Cargando...«El ratio de deuda/PIB de España es sólo la mitad que el de Grecia, y podría evitar nuevas rebajas de calificación de su deuda si el Gobierno sale de su letargo. Pero mientras el presidente José Luis Rodríguez Zapatero insista en que lo peor ha pasado, es más probable la inactividad que la acción»
Los días de determinación en materia de olítica fiscal nacional ya pasaron a mejor vida en Europa. El presidente de la Unión Europea, Herman Van Rompuy, ha pedido la creación de un "gobierno económico" dirigido desde Bruselas, mientras que el presidente de la Comisión Europea, Jose Durao Barroso, reivindica que el Tratado de Lisboa le da competencia para la "gestión económica". La soberanía nacional encaja otro golpe, cortesía de la crisis griega y la siempre dispuesta eurocracia. (THE WALL STREET JOURNAL) THE NEW YORK TIMES. Los inversores y los analistas dicen que la falta de progresos en la lucha contra el problema bancario subraya las deficiencias del gobierno español para hacer frente a su problema más importante: la reducción de unos déficits fiscales derivados de un elevado desempleo y una persistente recesión. España corre el riesgo de caer en la misma trampa que Grecia, dicen estos inversionistas, a menos que tome medidas más enérgicas. Podría verse incapaz de pedir dinero prestado en los mercados privados a tasas de interés aceptables, pese a que la de su deuda pública, como proporción de la economía en general, es sólo la mitad de la de Grecia. EEUU. The Wall Street Journal El recate de Grecia cambiará para siempre la eurozona Irwin Stelzer El curso futuro de los acontecimientos en la eurozona está ahora más o menos claro. Los colegas europeos de Grecia y el Fondo Monetario Internacional acudirán en ayuda del país con algo más de 110.000 millones de euros (US$132.000 millones), pero parece cada vez más probable que habrá alguna reestructuración, y que los acreedores posiblemente condonarán un 30%. El Gobierno alemán está tan asustado de que se produzca un colapso de toda la eurozona –y de la posibilidad de grandes pérdidas para sus bancos que han prestado dinero generosamente a Grecia– que está dispuesto a ignorar a sus votantes, de los cuales el 57% se opone al rescate frente al 33% (el 10% no sabe/no contesta). En el futuro, dice Angela Merkel, aquellos que no tienen escrúpulos deberían ser sancionados. Las palabras "peligro moral" aparentemente no se mencionaron. Es difícil decir lo efectivo que será el paquete de rescate de Grecia a la hora de contener el contagio a otros países de la eurozona. Hay demasiados condicionantes. El ratio de deuda/PIB de España es sólo la mitad que el de Grecia, y podría evitar nuevas rebajas de calificación de su deuda si el Gobierno sale de su letargo. Pero mientras el presidente José Luis Rodríguez Zapatero insista en que lo peor ha pasado, es más probable la inactividad que la acción. Italia acudió a los mercados de bonos en busca de 6.500 millones de euros la semana pasada y se encontró con unos inversionistas relativamente dispuestos a comprar sus bonos a tasas inferiores a las de su deuda. Si es capaz de respetar los recortes de gastos diseñados por el ministro de Finanzas Giulio Tremonti y reducir su déficit del 5,2% del PIB (el de Grecia es del 13,6%), Italia podría sortear una rebaja. Portugal ha endurecido y ha acelerado sus medidas de austeridad, y podría evitar una nueva rebaja si las lleva a cabo. El programa de estabilización económica de Irlanda y la recapitalización de sus bancos se cree que están funcionando, y si los irlandeses siguen en sus sofás y en sus pubs en vez de salir a la calle, los números rojos podrían disminuir antes de que el nivel de deuda del país sea incontrolable. Y si los votantes británicos dan el poder a un gobierno partidario de reducir el déficit el jueves, el país podría no perder su calificación de triple A. Incluso si se dieran todas estas condiciones, el mundo no volvería a parecerse a cómo era antes de la crisis. Los días de determinación en materia de política fiscal nacional ya pasaron a mejor vida en Europa. El presidente de la Unión Europea, Herman Van Rompuy, ha pedido la creación de un "gobierno económico" dirigido desde Bruselas, mientras que el presidente de la Comisión Europea, Jose Durao Barroso, reivindica que el Tratado de Lisboa le da competencia para la "gestión económica". La soberanía nacional encaja otro golpe, cortesía de la crisis griega y la siempre dispuesta eurocracia. También cambió la medida por la que se juzgará a la deuda soberana. Las agencias de calificación están siendo presionadas para ser menos generosas con la deuda, y no sólo con la emitida por los países de la eurozona. En Estados Unidos, estas agencias otorgaron su preciada calificación triple A a los títulos a los que Goldman Sachs se acusa de vender de forma ilegal o poco ética. En Europa, se acusa a las agencias de tardar mucho tiempo a la hora de