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Se acaba de aprobar en el Parlamento una reforma para acelerar el proceso sancionador de las infracciones de tráfico. Es decir, que se reduzca el tiempo que pasa desde que se pone la multa hasta que se cobra. Se trata de eliminar burocracia, suavizar la pérdida de puntos y premiar el «pronto pago» con mayores descuentos. Además de los impuestos indirectos, ¿es esta una ampliación de los caminos de la recaudación para costear los rescates bancarios?, o ¿una reforma que busca la seguridad ciudadana?
Algunas de las resuestas pueden considerarse conclusiones prematuras, pero lo que es “periodísticamente” objetivo es que el Gobierno no se ha propuesto una reforma integral de las leyes que regulan la seguridad vial y el tráfico, sino un sistema eficaz de recaudación “sí o sí”. Veamos: El Comisariado Europeo del Automóvil ya ha denunciado los “eficaces” mecanismos de recaudación que la ley articula. En primer lugar el conductor se verá obligado a decidir si paga o no, si disfruta o no del descuento, sin conocer las pruebas determinantes en su contra. En segundo lugar solo habrá un intento de notificación y no tres como hasta ahora. En tercer lugar el conductor no tendrá derecho a ver el informe del agente si se niega a firmar. En cuarto lugar la Administración será la máxima instancia a la que dirigirse, sin poder reclamar más allá. En quinto lugar se responsabilizará al propietario del vehículo, aunque no condujeran en el momento de la infracción. Y si no paga, no podrá vender el coche. Y por último, no se tendrán en cuenta ningún tipo de margen de error en las infracciones de velocidad, sin importar la normativa en cuanto a metrología y aparatos de medición. La guinda la aporta el descuento de la mitad del importe de la multa por pronto pago que, en realidad, no se aplicará en todos los casos, sin que el conductor pueda conocer en cuáles. Además de que en la situación económica actual solo unos pocos se beneficiarán de esta medida. Tomás Santa Cecilia, director de Seguridad Vial del RACE ya se ha manifestado en contra de la reforma, denunciando su doble objetivo: “recaudar más y que los conductores no recurran”. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados también lo ha hecho en esta dirección: “que todo el mundo pague aunque sea inocente” ya que “cuesta más barato aceptar la culpa que no es tuya que defender el derecho a recurrir”. Y para asegurarse de que todo esto sea así, las autoridades podrán llegar a inmovilizar los vehículos cuyos propietarios no paguen las multas. Más que un sentido “pedagógico”, como ha dicho Rubalcaba, la Dirección General de Tráfico ha cogido el camino del “perfecto cobrador del frac”, con toda la fuerza de la maquinaria del Estado, claro.