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La aparición inesperada de un grupo hospitalario puertorriqueño en la concesión de 3 de los 6 hospitales cuya gestión se privatiza en Madrid es la expresión concentrada de la entrega del patrimonio español a grupos anglo-norteamericanos que buscan enjuagar las pérdidas de su crisis.
Madrid en el mayor paquete privatizador de la gestión de hospitales acometido nunca en España. Son seis hospitales, 10 años de concesión, y 4.700 millones de euros en juego.Pero las abejas han acudido de forma sospechosamente ordenada al panal de tan rica miel. Hay justo un pretendiente por cada lote ofertado. La valenciana Ribera Salud (junto a El Corte Inglés y la constructora OHL) opta a dos hospitales (el máximo permitido), los de Vallecas y Arganda. Sanitas ha pujado por el de Coslada y la norteamericana HIMA San Pablo Inc concursa por los de San Sebastián de los Reyes, Parla y Aranjuez) estos dos últimos licitados en un solo pack.
Con su puja por un hospital, Sanitas, propiedad del grupo BUPA (British United Provident Association, aseguradora líder en sanidad privada del Reino Unido) se ha destacado como el principal rival del grupo Capio por la “tarta” sanitaria pública.
Este último, la multinacional Capio, propiedad del fondo norteamericano CVC Capital Partners, finalmente no pujó por ningún hospital. Era la principal candidata a las concesiones (actualmente gestiona tres grandes hospitales y un laboratorio central de la Comunidad) pero lo magnífica respuesta ciudadana de la Marea Blanca les ha puesto contra las cuerdas de la opinión pública y han tenido que cambiar de nombre, a IDC Ibérica, y posiblemente de estrategia. Nadie descarta un segundo asalto (ya lo intentó hace un año) sobre el grupo valenciano Ribera Salud.
«Hima San Pablo Inc pretende usar la sanidad pública madrileña para su negocio de turismo sanitario»
HIMA San Pablo Inc, la empresa puertorriqueña (EEUU), por su parte, ha admitido que la entrada en la sanidad madrileña como puerta de entrada en el mercado sanitario europeo y para fomentar el turismo sanitario “de Marruecos o de otros puntos de Europa”, tal como hacen en Puerto Rico con los pacientes de otros estados norteamericanos. La Marea Blanca le ha advertido que no le va a salir bien.
Cuidado, se está cociendo una transformación estructural. La sanidad pasará a ser, como ya ocurre con otros muchos sectores, la subsidiaria de grandes grupos aseguradores, de inversión y de negocio sanitario anglo-norteamericanos para enjuagar sus enormes deudas.
Puerto Rico, zona ceroEn efecto, la novedosa e inesperada entrada del grupo HIMA San Pablo Inc obedece a intereses y necesidades del gran capital norteamericano. Busca paliar los efectos de los recortes que Obama aplica en Medicare.Medicare es un programa de cobertura de seguridad social administrado por el gobierno de Estados Unidos, el cual provee atención médica a personas mayores de 65 años.
En 2008, Medicare proporcionaba cobertura de salud a 45 millones de estadounidenses, haciendo de éste el mayor sistema de salud con pagador único en el país. Las inscripciones se espera que lleguen a 78 millones en 2030, cuando la generación del baby boom esté en condiciones de jubilarse.
Medicare contrata empresas intermediarias de seguros para diseñar y administrar sus programas. El número de estas empresas se disparó a partir de 2003 cuando aparecieron los planes Medicare Advantage (MA, gestionados por asegurradoras privadas) y desde 2006 cuando se incorporó a estos la cobertura de medicamentos.
En Puerto Rico más de medio millón de personas están apuntados a los programas MA. Entorno a la renovación de los asegurados se desata una feroz competencia entre las compañías por agenciarse la mayor cantidad de pacientes, especialmente los pacientes más rentables. Competencia que va contra la salud de los asegurados porque luego tratarán de reducir al máximo los gastos.
Por cada asegurado las compañías Medicare Advantage reciben una cuota federal mensual de acuerdo al riesgo asumido, o sea a las condiciones médicas actual y potenciales del asegurado. Eso es el Factor de Riesgo Ajustado (RAF). En el caso de la principal empresa de seguros que opera en Puerto Rico, Aveta Inc, su RAF es el más alto de todo Estados Unidos. Una investigación federal destapó que Aveta Inc se queda a los enfermos más complicados (RAF alto, más dinero federal) haciendo que sus proveedores médicos alteraran diagnósticos y “regalaran” a los proveedores competidores los enfermos con RAF bajo.
Es más. En la auditoría federal de 2012 sobre tres de estas empresas aseguradoras que trabajan en Puerto Rico (una de ellas Aveta Inc), se les aplicaron multas millonarias por «inapropiadamente rechazar las reclamaciones de sus beneficiarios… mediante atrasarle o negarle acceso a medicamentos vitales y, en ocasiones, necesarios para mantenerlos vivos», hacer que “los beneficiarios experimenten atrasos o denegaciones de medicamentos o tratamientos que están cubiertos, y en un incremento en los gastos que los beneficiarios tienen que cubrir de su bolsillo» y, en el caso de Mapfre, directamente se le suspendió de inmediato porque «su conducta representa una amenaza seria a la salud y seguridad de los beneficiarios de Medicare».
Actualmente, la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud federal está investigando a Inveta Inc por limitar las admisiones en hospitales e incentivar a médicos por escatimar servicios y hospitalizaciones.En su competencia por ver qué parte escatiman en gastos (aseguradoras) o ganan en tarifas a las aseguradoras (grupos médicos como HIMA San Pablo) se producen rifi rafes. Recientemente HIMA ha suspendido el contrato con Aveta Inc.
