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Public Citizen fue fundada en 1971 por el abogado y activista Ralph Nader. Es el grupo de izquierdas más importante en EEU en defensa de los derechos civiles y la democracia norteamericana. Desde la responsabilidad de la petrolera BP en el vertido del Golfo de México, pasando por la legislación que ampara los intereses monopolistas, Public Citizen llega hasta los asientos del Congreso. Tyson Slocum es director del Programa de Energía de Public Citizen.
A ropósito del desastre petrolero del Golfo de México, ustedes defienden que el Senado norteamericano debería acometer algunas reformas como lo que han llamado “Sus derrames, su factura”. ¿Podría explicarnos en que consiste y por qué consideran importante demarcarla de propuestas como la de la senadora Murkowski, del estado de Alaska? El Congreso debe aprobar la ley HR 5214, en definitiva, un rescate de la industria petrolera, la “Ley de Prevención” que aumentaría la responsabilidad de los arrendatarios en aguas profundas responsables de un derrame de petróleo, desde una cifra insignificante como los setenta y cinco millones hasta los diez mil millones de dólares. Y es importante señalar la diferencia entre estos proyectos de ley y el presentado por la senadora Lisa Murkowski, que proviene del estado productor de petróleo de Alaska, porque propone la responsabilidad cada vez mayor de los vertidos hasta los diez mil millones de dólares, pero en lugar de cargar a los ejecutivos de las compañías petroleras y a los accionistas con su responsabilidad, pide a los consumidores que la paguen aumentando los impuestos, ocho centavos de dólar por barril nacional, y nueve el importado Además defienden que tenga carácter retroactivo, ¿no?. Todavía hoy se sufren las consecuencias del desastre del Exxon Valdez en Alaska. El resultado de aprobar esta medida con carácter retroactivo sería verdaderamente una conquista para la justicia internacional y las agresiones del pasado. En el 2008, el Congreso permitió que expirara una prohibición de 27 años sobre la perforación en alta mar. La prohibición fue promulgada después del derrame del Exxon Valdez y estaba destinada a proteger nuestra vida silvestre y las comunidades costeras que dependen de ella para su sustento. El desastre actual del Golfo de México pone de manifiesto la urgente necesidad de restablecer la prohibición. Obama afirmó que las perforación en alta mar refuerza la voluntad de reducir nuestra dependencia del petróleo extranjero, pero ahora vemos que la producción nacional de combustibles fósiles pone en peligro a nuestros trabajadores, la economía y el medio ambiente también, y que lo que refuerza es la necesidad urgente, no sólo de no depender del petróleo extranjero, sino de caminar hacia fuentes de energía limpia, hacia fuentes renovables y hacia la eficiencia de estándares robustos. En torno a este tema ustedes abogan por una re-estructuración del ente regulador, que, afirman, adolece de esquizofrenia estructural. ¿Podría explicarnos en qué consiste esta “esquizofrenia” y qué medidas proponen? El “Minerals Management Service” (MMS) en el Departamento del Interior, efectivamente, tiene esquizofrenia estructural. Por un lado la agencia debe actuar como un animador para la perforación petrolera, ya que es responsable de la entrega de toneladas de dinero en efectivo al tesoro de EE.UU. de las ventas de arrendamiento y recogida de regalías. Pero por otro lado, se supone que el MMS debe proteger el medio ambiente y a los trabajadores por ser un ejecutor firme e independiente de las normas de seguridad. Esta doble personalidad causa problemas internos que no son necesariamente culpa de los funcionarios de la agencia. Una solución sería dar un giro a la agencia, transferir las tareas de regulación ambiental a la Agencia de Protección Ambiental, y las normas de seguridad en el trabajo a la Administración de Seguridad, Salud y Trabajo. Y que el MMS conserve sus funciones de supervisión de ventas de arrendamiento y el cobro de royaltis. Pero, además de esta medida, ¿no estamos hablando de que la dependencia del Estado, de las decisiones monopolistas, es una enfermedad para la democracia popular, grandes corporaciones que determinan enteramente al conjunto de la vida de un país? Actualmente Washington es un pantano de los grupos de presión, con grandes aportaciones de dinero en las campañas, y la gestión de la recaudación de fondos. Public Citizen está trabajando para que las leyes de la ética permitan drenar el pantano y se aseguren de que el Gobierno sirve al público y no a los caprichos de los funcionarios o a los intereses privados. Hemos recorrido un largo camino, sobre todo con una histórica ley que pudimos pasar en el 2007, pero las reglas tienen que ser más. Public Citizen ha luchado – y continúa luchando – por las leyes que restrinjan las actividades de los grupos de presión, o por una mejor divulgación de su actividad. Recientemente hemos conseguido la prohibición de regalos a los miembros del Congreso y a otros empleados federales. También conseguimos restricciones a los viajes corporativos y a la "puerta giratoria" – intercambio de ejecutivos – entre el Congreso y la calle K – ubicación en Washington DC de numerosos grupos de presión -. Pero los miembros actuales y anteriores del Congreso, y su personal, aún se intercambian cheques a costa del país. Tratándose de EEUU, podríamos hablar de un grado más profundo de esquizofrenia… porque su carácter expansionista como primera potencia del planeta, choca con su tradición democrática, ¿no?. Ustedes mismos llevan adelante la iniciativa “Don’t get rolled”, para acabar con la subversión de la primera enmienda de la constitución norteamericana que hace referencia a la libertad de las personas, y no a la libertad de las grandes corporaciones, que es en lo que la han convertido…La Corte Suprema de los EE.UU. dictaminó que las empresas tienen derecho a gastar fondos ilimitados en nuestras elecciones, en definitiva, hacer retroceder un siglo de límites modestos. Y lo hizo basándose en la Primera Enmienda que, desde luego, no fue diseñada para proteger a las corporaciones. Lo que exigimos con la campaña “Don’t get rolled” es una ley que garantice elecciones justas, dar a los candidatos al Congreso una alternativa de financiación pública para evitar elecciones financiadas por las corporaciones, así como sostener el sistema presidencial también con la financiación pública. Y en segundo lugar, exigimos que los accionistas respondan del gasto corporativo en las elecciones. Pero en última instancia, pretendemos aprobar una enmienda constitucional para asegurar que el dinero corporativo no abruma nuestra democracia y aclarar que la Primera Enmienda es para la gente, no para las empresas. Durante tres décadas las corporaciones se han servido de la Primera enmienda para eludir o invalidar las reformas democráticamente promulgadas.