Cargando...
Según la Constitución, el Gobierno tiene la obligación de garantizar que todos los españoles tengan los mismos derechos y deberes en todas las partes del territorio nacional, pero no parece posible cumplir esta regla elemental por mucho que se establezca un Fondo de Suficiencia para financiar servicios públicos básicos o que el Ejecutivo mantenga -por ahora- al menos el 51 por ciento de los recursos financieros
Editorial. ABC SUDOKU IMPOSIBLE LO de menos son los lazos que pone y quita Rodríguez Zapatero, las «giras» de Manuel Chaves en las horas más bajas de su larga carrera política o las permanentes rondas de contactos a cargo de Elena Salgado. En rigor, el problema de la financiación autonómica obedece a la falta de modelo territorial por parte de un Gobierno oportunista que negocia día a día para salir del paso a costa de los principios básicos de unidad, autonomía y solidaridad que vertebran el sistema autonómico de acuerdo con la Constitución. A estas alturas, ni siquiera los más ingenuos hacen caso a las promesas del presidente ni a las buenas palabras del vicepresidente de Política Territorial, cuya capacidad de decisión en esta materia es muy reducida puesto que se limita a ejercer como telonero de su colega de Economía y Hacienda. Como siempre, llegan las prisas de última hora para llevar una propuesta aceptable al Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para el 15 de julio. El Estado está dispuesto a poner sobre la mesa 9.000 millones de euros adicionales para contentar a casi todos, pero las cuentas no terminan de cuadrar y así no sale el sudoku por mucha voluntad de negociar que pongan unos y otros. Estas maniobras partidistas pretenden alcanzar varios objetivos incompatibles entre sí. Por una parte, hay que resolver el caso de Cataluña, no sólo para evitar la previsible rebelión del PSC, sino también para buscar acuerdos en el Congreso con otras fuerzas políticas que permitan salvar la cara a un Ejecutivo sin apoyos parlamentarios. Al mismo tiempo hay que atraer a Madrid y a la Comunidad Valenciana con una oferta suficiente para desactivar la posible oposición del PP, cuyo rechazo haría inviable cualquier solución. También hay que contar con Extremadura, Castilla-La Macha o Andalucía, feudos tradicionales del voto socialista, que no están dispuestos a salir perdiendo. Así las cosas, Rodríguez Zapatero se hace fotos con sus visitantes en La Moncloa y, a continuación, encarga a sus subordinados una tarea imposible ya que tienen que conjugar al mismo tiempo criterios de población, nivel de vida, inmigración, escolaridad o incluso segundas lenguas cooficiales. El origen de esta batalla sin sentido de todos contra todos está en el Estatuto catalán, impulsado directamente por el presidente del Gobierno. Mientras el TC sigue eternizándose ante una sentencia trascendental, la norma estatutaria produce ya sus efectos prácticos y, en este caso, abre un proceso general de reivindicaciones particularistas que ponen en cuestión la solidaridad territorial e incluso el sistema de bienestar. Según la Constitución, el Gobierno tiene la obligación de garantizar que todos los españoles tengan los mismos derechos y deberes en todas las partes del territorio nacional, pero no parece posible cumplir esta regla elemental por mucho que se establezca un Fondo de Suficiencia para financiar servicios públicos básicos o que el Ejecutivo mantenga -por ahora- al menos el 51 por ciento de los recursos financieros. La sabiduría popular dice, con razón, que: «Una cosa es predicar y otra dar trigo». A Rodríguez Zapatero le ha llegado la hora de hacer frente a sus promesas y es fácil suponer que no puede quedar bien con todos a la vez. ABC. 30-6-2009 Editorial. El País FINAL DE ÉPOCA Un juez federal impuso ayer al financiero Bernard Madoff la máxima sentencia solicitada por el fiscal: 150 años de cárcel, que garantizan su estancia entre rejas a perpetuidad. Esta resolución judicial marca un hito. Rubrica el fin de la época de la desregulación financiera neo-conservadora, causante de una inmensa burbuja financiera, y se erige en baremo ejemplificador para el mundo de las finanzas. No sólo porque responde con contundencia a la evaporación de la escalofriante cifra (mínima) de 50.000 millones de dólares (la segunda mayor estafa mundial, tras la de Enron), sino porque se dicta contra una persona que fue el presidente de la Bolsa de valores tecnológicos (el Nasdaq), un gurú prestigioso e incontestado de Wall Street, el hombre en el que confiaron entidades de prestigio y personajes de