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Bruselas recibe casi al mismo tiempo las propuestas presupuestarias de España y de Italia. Ambas contravienen las estrictas normas de control del déficit público dictadas desde hace años por el llamado «Pacto de Estabilidad». Mientras se espera una agria batalla de Bruselas contra el díscolo gobierno italiano, se espera que las autoridades comunitarias sean más blandas con el europeísta gobierno de Pedro Sánchez.
La propuesta de presupuestos que el gobierno de Pedro Sánchez ha enviado a Bruselas no gusta a la Comisión Europea. Moncloa ha rebajado una décima su previsión de crecimiento económico para 2018 y para 2019, hasta el 2,6% y 2,3%. Pero sobre todo incluye un objetivo de déficit del 1,8% del PIB, cinco décimas superior al 1,3% fijado por el Gobierno de Rajoy. El borrador español incluye un aumento de gasto de 6.000 millones de euros fruto de medidas sociales como el retorno de la revalorización de las pensiones con el IPC o la elevación de los salarios mínimos a 900 euros. A Bruselas, al igual que al FMI, no le gustan nada estas cuentas.
En otro momento, es muy posible que la intransigencia germana en Bruselas obligara a Madrid a rehacer sus presupuestos. Pero es posible que la delicada coyuntura política por la que pasa la UE haga que la Comisión Europea haga la vista gorda… por esta vez.
Porque el verdadero quebradero de cabeza ahora no está con España, sino con Italia. El gobierno italiano -donde cohabitan dos formaciones, el Movimiento Cinco Estrellas de Luigi di Maio y la ultraderechista Liga de Matteo Salvini- ha lanzado un desafío frontal al ejecutivo comunitario y a las estrictas reglas de la UE. Roma ha anunciado que disparará el déficit el próximo año hasta el 2,4%, tres veces más de lo anunciado por el anterior Ejecutivo. Además el gobierno italiano no realizará ningún ajuste, tal y como demanda Bruselas para reducir la abultadísima deuda superior al 132%. De hecho, de los más de 37.000 millones de euros de aumento de gasto, 22.000 millones pretenden financiarlos con un aumento de esa deuda.
Gran parte de ese gasto público se quiere dedicar a programas sociales que son una mezcla de las promesas electorales del M5E y de la Liga, como una renta ciudadana de 780 euros mensuales para seis millones de parados y personas sin recursos. O para adelantar la edad de jubilación a 62 años. O aplicar medidas para frenar el aumento del IVA. Además, pretende aprobar un impuesto único a ciudadanos y empresas de entre el 15 y el 20%; una especie de tarifa plana que supondría una reducción fiscal para los más ricos.
Bruselas, y las principales potencias europeas, con Alemania y Francia a la cabeza, tienen claro que pasar por alto este desafío de Italia pondría en cuestión todo el Pacto de Estabilidad. No están dispuestas a consentir esta rebelión, y se preparan para una guerra con el gobierno italiano que podría llevar meses.
En esta coyuntura, es muy probable que Bruselas pase por alto los comparativamente menores desajustes presupuestarios de Madrid. Al fin y al cabo, el gobierno de Sánchez -con ministros como Josep Borrell o Nadia Calviño, de perfil marcadamente europeísta- no plantean ningún desafío a las directrices y normas de la UE. La Comisión no puede permitirse dos frentes de batalla simultáneos con los dos grandes países del sur de Europa, y menos con un patio continental cada vez más revuelto: el Bréxit, la rebelión del «Cuarteto de Visegrado», el auge de fuerzas de extrema derecha anti-UE…
Así que lo más probable es que, a pesar de algún tirón de orejas -alguna “recoendación” en lenguaje comunitario- para cubrir el expediente, el gobierno de Madrid pueda colar a Bruselas unos presupuestos que hace unos años hubieran sido impensables. Un signo más de que la nueva situación europea es más favorable para que los gobiernos progresistas del sur de Europa -España, pero también Grecia o Portugal- puedan ir desembarazándose del corsét austericida que la UE alemana nos impone desde hace años.