reconsiderar sus calificaciones de bonos de los países de la periferia de la eurozona, y de ignorar el efecto en economías más sólidas por su vinculación a las más maltrechas. Las agencias de calificación ahora saben que el rescate de Grecia significa que los países del área del euro son en efecto los protectores de sus hermanos, lo que en la práctica significa que la deuda de cada país está en las cuentas del resto de países. Alemania y Francia ya no pueden argumentar que el hecho relevante es que sus propias finanzas son sólidas, ahora que están asumiendo la responsabilidad de las deudas de Grecia y otros países, y tendrán que rescatar sus propios bancos si los créditos realizados a Grecia, Portugal y España y quizá otros no se devuelven en su totalidad. Los votantes británicos, con su país maltrecho por el excesivo gasto del Gobierno, podría suavizar su áspera consideración de Gordon Brown al recordar que como ministro de Economía evitó que Tony Blair y Peter Mandelson abocaran el destino de la libra esterlina al del marco alemán adoptando el euro. Las agencias de calificación además tendrán que tener en cuenta la condición de las instituciones del sector privado o agencias gubernamentales que podrían mirar al gobierno si surgen problemas. Un banco en dificultades que pueda acudir al gobierno debería tener reflejados sus problemas en las cuentas de ese gobierno. Con este nuevo enfoque de la valoración de la solvencia, los inversionistas tienen un mayor conocimiento de los riesgos reales, y con mayor conocimiento vendrá la demanda de unos tasas de interés más altas. THE WALL STREET JOURNAL. 4-5-2010 EEUU. The New York Times La reforma financiera en España se mueve lentamente Un proyecto de fusión entre dos pequeñas cajas de ahorros de Galicia, en el noroeste de España, se ha estancado, lo que demuestra la renuencia del gobierno español a tener una mano más firme frente a sus problemas financieros. Cuanto más se retrasa la consolidación entre los bancos, que cargan con pérdidas en sus préstamos a la industria de la construcción, más costoso puede ser hacerlo. Es más, los bancos regionales no sólo se deterioran en Galicia, sino en todo el país. Los inversores y los analistas dicen que la falta de progresos en la lucha contra el problema bancario subraya las deficiencias del gobierno español para hacer frente a su problema más importante: la reducción de unos déficits fiscales derivados de un elevado desempleo y una persistente recesión. España corre el riesgo de caer en la misma trampa que Grecia, dicen estos inversionistas, a menos que tome medidas más enérgicas. Podría verse incapaz de pedir dinero prestado en los mercados privados a tasas de interés aceptables, pese a que la de su deuda pública, como proporción de la economía en general, es sólo la mitad de la de Grecia. "Cualquier vacilación podría llevar a una situación mucho más crítica", dice Xavier Vives, un profesor de economía y finanzas en la escuela de negocios IESE de la Universidad de Navarra. "Hace un año, el gobierno no quería ni pensar en las reformas. Ahora, bajo la presión de los mercados financieros, al menos está hablando de reformas. Pero el gobierno necesita realmente que salga adelante." Hasta ahora, el gobierno central ha retrasado un ajuste fiscal significativo. Teme que al hacerlo pueda ocasionar un perjuicio político, especialmente en las regiones donde las elecciones son muy pronto, al tiempo que cierra el camino a una recuperación tan esperada. José Luis Rodríguez Zapatero, el primer ministro de centro-izquierda, presentó un plan de austeridad de este año basado sobre todo en medidas que no funcionarán hasta el próximo año como muy pronto. Las medidas incluyen recortes de gastos que asciende a un modesto 2,5 por ciento del Producto Interior Bruto. Pero el señor Zapatero puede que ya no sea capaz de esperar. Del mismo modo que ha sido incapaz de obligar a las cajas de ahorro, Caixanova y Caixa Galicia, para que se consoliden antes de que la situación se deteriorara aún más, España se encuentra cada vez más vulnerable a fuerzas que escapan de su control. El proyecto de fusión de Caixanova y Caixa Galicia –bancos conocidos aquí como cajas e importantes para los políticos locales– se encuentra atrapado en disputas sobre quién dominaría la entidad combinada. Desesperados por salir del estancamiento, un funcionario de la Xunta de Galicia advirtió la semana pasada que la lucha entre los lobies de poder de las ciudades donde los bancos tienen su sede podría conducir a la "autodestrucción." En un revés mayor, España se unió a Grecia y Portugal la semana pasada en el cambio de categoría por Standard & Poor’s, la agencia de calificación (…) Entre los motivos de su decisión, S & P destacó el endeudamiento del sector privado de España en un 178% del PIB y un mercado laboral inflexible que es probable que mantenga a España con una tasa de desempleo del 21% este año. Hasta