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El registro de Génova descompone al PP, agita al Gobierno y trastorna los planes de Rajoy

Estupefacción, sorpresa e irritación poco disimulada en Moncloa tras conocerse que el juez Ruz había ordenado la búsqueda de unos documentos en la sede del Partido Popular. Más de catorce horas se prolongó el registro policial, aunque el presidente del Gobierno lo denominó «colaboración» con la Justicia. En efecto, técnicamente no se trataba de un registro. La Policía y el secretario judicial rastreaban la pista de unos documentos reclamados desde julio por Ruz y que el PP había evitado u olvidado entregarle. La pista de ese material apareció cuando desde el partido se los remitieron a la Fiscalía Anticorrupción. Enorme torpeza o gran despiste.

En Moncloa no daban crédito a la novedad. La jornada del jueves tuvieron que achicar agua a toneladas a causa del conflicto del recibo de la luz, un asunto anunciado que evidenció la escasa destreza del equipo de Industria, Soria y Nadal, que no han sido capaces de gestionar su principal prioridad. Y cuando este desastre parecía encauzado en los despachos del regulador, explotaba el segundo escándalo. La policía entraba en Génova, en busca de unos documentos que, en opinión de un destacado miembro del Gobierno, «se los teníamos que haber entregado hace meses y nadie sabe muy bien porqué».

Noche larga y tensa

En la sede del Ejecutivo fumaban en pipa. Mariano Rajoy, que se encontraba en Bruselas en la reunión del Consejo Europeo, era informado de la novedad por la secretaria general de su formación. La noche fue larga y muy tensa. Catorce horas se prolongó la inspección policial y judicial. Las terminales del partido transmitían vertiginosamente todo tipo de noticias, alarmistas y rumores cataclísmicos.

Los dirigentes del PP, inquietos y soliviantados en media España, recibieron con cierto alivio la nota emitida desde el cuartel general de su partido, en la que se insistía en su «total y plena colaboración con la Justicia» y se aseguraba que se había puesto a disposición del juez toda la documentacón requerida.

Toda no, parece ser. Y de ahí el malestar no sólo entre veteranos dirigentes sino en los despachos de Moncloa. El equipo de Presidencia preparaba uno de los Consejos de Ministros más significados de los últimos meses. Tocaba presentar la delicada y polémica reforma de la ley del aborto a cargo del ministro Gallardón.

El ruido llegaba a Bruselas

La aparición de los inspectores policiales ante las puertas de Génova trastocó todo el programa del Gobierno. Tanto en Bruselas como en Madrid. La rueda de prensa de Mariano Rajoy, prevista como un paseo por un estanque apacible, se transformó en tormenta. El presidente del Gobierno quería subrayar que por primera vez en un Consejo comunitario no se habló de problemas españoles, sino de importantes iniciativas en las que España participa.

Era un día para sacar pecho. Pero la rueda de prensa derivó en un rosario de preguntas sobre el registro de la sede del partido en el Gobierno. Rajoy echó mano de su flema. «Estamos muy tranquilos. He dado instrucciones para que se colabore con la Justicia, como siempre hemos hecho». «No ha sido un registro». «Todos debemos respetar la acción de la Justicia». Y así. El equipo del presidente echaba humo.

En Moncloa, una hora después, aparecía la vicepresidenta del Gobierno acompañada de los titulares de Justicia y de Empleo para dar a conocer lo aprobado en el Consejo de Ministros. Gallardón presentaba a la prensa su reforma del aborto, primera iniciativa del Gobierno del PP con profundo calado ideológico y fiel reflejo de su programa. Báñez hacía lo propio con importantes medidas de contratos laborales.

Pirotecnia añadida

Durante la rueda de prensa, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría tuvo que emplearse en responder a las cuestiones sobre Ruz y la luz. Los dos asuntos sobrevenidos con los que no se contaba. Bastante tenían ya con defender la iniciativa de la interrupción del embarazo, objeto de acres preguntas por parte de los periodistas de los viernes, como para cargar el programa con más pirotecnia.

No estaba previsto, ni en el partido ni en el Gobierno, que el ‘caso Bárcenas’ coleara a estas alturas del año. Ni en el ánimo de Rajoy. El plan era que se hubiera ido diluyendo hasta prácticamente desaparecer de la agenda a estas alturas del año. Pasar las Navidades en paz y en familia y arrancar 2014 con la Convención y las europeas en el horizonte. Ese era el plan. Y con un nuevo impulso político para movilizar a su militancia y a sus simpatizantes.

Facturas en «b»

Pero no ha sido así. El presunto escamoteo de la documentación sobre las obras de refacción de la sede de Génova, que el instructor del ‘caso Bárcenas’ había requerido al PP hace ya meses, se transformó en un nuevo escenario, más inquietante. En el auto dado a conocer este viernes, el Juez Ruz habla de que los extesoreros y el exgerente del PP se coodinaron con el arquitecto Gonzalo Urquijo para generar documentos y facturas para «dar cobertura a una facturación oficial ficticia». Una frase que hizo temblar la espina dorsal del partido.

La versión oficial insistía en que no se ha ocultado nada, en que se le ha entregado al juez todo lo que ha pedido y en que nunca se ha facturado en «b», en contra de lo que dice el extesorero, ahora en Soto del Real.

Pero en Moncloa se maldecía sin disimulo ante las novedades, llovían las críticas sobre la estrategia de la dirección del partido en esta ríspida cuestión y se lamentaban de que otra vez había que estar pendiente de la instrucción de un caso que creían casi sepultado. En el partido también se escuchaban voces pesimistas. A falta de mayor información, muchos se ponían en lo peor. «Aquí nadie informa de nada, nadie nos comunica nada«. En la tarde de ayer se vivieron momentos muy tensos. Y también, desbordados de desánimo. Habrá que esperar ahora a la rueda de prensa de Rajoy del próximo viernes. Será el cierre del año y el anuncio de que algo mejor está por venir. Siempre y cuando, claro, el juez Ruz, que se ha convertido en la auténtica «bestia negra» del PP, no disponga lo contrario.

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