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La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella que acusa de genocidio y crímenes contra la humanidad a siete altos cargos del ejército israelí -entre ellos el ex ministro de Defensa- por el asesinato, hace seis años, de 14 civiles palestinos en la Franja de Gaza. Es un paso adelante en la lucha contra la impunidad y frente al genocidio contra el pueblo palestino, que abre la puerta a que prosperen las querellas interpuestas recientemente contra Tel Aviv por su última y criminal ofensiva contra Gaza. El éxito será completo si a la evidentes responsabilidades de Israel, se une la inculpación de EEUU, auténtica «mano que mece la cuna» de la persistente razzia de Israel contra Palestina.
El 22 de julio de 2002, un F-16 israelí descargó una bomba teledirigida de una tonelada contra la vivienda de Salah Shehadeh, suuesto responsable del aparato militar de Hamás. Shehadeh vivía en el barrio de Al Daraj, uno de los más densamente poblados de la ciudad de Gaza. La bomba segó la vida de la mujer de Shehadeh y de su hija de diez años, así como de siete miembros de la familia que vivía en la casa contigua. Producto de este indiscriminado ataque israelí murieron 14 civiles, la mayoría de ellos niños y bebés. Esta es la práctica habitual del ejército israelí, justificada bajo la “guerra contra el terrorismo, llamada cínicamente “asesinatos selectivos” y que invariablemente asesina a decenas de civiles. Familiares de las víctimas y el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR) presentaron en junio pasado una querella en la Audiencia Nacional, que gracias a la Ley Orgánica del Poder Judicial está facultada para juzgar delitos de genocidio, terrorismo o crímenes contra la humanidad cometidos por españoles o extranjeros fuera de España. El juez Fernando Andreu ha admitido una querella que permite inculpar al ex ministro de Defensa de Israel, Benjamín Ben-Eliezer, actualmente titular de Infraestructuras, al jefe de la fuerza aérea, Dan Halutz; al general del mando sur del Ejército, Doron Almog; el asesor de seguridad Giora Eiland; al secretario militar del ministro, Michael Hertzog; al jefe de Estado Mayor, Moshe Ya’Alon, y a Abraham Dichter, director del Servicio General de Seguridad. El auto de la Audiencia Nacional recuerda que “el ataque contra la población civil ya de inicio es ilegítimo, pues el mismo tendría como objeto la comisión de una asesinato (…) el Estatuto de la Corte Penal Internaiconal establece que lanzar un ataque intencionadamente, a sabiendas de que causará pérdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil constituye un crimen de guerra”. Y en base a estos principios considera que los siete altos cargos del ejército israelí podrían ser autores de un “delito contra la humanidad”. El juez Andreu considera probado que Ben-Eliezar y el resto de imputados “habrían conocido previamente las consecuencias que tal acción [arrojar una bomba de gran potencia sobre la vivienda de Sehadeh, en un barrio densamente poblado] podría acarrear”. Y advierte de que la acusación podría ser todavía más grave “si en el curso de este procedimiento se prueba que [el ataque] responde a una estrategia preconcebida o predeterminada” Los ataques contra la población civil, inaugurados por los nazis en Guernika como arma de guerra, son utilizados por Israel como un arma, no para acabar con el terrorismo de Hamas, sino para imponer una auténtica limpieza étnica que quiebre la resistencia del pueblo palestino. La querella nos recuerda que los ataques y asesinatos contra civiles palestinos no sólo se producen durante las ofensivas bélicas abiertas –como la que hemos padecido en las últimas semanas-, sino que son un método criminal practicado sistemática y concienzudamente durante los últimos años por Tel Aviv. Y ha servido para que al gobierno de Zapatero se le caiga la careta. El presidente ya pasó un mal trago cuando una de las preguntas del debate televisivo le recordó la venta de armas a Israel. Y ahora, cuando en España se ha pasado de las palabras a los hechos contra el genocidio perpetrado por Tel Aviv, Moratinos ha llamado a la ministra israelí de exteriores para asegurarles que el gobierno español “tratará de que la investigación de la Audiencia Nacional tenga el menor impacto”. ¿De qué lado está Zapatero? No se pude condenar hipócritamente el crimen y cuando se va a perseguir al asesino garantizarle protección. Este es un paso adelante en la lucha contra la impunidad, que todos debemos apoyar. Pero convendría recordar que, igual que Pinochet tuvo detrás a Kissinger como “autor intelectual” del golpe y la represión posterior, detrás de los crímenes israelís volvemos a encontrarnos con Washington, actuando indirectamente a través de su gendarme regional. Por eso, las querellas contra los verdugos israelíes deben ampliarse a los responsables últimos, alojados en los despachos de Washington.