¿Qué es lo que está alimentando estos dos focos de competencia monopolista? «los recortes de Obama en los programas sanitarios están poniendo en serios aprietos los beneficios de estas empresas».
El hecho es que Puerto Rico sufre de forma muy acusada los recortes. Mientras en 2013 se recortarán los fondos de Medicare Advantage (MA) un 7,5%, en los 50 estados de la Unión van a recortar un 1,7%. Segú la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) el gasto de los programas Medicare se van a recortar en 716,000 millones de dólares entre 2013 y 2022. De los casi 4 millones de habitantes, hay unos 510,000 beneficiarios del programa MA en Puerto Rico, un 73% del total de los beneficiarios de Medicare, una proporción tres veces mayor que la del resto de EEUU.
Recortes significa que los enfermos dependientes de estos programas verán reducido el pago de los servicios prestados por el hospital, y el personal sanitario verá recortado su sueldo. Al ser la sanidad de la isla dependiente de estos programas médicos públicos, los recortes están empujando a una situación crítica a una parte de los negocios que tienen que buscar en el turismo sanitario y la inversión en nuevos nichos de negocio.
El PP les ha brindado la oportunidad de cubrir los dos flancos poniéndoles el caramelo de los hospitales madrileños en la boca. Dicho y hecho. HIMA consiguió, en febrero de este año, un crédito sindicado de 262 millones de dólares por parte del Credit Suisse y el Bank of Nova Scotia. En junio ha solicitado licencia para gestionar 3 de los hospitales madrileños puestos a concurso.
El Puerto Rico europeoCasualidad o no, HIMA entra en España cuando ésta opta a convertirse en el Puerto Rico particular de la UE y EEUU. El turismo médico mueve alrededor de 75.000 millones de dólares anuales en todo el mundo. En España es considerado un “nicho de futuro”, dado su papel de Florida Europea y el reconocimiento del que goza nuestro sistema sanitario combinado con unos precios por debajo de la media europea.
El gasto medio de un turista de salud multiplica el de un turista convencional y sus estancias son generalmente más largas. El turismo sanitario mueve a más de nueve millones de europeos al año y ya hay previsiones de que se incrementarán hasta 2020, en un 90%, los viajes por salud y bienestar.
La agencia estadounidense Medical Tourism Corporation, especializada en organizar vacaciones sanitarias, ya vende entre sus clientes las virtudes de nuestro país. «El ahorro para los turistas es de entre el 30% y el 70%” del precio del tratamiento en sus países «en áreas como la cirugía ortopédica y traumatológica, oncología o cirugía cardíaca, en las que la llegada de pacientes extranjeros es ahora mismo testimonial. O sea, que mientras se recortan las prestaciones a la población española, mientras las listas de espera van en aumento, mientras se entrega el sistema sanitario público español como un rescate a los fondos de inversión y multinacionales sanitarias para enjuagar su crisis, encima vamos a ser su “gran balneario”.
No en vano, el que fuera consejero de sanidad de Esperanza Aguirre, Manuel Lamela, creó en 2011, cuando salió del gobierno regional, la sociedad mercantil Madrid Centro Medico. Un intento de aglutinar a todos los centros sanitarios privados de la Comunidad para potenciar el turismo sanitario en áreas como fertilidad, cardiología, oncología, oftalmología y estética.
Cambio estructuralLa sanidad pública española no está sufriendo tan sólo un cambio en el modelo de gestión. Tal como denuncia la asociación de facultativos especialistas de Madrid (AFEM), partiendo de un informe elaborado por el bufete López Rodó & Cruz Ferrer, el contrato con las empresas concesionarias privatiza no la gestión sanitaria sino la propia Seguridad Social.
En otras palabras, el traspaso de la gestión encierra un nuevo contrato de seguro sanitario con dichas empresas que cubre una población de 1.150.000 habitantes. Un auténtico mercado cautivo (la “población protegida” no podrá cambiar su hospital de referencia) cuya atención no podrá superar el dinero pagado por la administración al mes. En otras palabras, la administración autonómica juega el papel de aseguradora y las concesionarias de los proveedores de servicios en el modelo de EEUU-Medicare que hemos visto antes.
El objetivo, por tanto, no es garantizar la salud de la población, sino adecuar la sanidad a los menguantes presupuestos sanitarios y los intereses y necesidades monopolistas. «El nuevo contrato de seguro que vulnera la cobertura que garantiza la Seguridad Social».
Pero el informe ilustra de forma especial la descapitalización de los hospitales públicos a través de la llamada facturación intercentros. Resulta que la Comunidad de Madrid adelantará mensualmente a las concesionarias el pago de las primas por el coste total del servicio, incluidos unos 280 millones de euros anuales por la facturación intercentros.
O sea para pagar a hospitales públicos por servicios que prestarán a los pacientes adscritos a las concesionarias. Bien, pues la Comunidad le paga a las concesionarias por el coste de un servicio que no van a prestar y, según AFEM, «la cuestión clave es que los grandes hospitales públicos no disponen de unos servicios informáticos que les permitan identificar a cada paciente que ingresa procedente de un hospital de gestión privada y por tanto facturarles todos y cada uno de los servicios que le presten.» De esta forma, el dinero adelantado por la administración se lo quedará la empresa. Con este informe Afem ha presentado un recurso contencioso-administrativo para tumbar el pliego de condiciones de la Consejería de Sanidad.