El naufragio del gobierno

«Si antes, para distraer a la opinión pública, hací­a de prestidigitador y colocaba el debate en otro lugar, ahora los remedios se le convierten en problemas, incluso mal planteados, como el acuerdo parlamentario para suprimir los crucifijos de los centros escolares que el propio presidente tiene que decir después que no está en su agenda. Si a lo largo de años ha sabido granjearse el apoyo de sectores influyentes para compensar la pérdida de aliento en otros más amplios, ahora se vuelven estas operaciones en su contra: lo que tení­a que ser un empeño por proteger la propiedad intelectual se convierte, lamentablemente planteado por la ministra de Cultura, en una rebelión de usuarios de internet.» (ABC)

ELPAÍS.- Es osible que haya habido algún malentendido, o que la difusión prematura de la noticia haya alarmado a las autoridades marroquíes. La versión que parece abrirse camino, en cualquier caso, es que el Gobierno español habría tramitado con ciertas argucias una autorización de sobrevuelo para una aeronave en la que viajaría Haidar, y que las autoridades marroquíes la concedieron de manera rutinaria, aunque el Ejecutivo la retirase más tarde al advertir la presencia de la pasajera. EL MUNDO.- En definitiva, lo que el Alto Tribunal tiene que establecer es si en España hay dos Naciones y dos sujetos de soberanía; si en Cataluña la lengua oficial es el catalán, quedando el español como idioma secundario; si las relaciones con el Estado son en régimen de bilateralidad, como si se tratase de dos entes homólogos; si hay una Justicia catalana, separada de la española; si hay cuerpos de enseñantes diferentes del resto de los nacionales y si las competencias que se reconocen en el Estatut son intocables. En definitiva, la sentencia del TC tiene que establecer si la Constitución seguirá vigente en Cataluña, o ya no regirá más que para algunas cosas, a la espera de alcanzarse la soberanía nacional. Opinión. ABC El naufragio del gobierno Germán Yanke Zapatero ha perdido la capacidad, indudable en su primera legislatura, de colocarse sobre la ola o incluso delante y sortear con habilidad las dificultades. Incluso negando la crisis económica en contra de toda evidencia salió bien parado hasta que se fue viniendo abajo el castillo de naipes sin que se pudieran sostener en pie ni las cartas de menos importancia. Si antes, para distraer a la opinión pública, hacía de prestidigitador y colocaba el debate en otro lugar, ahora los remedios se le convierten en problemas, incluso mal planteados, como el acuerdo parlamentario para suprimir los crucifijos de los centros escolares que el propio presidente tiene que decir después que no está en su agenda. Si a lo largo de años ha sabido granjearse el apoyo de sectores influyentes para compensar la pérdida de aliento en otros más amplios, ahora se vuelven estas operaciones en su contra: lo que tenía que ser un empeño por proteger la propiedad intelectual se convierte, lamentablemente planteado por la ministra de Cultura, en una rebelión de usuarios de internet. El presidente, entre agotado y desconcertado, tiene que volver a hacer de bombero prometiendo vagamente aclarar lo que haya que aclarar. Los fuegos artificiales son ya causa de incendios colaterales. La debilidad del Gobierno se nota asimismo en la frecuencia con que deja de lado el papel del lehendakari López en el País Vasco, tan esforzado como importante, por mantener acuerdos con los que ganar un poco de tiempo. El fondo de las desgracias es la economía pero no puede olvidarse el funcionamiento de las instituciones, cuestión en la que es especialmente grave el Tribunal Constitucional y las posibles reacciones políticas a su sentencia sobre el Estatuto de Cataluña por parte de algunos de los socios del Gobierno, incluidos los socialistas catalanes. Frente a la crisis, ni se contiene la sangría del desempleo ni se vislumbra un cambio de tendencia -mucho menos una modificación del sistema productivo porque lo diga el BOE- para cuando, por fin, como si fuese un consuelo, se toque fondo. La vicepresidenta económica, contagiada del optimismo antropológico o de la retórica imperante, dice confiar en que los efectos de la Ley de Economía Sostenible reduzcan el nivel de crecimiento necesario para crear empleo. Suena a explicación tan forzada que, más que tranquilizar, aumenta el pavor. El desastre y sus riesgos consecuentes pueden verse desde la oposición de dos maneras. Una de ellas, que responde a intereses electorales estratégicos, parece hacerse un lugar en algunos dirigentes del PP como si observaran el descalabro con una sonrisa. Un Gobierno a la deriva y un PSOE incapaz de crítica constructiva o apoyo sólido ante la opinión pública hace que, por primera vez en mucho tiempo, el PP esté no sólo por delante en los sondeos, sino como estimación