la fecha, las políticas de Zapatero han descansado en la esperanza de que la economía comenzaría a recuperarse pronto y que la tasa de desempleo en promedio serían de no más del 19% este año. Sin embargo, la tasa de desempleo ha alcanzado ya el 20%, según estadísticas del gobierno para el primer trimestre difundido el viernes, casi el doble del nivel que tenía España cuando la recesión comenzó en 2008. El sombrío panorama hace que sea difícil llegar a políticas coherentes. El Sr. Zapatero está encajonado, dicen los expertos, porque no adoptó los cambios que desafiaban intereses políticos existentes, cuando gozaba de mayor popularidad después de su reelección en 2008. El líder del opositor Partido Popular ha movilizado en contra de su gestión económica, a menudo con el respaldo de los sindicatos que una vez apoyaron a los socialistas. Si bien la propia credibilidad del Partido Popular está sufriendo porque está envuelto en una investigación por corrupción, ahora disfruta de ventaja sobre el gobierno socialista en las encuestas. Tal vez el mayor obstáculo para revisar la economía española es un calendario electoral que hace probable que se pongan las prioridades regionales por delante de las nacionales. Aunque el Sr. Zapatero le quedan dos años como primer ministro, la mayoría de las regiones de España habrán llevado a cabo sus propias elecciones para entonces, empezando por Cataluña este otoño. Los gobiernos regionales representan ya el 57% del gasto público de España, el doble del nivel de hace dos décadas, de acuerdo con Carlos Sebastián, profesor de economía en la Universidad Complutense de Madrid. "Los dos grandes partidos realmente valoran sus fortalezas regionales y no están dispuestos a hacer nada que les haga correr el riesgo de perder el control sobre alguna de ellos", dice. "Hasta que se celebren estas elecciones regionales, nadie va a querer presionar por la reforma". Los intereses regionales y nacionales son divergentes sobre cuestiones fundamentales, en particular la legislación laboral, la revisión de la cual es considerada por los economistas como esencial para reducir el desempleo y aumentar la productividad. Por ejemplo, las regiones del suroeste de Andalucía y Extremadura aplican unos requisitos más flexibles que los del resto de España para optar a la asistencia por desempleo. Eso ayuda a las fuerzas de trabajo de temporada en los que se basa su sector agrícola, grande pero frágil. Ambas regiones tienen gobiernos socialistas que se enfrentan a duras campañas de reelección y por lo tanto tienen pocos incentivos para apoyar cualquier propuesta de Zapatero que pudiera afectar a sus trabajadores. De hecho, el Sr. Zapatero ha mostrado poca inclinación a forzar un cambio entre su gente. A finales de enero, su gobierno propuso elevar la edad de jubilación de 65 a 67 años para ayudar a afrontar los costes de una población que envejece rápidamente. Después de una serie de marchas de protesta, el plan fue puesto en un segundo plano. Pero ahora los inversores están dirigiendo su escepticismo a España a medida que los puntos débiles en la economía del país muestran pocos signos de mejora. En una nota de investigación la semana pasada, los analistas de Credit Suisse sosotienen que más allá de ponerse de acuerdo sobre un paquete de rescate de varios años para Grecia, Europa necesita establecer acuerdos de planes de reserva para España y Portugal, que les permitan "financiar sus déficit presupuestarios en curso mientras se aplican programas de austeros ajustes fiscales". En el primer trimestre, los gastos del gobierno español sobrepasaron sus ingresos en un 8%. Una vez más, los economistas culpan en parte a la política, mientras el gobierno de Madrid mantiene sus propias estructuras ministeriales hinchadas, delega más poder y autoridad a los gobiernos regionales. En cuanto a las cajas de ahorros en crisis –que están peor que los bancos de renombre como el Santander y BBVA, en parte porque ganan muy poco de los préstamos al exterior para compensar las pérdidas de bienes raíces en el país–, tanto el banco central español como el gobierno han intensificado recientemente la presión sobre ellos para consolidarse. Eso siguió a una advertencia de marzo del Ministerio de Hacienda diciendo que un tercio de las 45 cajas enfrentan problemas de solvencia. Otra propuesta de alianza, encabezada por Cajastur y Caja Murcia, podría incluir hasta ocho cajas. Si bien la propuesta no requiere una fusión total, está resultando aún más conflictiva por los choques de los representantes políticos de las diferentes regiones. "Cuando interviene la política en el sector bancario, obviamente, sólo se consigue un enfrentamiento", dice Jamie Dannhauser, representante en España de Lombard Street Research de Londres. "No creo que el proceso de reconocimiento de los préstamos incobrables realmente se haya puesto en marcha en absoluto." THE NEW YORK TIMES. 3-5-2010