesgada cuando no se garantizan los ahorros y cuando no existen análisis justificativos y de viabilidad.
Es cierto que los cambios más o menos dolorosos en el conjunto del modelo social no son suficientes para afirmar que aquel se esté desguazando. Pero es alarmante la incompetencia que denotan ciertas decisiones, como los planes, ya descartados, que ponían en riesgo el hospital de la Princesa en Madrid. Se echa de menos una gestión profesionalizada de los recursos y verdaderas reformas que defiendan la sostenibilidad del sistema. Agilizar la Administración, dotar de autonomía a los centros educativos o compartir infraestructuras hospitalarias son solo algunas medidas que suscitan mayor consenso. En su lugar, hay un exceso de recortes, a veces menores, que amenazan el corazón del sistema —como las clases de refuerzo—, una tendencia a privilegiar a ciertos sectores privados y un afán legislador, tanto en educación como en justicia, que promete pocas mejoras y mucho conflicto.