relumbre. La sentencia considera probado que Madoff realizó una estafa piramidal, un tipo de fraude de lo más primitivo, que consiste en pagar los intereses de los inversores iniciales con el capital aportado por los llegados en el último minuto. Para describir la zafiedad del procedimiento baste recordar algunas de las miniestafas postales más obtusas descubiertas en los últimos tiempos, o las que arruinaron a un país como Albania en los años noventa. El exquisito Madoff usaba como arma de mercadotecnia un gancho secretista, selectivo y glamuroso (la dificultad de acceso a su propio circuito); garantizaba rentabilidades mínimas sostenidas en el entorno del 12% (un anzuelo de por sí sospechoso, pero que logró engatusar a más de 1.300 clientes de alto nivel, entre ellos prestigiosos bancos europeos y alguno español) y al fin, no los invertía en nada, o casi. Constituye un misterio de novela psicológica la pregunta de si pensaba que este sistema podría resultar eterno. Bastó que el revés de la crisis incitase a algunos de sus selectos clientes a intentar recuperar su capital para que se descubriese la monumental chapuza. El responsable penal de un delito es siempre una persona individual, nunca un contexto ni una circunstancia. Pero es cierto que determinados contextos favorecen las prácticas delictivas. De forma que las responsabilidades jurídicas y penales del financiero derrumbado, que confesó su crimen desde casi el inicio de ser descubierto, no se agotan en su caso judicial: se extienden a responsabilidades políticas y morales de cuantos abonaron el capitalismo de casino, sin ley ni límite regulador, de la era iniciada bajo los mandatos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, y felizmente concluida con George W. Bush. Bajo los auspicios del G-20 de la era Obama, todas las compañías financieras, todos los países y todos los activos requerirán de una supervisión adecuada. Si este objetivo acaba cumpliéndose, quizá el escándalo Madoff haya servido finalmente para algo, aparte de arruinar a unas centenas de ricos incautos. De lo contrario, será sólo un nuevo y lamentable precedente. EL PAÍS. 30-6-2009 Editorial. El Periódico LA RECTA FINAL DE LA FINANCIACIÓN Con la entrevista de ayer en Sevilla entre el vicepresidente Manuel Chaves y su sucesor en la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, se entró en la recta final de las negociaciones sobre la financiación autonómica. Si el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no incumple de nuevo su palabra, antes del 15 de julio debería haber un nuevo sistema. En estos días de negociaciones finales, volveremos a escuchar a cada representante autonómico exigir el criterio que más le conviene –Andalucía insistió ayer en la población y, dentro de ella, en la población escolar como determinante– y a desviar la atención con advertencias amenazantes sobre lo que pretenda otorgarse a Catalunya. Pero las cosas están claras. Catalunya no puede aceptar una financiación por debajo de la media, que signifique que pierde puestos en el ránking a causa de su esfuerzo solidario y que se traduzca, como ocurre ahora, en que la Generalitat disponga de 2.235 euros por habitante para prestar los mismos servicios cuando comunidades como Extremadura tienen 3.000 a su disposición. Chaves aceptó la semana pasada en el Congreso que diferencias de más de 900 euros per cápita son insostenibles. Esperemos que el dato no quede en el olvido. Catalunya se juega su futuro y, como defendía el manifiesto publicado ayer por EL PERIÓDICO, ante el resultado de esta negociación no puede adoptarse una actitud resignada, sino una respuesta firme y responsable en caso de que el acuerdo no cumpla las expectativas. Y si las cumple, lo que toca es asumir y defender el resultado con autoestima y sin dobleces. Los firmantes, personalidades de distintas ideologías, desde el nacionalismo moderado hasta las representadas en el tripartito, apelaban a una acción conjunta de las fuerzas catalanas en Madrid y en Catalunya. Un llamamiento a la unidad al que invitaban a la principal fuerza de la oposición, CiU, que, por ahora, está lejos de sumarse al consenso. La estrategia de CiU durante la negociación ha sido la de descalificar un posible acuerdo por adelantado, considerando despreciable lo que se vaya a conseguir o fijando un techo inalcanzable. Esta actitud es tanto más sorprendente cuanto el sistema actual de financiación, el que causa esas escandalosas diferencias per cápita, fue pactado por CiU con el Gobierno del PP en el 2001. EL PERIÓDICO. 30-6-2009