Cargando...La decisión del Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo para que fueran los clientes quienes pagaran el impuesto de las hipotecas, ha colocado al Tribunal Supremo en el blanco de todas las críticas. Lo que se ha puesto de manifiesto estos días es “quién manda de verdad en España” y el dominio de la gran banca, auténtico corazón de la oligarquía, sobre un Estado.
Un Tribunal Supremo dividido decidía, por 15 votos a 13, modificar la sentencia conocida el 18 de octubre de los seis magistrados de Sección de Tributos del Supremo que habían sentenciado que era la banca quien tenía que pagar los gastos de la hipoteca porque era la parte interesada e elevar a escritura pública la hipoteca para poder reclamar y ejecutar el préstamo en caso de impago.
Y ha sido una vez más la banca, los auténticos instigadores del golpe judicial, quienes se ocultan en medio de la tormenta.
Desde el mismo momento en que se conoció la sentencia de la Sala de Tributos, fueron los bancos quienes recurrieron al presidente de la Sala, Díez-Picazo, para imponer la suspensión de la sentencia y someter al Pleno la decisión final, no por criterios jurídicos sino por “la enorme repercusión económica y social”… en los beneficios de la banca. Sobre todo para evitar la retroactividad y tener que devolver los aproximadamente 24.000 millones cobrados indebidamente en los últimos 23 años a 1,5 millones de hipotecados.
Fueron ellos quienes a continuación desencadenaron una ofensiva pública y también soterrada para forzar la justicia. Desde la intervención del Presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, presionando durante 16 horas de reunión a los jueces del Supremo favorables a la sentencia que condenaba a pagar a la banca, a las declaraciones públicas de la consejera delegada de Bankinter, perteneciente al Grupo Santander, afirmando que “en algún momento alguien nos tiene que ayudar y proteger a los bancos”; y del presidente del Banco Sabadell: “espero que la sentencia, que fue afortunadamente suspendida con inmediatez, sea reconsiderada”.
Como decía en un artículo publicado en deverdaddigital.com: “Todos compartimos la indignación por la decisión del Tribunal Supremo, pero habría que manifestarse ante las sedes de los bancos, los auténticos responsables de este atraco”.
El problema no está en una justicia “reaccionaria y polítizada” mientras los auténticos responsables siguen quedando a resguardo. Porque lo que se ha puesto de manifiesto estos días es “quién manda de verdad en España” y el dominio de la gran banca, auténtico corazón de la oligarquía, sobre un Estado que es de su propiedad y su capacidad para mover todos los resortes del mismo e imponer sus intereses a toda la sociedad.
El gobierno de Pedro Sánchez ha reaccionado corrigiendo la decisión del Tribunal Supremo y ha aprobado un decreto ley que obliga a los bancos a pagar el impuesto de las hipotecas, en línea con la sentencia de los seis magistrados de la Sala de Tributos del Contencioso-administrativo.
No es la primera vez que la creciente influencia del movimiento popular obliga a la banca a tener que responder por sus cláusulas abusivas, como las sentencias por las cláusulas suelo o los gastos hipotecarios. Y en ese marco hay que situar el golpe en la mesa que ha dado el gobierno con ese decreto ley.
Según una encuesta del diario El País realizada en las últimas semanas, el 92% de los españoles considera que la responsabilidad de la crisis fue “en mucha o en bastante medida” de los bancos. Un porcentaje muy superior al que se refleja en encuestas similares en otros países europeos. Además más del 90% reclama que se “aplique más regulación a la banca”. Y casi el 60% creen que “las entidades financieras se preocupan ahora menos por el interés general”.
Entre los responsables los españoles sitúan también a la troika, por “las políticas de austeridad impuestas por la Comisión Europea, el BCE y el FMI”, el Banco de España y las grandes empresas.
La encuesta no solo es una muestra del avance de ese viento popular que recorre el país, sino que para la inmensa mayoría de los españoles la banca, el FMI y Bruselas son los auténticos “enemigos del pueblo”.
Intentarán utilizar todos los mecanismos legales y “alegales” del Estado para que el avance popular no afecte a sus beneficios y habremos de estar muy atentos porque: ¡es de justicia que pague la banca!