Cargando...SIN PALIATIVOS. La Encuesta de Población Activa del primer trimestre muestra el grado de postración de la economía española. Más de 6,2 millones de parados –el 27,1% de la población activa–, casi dos millones de familias con todos sus miembros activos en el desempleo y seis de cada diez jóvenes sin trabajo indican que nuestro mercado laboral continúa en caída libre. Un récord que avergüenza porque ayer volvió a colocar a nuestro país en el foco de la opinión pública mundial. El Gobierno apenas mostró capacidad de respuesta ante la debacle del paro. La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, calificó de «dramáticos» los datos. Poco después, el número dos de Economía, Fernando Jiménez Latorre, explicaba las cifras por «la profundidad y la duración de la recesión» y destacaba la desaceleración del crecimiento del paro: en el primer trimestre de 2013 se perdieron 322.300 empleos, 52.000 menos que en el mismo periodo del año pasado. Latorre no tiene razón porque cuanto más alto esté el paro, más difícil es que siga subiendo. Con todo, el hecho es que desde que Rajoy está al frente del Ejecutivo, el desempleo ha aumentado en un millón de personas y cinco autonomías soportan ya una tasa superior al 30%. No se trata ahora de volver a hacer el análisis sobre las rigideces que todavía existen en nuestro mercado de trabajo. Como es estéril echar la culpa a la reforma laboral de la destrucción de empleo, entre otras razones porque nunca sabremos qué habría ocurrido en 2013 con la legislación anterior. Pero sí es el momento de preguntarnos sobre qué debe hacer el Gobierno para que el sector privado vuelva a generar empleo. La respuesta está explícita en la queja que expresaba ayer en Twitter un empresario: «Si pretendo fabricar bolsas ecológicas me enfrento a 15 legislaciones distintas en España. ¿Emprender en esas condiciones?».
El Gobierno debe ser consciente, por ejemplo, de que la mejor ley de emprendedores se queda en papel mojado si el gigantesco entramado burocrático de las administraciones frustra de hecho la iniciativa empresarial. Algo similar ocurre con la ley de unidad de mercado o con el nuevo macrorregulador de los mercados y de la competencia. El afán para que contenten a Cataluña, sobre todo, y al País Vasco abortará los beneficios que sin duda tendrían esas iniciativas. Desde este periódico hemos insistido en que la falta de ambición del Gobierno para acometer las reformas estructurales está retrasando la salida de la crisis. Es cierto que se han dado pasos importantes en la lucha contra el déficit público o en el saneamiento del sistema financiero, pero la experiencia demuestra que no han sido suficientes: el déficit no baja a la velocidad prevista y la banca continúa sin financiar la actividad productiva. Faltan todavía muchas reformas de calado y decisión política para llevarlas a cabo. Eso pedía ayer el comisario Olli Rehn al Ejecutivo español: medidas «amplias y concretas para corregir los desequilibrios macroeconómicos excesivos», en especial el paro. El Consejo de Ministros presenta hoy un nuevo paquete de reformas. Sería desastroso que se conformara con repetir algunas de las propuestas ya anunciadas y no afrontara de lleno los males que aquejan al país, empezando por la reforma de la Administración. Es inexplicable que en un año de caída generalizada de empleo en todas las administraciones y en el sector privado, las empresas públicas, donde abundan las colocaciones a dedo de políticos y allegados, sean las únicas que se hayan mantenido al margen del ajuste general.