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Se está difundiendo la idea de que el nuevo gobierno supondrá un avance en políticas sociales o económicas de corte progresista, pero un retroceso en materia territorial, que dará aliento a quienes, como las élites del procés en Cataluña, atentan contra la unidad.
Esta es una visión interesada, distorsionada y falsa, impulsada por quienes pretenden utilizar toda la munición posible para hacer lo más breve y dificultosa posible la trayectoria del nuevo gobierno progresista.
Curiosamente, en este empeño coinciden desde Casado y Abascal a Puigdemont y Torra.
El acuerdo entre PSOE y ERC, clave para que haya triunfado la investidura de Pedro Sánchez, está en el centro de la tormenta. Desde algunos sectores se afirma que supone “una rendición ante el independentismo”que “supera y fulmina la Constitución”. Afirmando que con el nuevo gobierno va a estar, como sucedió en 2017, en serio peligro la misma unidad nacional.
La formación de un gobierno progresista crea mejores condiciones para reforzar la unidad y defender los intereses comunes de la mayoría social castigada por los recortes
Pero algunos hechos contradicen flagrantemente estas palabras. Si el acuerdo con ERC beneficiara tanto la causa de la fragmentación, Puigdemont o Torra, los sectores de las élites del procés que apuestan por una ruptura a cualquier precio, lo estarían apoyando. Sin embargo, la realidad es exactamente la contraria. Los diputados de JuntsxCatalunya en el Congreso han votado No a la investidura de Sánchez, atacando al nuevo gobierno progresista. Y desde el “círculo de Waterloo” primero se ha intentado torpedear el acuerdo entre ERC y el PSOE, y cuando se ha consumado lo han calificado poco menos que como una traición a la causa de la independencia.
Podemos entenderlo si, más allá de los excesos o mentiras de cierta propaganda, leemos el contenido del apenas folio y medio en que se recoge el acuerdo entre PSOE y ERC.
Se afirma que en Cataluña existe un “conflicto político”, y que deberá resolverse a través del diálogo. Pero se sitúa que cualquier solución tendrá como límite “el ordenamiento jurídico”… que en España está presidido por la Constitución.
Se plantea una mesa de diálogo bilateral entre gobiernos, en la que podrán plantearse “todos los temas”. Pero el PSOE ya ha advertido que no habrá negociación alguna sobre cuestiones que “cuestionen la integridad territorial”.
Se anuncia una consulta con la que la sociedad catalana podrá validar o no los acuerdos alcanzados. Pero se deja claro que se hará “de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”. Lo que excluye cualquier “consulta por la independencia”.
El PSOE ha debido realizar cesiones, pero quien más pasos atrás ha dado, en comparación con las posiciones que defendía en 2017, cuando respaldó la DUI, ha sido ERC. Renunciando a cualquier mención a la unilateralidad, el “derecho a decidir” o la amnistía y liberación de los políticos independentistas condenados y en prisión.
Existen, evidentemente, riesgos que sería insensato ocultar. La calculada ambigüedad del acuerdo, necesaria para alcanzar la abstención de ERC en la investidura, puede ser utilizada por quienes buscan un “río revuelto” en el que sacar réditos de un prefabricado “conflicto con España”.
Y existen otras amenazas incluso más peligrosas. Llegan desde más allá de las fronteras españolas. Por parte de un Tribunal Superior de Justicia de la UE que se ha colocado por encima del Tribunal Supremo, otorgando la inmunidad a un Junqueras ya condenado en sentencia firme por la justicia española. Y desde un parlamento europeo que ha concedido en un tiempo récord la condición de eurodiputado no solo a Junqueras sino especialmente a Puigdemont. El “inquilino de Waterloo” va a disponer del amparo de las instituciones europeas para sembrar discordia y atacar la unidad en España. Recibiendo desde Bruselas el oxígeno político necesario, en un momento donde las posiciones que Puigdemont representa han retrocedido en Cataluña.
Pero también hay peligros que vienen paradójicamente de las fuerzas que más dicen defender la unidad… pero que sobre todo quieren utilizar todos los medios disponibles para torpedear al nuevo gobierno progresista. Son quienes, como el PP de Casado, impulsaron a la Junta Electoral Central a colocarse por encima del Tribunal Supremo para hacer efectiva, de manera torticera, la inhabilitación de Torra. Para intentar impedir la investidura del gobierno basado en el acuerdo entre PSOE y Unidas-Podemos, no dudaron en ofrecer argumentos y munición política a los Torra y Puigdemont. La unidad no necesita, sino más bien lo contrario, estos falsos defensores.
Se abre una nueva etapa donde va a ser necesario redoblar nuevamente los esfuerzos para defender la unidad frente a quienes la atacan desde los intereses más reaccionarios. Se antoja imposible que el PSOE, la fuerza que encabeza el gobierno, permita derivas más allá del marco constitucional. La formación de un gobierno progresista crea mejores condiciones para reforzar la unidad en torno a políticas que defiendan los intereses comunes de la mayoría social castigada por los recortes. Pero esta no es una tarea que pueda depender de la firmeza o debilidad del nuevo gobierno. Es necesaria la intervención de la mayoría progresista que en el conjunto de España, y especialmente en Cataluña, se enfrenta a los recortes, exige ampliar derechos y libertades, y defiende la unidad como una premisa imprescindible para poder avanzar en beneficio del conjunto del pueblo.