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Que nadie piense que el Pacto de Toledo va a pasar a denominarse Pacto de Bruselas. Pero las imposiciones que ya están plasmadas, con números y plazos, en el Plan de Recuperación enviado por el gobierno a Bruselas, cambian por completo lo acordado en Madrid, y suponen una gigantesca transfusión desde el sistema público de pensiones a los fondos privados.
Los compromisos adquiridos por el gobierno con la UE están tasados, y su magnitud supone un giro de 180 grados en el sistema de pensiones.
Se utiliza la cobertura de los planes de pensiones de empresa. Por su carácter automático, puesto que es la empresa la que directamente descuenta una parte de la nómina para dedicarla a engrosar el fondo. Y porque es socialmente más admisible que la imposición de los planes individuales.
Pero la naturaleza de lo que se ha firmado con la Comisión Europea está en los números.
Se pretende que en 2030 el 80% de los trabajadores ocupados tenga un plan de pensiones privado. En ocho años, se pasaría de los actuales dos millones a once. Nueve millones de planes privados de pensiones más.
Y se ha planificado que el negocio de las pensiones privadas dispare el capital que controla: del 3% del PIB español que supone en la actualidad al 9% en 2030, el 18% en 2040 y el 31% en 2050. Es decir, el compromiso es que el capital controlado por los fondos de pensiones pase de 33.650 millones a 347.726 millones. Son 314.000 millones que pasarían de nuestros bolsillos, o del sistema público de pensiones, al control de los grandes capitales financieros propietarios de los fondos privados.
La alerta se vuelve roja. Se ha negociado con Bruselas posponer la aplicación de la reforma de las pensiones -cuyo coste social será elevado- a 2022. Pero en el Plan de Recuperación enviado a Bruselas ya se contempla que “revalorizar las pensiones con la inflación supone un importantísimo impacto en términos de gasto”, y se proponen medidas para “hacer el sistema más sostenible”: acercar la edad de jubilación real a la legal -es decir, trabajar más años-; o la reforma del periodo de cómputo para calcular la pensión -lo que recortará su cuantía-.
Pero la principal amenaza es la que se dibuja en el ultra ambicioso y detallado plan -en sus magnitudes y en los plazos- para avanzar hacia una privatización o semiprivatización del sistema público de pensiones. Convirtiéndolo de un derecho fundamental en un negocio en manos del gran capital financiero.
Bajo la cobertura de los 140.000 millones de fondos europeos, se nos impone la mayor operación de privatización de las pensiones. Pretenden aprovechar las condiciones generadas por la pandemia para que el gran capital financiero -de la oligarquía, y sobre todo el capital extranjero- se haga con el control de las pensiones, un nicho de negocio que tenían infrautilizado en España.
Cada vez es más urgente blindar las pensiones en la Constitución, para que ningún gobierno, sea del signo que sea, pueda recortarlas o privatizarlas total o parcialmente.
Joan Llorenç Colomar Soler dice:
Veo el artículo como información; pero no veo que vaya al fondo de la cuestión. El asunto de la mochila austriaca, como los mismos fondos de pensiones, o incluso la misma privatización ¿no lo ves como dar el capital a manos financieras, que después lo utilizarán para lo que financieramente querrán? No sé; ¿Por qué no lo público?
Carlos dice:
No estoy muy de acuerdo con el artículo, ya que el programa histórico de la socialdemocracia es el Estado del Bienestar, más con el gobierno de progreso. No pueden privatizarlo de golpe, que es el proyecto de los yankees, vía Bruselas, ya que se echarían hasta los abueletes a la calle con la recortada. No te digo nada de las bases del PSOE o los círculos Podemos. Eso sí, es necesario que la Mesa Estatal Pro Referéndum de las Pensiones (donde, si no me equivoco, en una mesa estuvo Pedro Sánchez) siga trabajando. Suerte y al toro