¡Esto no es democracia!

El punto más débil de los impulsores del procés, su carácter antidemocrático, fruto de la necesidad de imponer la ruptura frente a una mayoría que la rechaza, ha quedado evidenciado.

Las palabras de Joan Coscubiela, portavoz de Catalunya Si Que Es Pot en el parlament -”¡Esto no es democracia!”- denunciando como el procés avanza recortando derechos y libertades – golpean en el centro de los proyectos de los Puigdemont y Mas.

Tal y como expresó Lluis Rabell, diputado de Catalunya Si Que Es Pot, estos días se ha vivido “el golpe más grave contra la democracia política en Cataluña en las últimas décadas”.«El golpe más grave contra la democracia política en Cataluña en las últimas décadas»

El rostro antidemocrático de quienes impulsan el procés de ruptura, y hasta donde están dispuestos a llegar, recortando derechos a ciudadanos, fuerzas de la oposición… se ha manifestado con toda claridad.

Para aprobar la ley de referéndum y la la ley fundacional de la república catalana, Junts pel Sí y la CUP han impuesto una “vía exprés”, alterando a última hora el orden del día de la sesión parlamentaria y negando derechos básicos a la oposición, que no podía presentar enmiendas a la totalidad, se le negaba poder recurrir al Consell de Garanties Estatutaries -órgano que creo el propio Artur Mas-, o se les concedía el ridículo plazo de dos horas para preparar las enmiendas parciales.

El 1-O se ha convocado prohibiendo el debate en el propio parlament y acallando a la oposición, con una legislación aprobada tan solo 24 días antes de su celebración, censurando en los medios públicos a quienes no comulgan con la independencia, los resultados serán controlados solo por los partidarios de una opción -los independentistas-…

Se han violado no ya la legislación española sino las garantías que ofrece el estatut y la legalidad catalana. Desautorizando a los órganos catalanes, como el letrado mayor del parlament o el Consell de Garanties Estatutaries, que se enfrentaban a los proyectos de Puigdemont.

Dictaminando que la independencia entrará en vigor en un plazo de 48 horas si gana el Sí el 1-O, en un referéndum donde no hay suelo de participación. Es decir, una cantidad que Síes que equivalga por ejemplo al 20% de los catalanes se impondría sobre el 80%.«El clima de presión e intimidación contra el discrepante, que busca quebrar la resistencia de la sociedad catalana, empieza a trasladarse a la calle»

La ley Fundacional de la República Catalana y de Transitoriedad no es que sea ilegal, es que sobre todo es antidemocrática.

Pulveriza no solo Constitución sino también el propio estatuto catalán. Y lo hace para imponer una nueva legalidad que ofrece muchas menos garantías y derechos democráticos.

En la “República Catalana” que anuncian pomposamente desaparecería la división de poderes, pilar fundamental de la democracia desde la revolución francesa. La justicia estaría sometida a un president omnipotente, que nombraría directamente al presidente del tribunal constitucional catalán, y determinaría la mayoría de sus miembros. Además, se establece que los decretos ley aprobados por el gobierno no estarían sometidos a control alguno por parte de ninguna instancia judicial.

Permitiendo crear una Síndicatura Electoral marginando a la oposición, cuestionando así la limpieza democrática de las elecciones.

El clima de presión e intimidación contra el discrepante, que busca quebrar la resistencia de la sociedad catalana, empieza a trasladarse a la calle. No son las juventudes de las CUP (con su campaña donde se pide “señalar” como enemigos públicos a quien no acepte la independencia) quien lo dirige, sino el propio Puigdemont, que ha llamado a presionar y abordar en la calle a los alcaldes que se niegen a facilitar la votación el 1-O. O Jordi Turull, portavoz del govern y también miembro de la ex Convergencia, señalando que “Ada Colau debe elegir entre la democracia y la guardia civil”.

No ha sido un exceso o un error de cálculo por parte de Puigdemont. Es que no pueden actuar de otra manera. Están obligados a actuar de forma antidemocrática porque necesitan imponer la independencia frente a una mayoría social que la rechaza.

El punto más débil de los proyectos de Puigdemont, su carácter antidemocrático, ha estallado, enfrentándoles a una sociedad catalana con profundas convicciones democráticas.

La aceleración del procés de ruptura ha puesto de manifiesto cuál es la correlación de fuerzas real en Cataluña. Puigdemont tiene todo el poder de la Generalitat, y va a seguir empuñándolo, pero en cinco años de procés no solo no ha podido unir fuerzas más allá del independentismo más radicalizado, sino que pierde apoyos sociales a cada vez mayor velocidad.

Ha emergido la cerrada resistencia de todos los grupos de la oposición en el parlament, desde el PP, el PSC y Ciudadanos hasta Catalunya Si Que Es Pot.

Representada en la intervención de Joan Coscubiela, sindicalista, luchador antifranquista, defensor del derecho a decidir y del referéndum, afirmando que “esto no es democracia”, preguntándose si “saltarse las leyes y los derechos de los diputados es la base del país que se pretende construir”, y concluyendo ““estoy aquí porque mis padres me enseñaron a luchar por mis derechos. No quiero que mi hijo Daniel viva en un país donde la mayoría pueda tapar los derechos de los que no piensan como ella”.

Les ha hecho daño que desde la izquierda se denuncie su carácter antidemocrático. Por eso la intervención de Coscubiela fue litaralmente censurada en Catalunya Radio y virulentamente atacada en TV3.

Es significativa la dura intervención de Lluis Rabell -que votó Si-Si el 9-N- rechazando el carácter antidemocrático del 1-O.«La abrumadora mayoría de las grandes capitales, donde se concentra el pueblo trabajador y el grueso de la población catalana, se han negado a participar en el 1-O»

La posición de los ayuntamientos, facilitando o no la votación el 1-O, ha sido un nuevo golpe a los planes de Puigdemont. De los 948 ayuntamientos, 693 han dicho sí al 1-O, pero apenas suman el 40% del censo y representan al grueso de la Cataluña rural. La abrumadora mayoría de las grandes capitales, donde se concentra el pueblo trabajador y el grueso de la población catalana, se han negado a participar en el 1-O.

Ha sido clave la negativa del ayuntamiento de Barcelona, encabezado por Ada Colau, a ceder sus locales para la votación. Sin la participación de la capital será imposible el grado de participación, cifrado en tres millones, necesario para legitimar el 1-O.

Catalunya En Comú, el partido de Ada Colau, celebrará entre el 12 y el 14 de septiembre la consulta a sus bases para decidir si participarán el 1-O. En la pregunta no se incluye la palabra referéndum, y destacados dirigentes como Xavier Domenech han declarado que no acudirán a la manifestación de la Diada -cabe recordar que sí lo hizo en los dos años anteriores- por “estar demasiado escorada hacia el sí a la independencia”.

El rechazo de la sociedad catalana al contenido y las formas antidemocráticas con que los Puigdemont pretenden imponer sus proyectos aumenta por horas.