Cargando...Los ataques mediáticos enderezados en días recientes contra los gobiernos de La Paz y de Buenos Aires tienen origen en el deconocimiento o en la omisión de una de las facultades básicas e irrenunciables de los estados: intevenir los intereses de entidades privadas cuando representen un obstáculo para el desarrollo y la soberanía nacionales. No es gratuito que medidas similares a las asumidas recientemente por los gobiernos de Morales y de Fernández hayan sido adoptadas en su momento por regímenes nacionales de distinto signo político y en circunstancias históricas diversas: baste citar, como botones de muestra, la política de intervencionismo estatal emprendida por el gobierno de Franklin D. Roosevelt en el contexto del programa de reactivación económica conocido como New Deal, tras el crac de 1929; la nacionalización de gran parte de la industria en Francia bajo la presidencia de Charles de Gaulle (1959-1969) y la política de expropiaciones llevada a cabo por los gobiernos laboristas ingleses a finales de la década de los 40.
En suma, las expropiaciones de empresas estratégicas del sector energético en Argentina y Bolivia no están motivadas por animadversiones o fobias personales hacia consorcios, ni mucho menos hacia países en particular, sino por la identificación de necesidades específicas para el desarrollo nacional de esas naciones sudamericanas. Y constituyen, en ese sentido, ejemplos de aplicación legal y legítima del principio de soberanía y decisiones responsables, en la medida en que anteponen el bien común a los intereses privados.