La Llei Aragonès tumbada en el Parlament

¡Gana el pueblo!

El «Projecte de llei de contractes de serveis a les persones», también llamada “Llei Aragonès” ha sido tumbada por todos los grupos de la oposición. Han votado en contra -aunque por distintas razones- los comunes, PSC y la CUP, y también Ciudadanos y PP.

Se trata la legislación estrella del vicepresidente del Govern de la Generalitat, el republicano Pere Aragonès, y ha sido el blanco de una intensa campaña en contra por parte de diversos colectivos en defensa de los servicios públicos, que señalan que «abre la puerta a una de las mayores externalizaciones de la mayoría de servicios educativos, sanitarios, sociales y otros». Su no aprobación es una victoria para las clases populares, en Catalunya y en el resto de España.

Con esta ley, el vicepresidente y titular de Economía, Pere Aragonés (ERC), pretendía aumentar los recortes en los sectores sanitario, educativo y de servicios sociales y, al mismo tiempo, beneficiar al sector privado, aumentando con ello la precarización y el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores del sector público, en perjuicio de la calidad del servicio ofrecido a los usuarios.

Al quedar frustrada su aprobación, la Plataforma ciudadana «Aturem la Llei Aragonés» ha obtenido una victoria para las clases populares de todo el país. 

Se trata de una red de más de 80 organizaciones en las que se integran sindicatos, partidos políticos y colectivos de las mareas blanca o verde, así como una pléyade de entidades locales de toda Cataluña. Son organizaciones muy diversas entre sí y con posicionamientos muy distintos en otros temas, como la independencia, pero unidos en su frontal oposición a esta ley.

“Aturem” denuncia que la «Llei Aragonés establece un marco jurídico idóneo para que sean las empresas privadas quienes gestionen y presten servicios públicos vinculados directamente a garantizar derechos fundamentales». La normativa pone una alfombra roja a la «externalización», es decir, a la subcontratación de empresas privadas, en muchas áreas básicas de los servicios públicos de la educación, la sanidad o los servicios sociales y comunitarios. Potenciando así la privatización paulatina de esos servicios, que pasarían a ser nuevos nichos de negocio para una burguesía burocrático-administrativa que lleva décadas adueñándose de los fondos públicos en Cataluña.

En concreto, la Ley Aragonés permitiría la externalización de servicios de educación como la enseñanza preescolar, la educación especial, las tutorías o los comedores escolares. ¿Qué les parecería que todos esos servicios estuvieran sometidos a criterios de «rentabilidad», y no a los derechos infantiles por encima de todo?

En servicios sociales, se privatizaría la gestión de las áreas de atención a la tercera edad, diversidad funcional, juventud e infantil. En sanidad, la ley plantea a la externalización de servicios como pediatría, ginecología, cirugía o contratación del personal médico. 

Así lo viene denunciando el sindicato Metges de Catalunya, mayoritario entre los médicos catalanes, se ha posicionado claramente en contra. “Abre la posibilidad de externalizar prácticamente todo (cirugía ambulatoria, urgencias, tratamientos de reproducción asistida, servicios de diálisis…), y supone trocear la sanidad y que pueda acabar en manos de la empresa privada”

La «Llei Aragonès» lleva meses negociándose en el Parlament. El Govern de Quim Torra ha intentado acercar posturas con los comunes y el PSC, ofreciendo cambios cosméticos en el proyecto inicial. Pero la protesta en las calles contra la «Llei Aragonès» ha crecido, se ha radicalizado y se ha extendido, arrastrando primero a EnComúPodem y luego al PSC a la negativa total a aprobarla. 

Es una victoria de toda la gente que se ha movilizado en contra de este ataque a los servicios públicos. 

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