El negocio de la sanidad

La propuesta que dio a conocer el viernes el Consell para mejorar la eficiencia en la gestión de la sanidad pública es, como poco, inquietante. El proyecto, presentado como un intento de racionalizar servicios que, de hecho, ya están privatizados en los hospitales y que son tan dispares y disímiles como las resonancias magnéticas, las comidas que se sirven, la limpieza de los centros o los servicios de ambulancias, tiene como objetivo ahorrar 263 millones agrupando todos esos servicios bajo un único gestor, dejando las prestaciones asistenciales sanitarias a cargo del sector público. Una loable idea si no fuera porque de inmediato surgen numerosos interrogantes. El plan, tal y como se expone desde el Consell, consiste en reprivatizar lo ya privatizado para hacerlo más eficaz porque, se entiende, el actual modelo no funciona todo lo bien que debiera. Si es así, ¿por qué se pretende acrecentar lo que ya se ha demostrado que no funciona? ¿Qué garantías hay ahora que no existieran antes de que va a ser eficaz? ¿Qué va a pasar con las actuales concesiones, adjudicadas de acuerdo con unas condiciones que deberían respetarse? ¿Van a aceptar resignadamente agruparse en un único gestor que les diga cómo tienen que hacer su trabajo? ¿Los actuales concesionarios están cobrando por sus servicios más de lo que debieran y por eso resultan tan caros? ¿Qué hace la consejería de Sanidad? Son muchas las cuestiones que no aclara el Consell y que no se responden con vagas referencias al modelo existente en Suecia que, además, no se compadecen con la realidad del país escandinavo.