directa de voto y como preferencia de los votantes más jóvenes. Se diría que basta con ponerse de perfil, subrayar los fallos, y esperar las próximas elecciones para conseguir lo que hace tan poco parecía imposible. Pero hay otra perspectiva, que es la de los ciudadanos, según la cual la gravedad de lo que ocurre exige soluciones alternativas o negociadas que las encuestas no satisfacen. El PP, además, no es sólo una parte de la oposición, una opción minoritaria. Es la única alternancia posible y su responsabilidad incluso, a la postre, la verdadera causa de su éxito electoral es ofrecer soluciones concretas y planes alternativos que generen certidumbre. ABC. 6-12-2009 Editorial. El País La causa de Haidar El Gobierno español asegura que el marroquí había dado permiso de aterrizaje al vuelo que debía devolver a la activista independentista saharaui Aminetu Haidar a El Aaiún; el Gobierno marroquí lo niega y asegura que no va a cambiar de posición respecto a su decisión de retirarle el pasaporte y expulsarla. Es posible que haya habido algún malentendido, o que la difusión prematura de la noticia haya alarmado a las autoridades marroquíes. La versión que parece abrirse camino, en cualquier caso, es que el Gobierno español habría tramitado con ciertas argucias una autorización de sobrevuelo para una aeronave en la que viajaría Haidar, y que las autoridades marroquíes la concedieron de manera rutinaria, aunque el Ejecutivo la retirase más tarde al advertir la presencia de la pasajera. Rabat había forzado una declaración conjunta de todos los partidos marroquíes respaldando la expulsión que hacía difícil la marcha atrás. Por eso se pensó que sólo una mediación internacional podría desbloquear el asunto. Madrid no descarta que tras el gesto firme de la noche del viernes el Gobierno de Mohamed VI flexibilice su posición atendiendo a las gestiones de la ONU, la UE y quizás Estados Unidos, cuya mediación ya fue decisiva para un acuerdo sobre el islote de Perejil, hace siete años. En todo caso, las relaciones entre ambos países se han tensado al límite y el episodio, sea cual sea el desenlace, tendrá repercusiones políticas: en primer lugar, en el propio conflicto del Sáhara. El presidente del Senado marroquí, Mohamed Cheikh Biadillah, desplazado a Madrid para explicar la posición de su país, declaró el viernes que el asunto respondía a una maquinación argelina para boicotear el incipiente diálogo con el Polisario sobre una posible autonomía del Sáhara Occidental. Si esa opinión tuviera algún fundamento, el enviado marroquí tendría que haber reconocido que la actitud de su Gobierno ha sido la menos adecuada para alentar ese diálogo. Porque para que el Polisario aceptase ir por esa vía (un acuerdo de autonomía política que se sometiera a referéndum) tendría que haber un reconocimiento previo de la singularidad del territorio, y pruebas de la voluntad de democratización del régimen. ¿Qué credibilidad puede tener la autonomía ofrecida si el hecho de declararse de nacionalidad saharaui en la ficha de entrada es causa de retirada del pasaporte y basta para convertir a una disidente en exiliada forzosa?; y ¿qué democratización puede esperarse de un régimen que exige a una disidente que pida perdón al monarca por no declararse súbdita suya? Marruecos ha intentado endosar el problema de Haidar a España, ridiculizando las gestiones realizadas por Madrid; pero al hacerlo ha garantizado a la causa, que ya no sólo defiende sino encarna Haidar, una audiencia internacional amplísima, especialmente en España. Pase lo que pase ahora, ése es el resultado político de que Rabat haya actuado de manera arbitraria e inaceptable con Haidar. EL PAÍS. 6-12-2009 Editorial. El Mundo La Constitución, bajo la espada de Damocles del Estatut TRAS LA CELEBRACIÓN popular organizada por José Bono el pasado viernes con motivo del XXXI Aniversario de la Constitución, hoy tiene lugar en el Congreso el tradicional acto institucional que este año cuenta con una novedad de gran trascendencia, ya que por primera vez desde 1978 asistirá un lehendakari, el socialista Patxi López. Se trata de un gesto más de la normalidad política que está siendo recuperada en el País Vasco merced al pacto de gobierno suscrito por el PSOE y el PP. Sin embargo, frente a este motivo de celebración, sigue pendiendo sobre la Carta Magna la misma espada de Damocles que hace tres años: la esperada sentencia del Tribunal Constitucional que tendrá que establecer si el Estatuto de Cataluña desborda o no el marco constitucional. La cuestión no es algo que afecte sólo a la norma catalana. Del fallo del Tribunal depende la propia subsistencia del actual régimen constitucional que los españoles aprobamos en 1978. Porque, en definitiva, lo que el Alto Tribunal tiene que establecer es si en España hay dos Naciones y dos sujetos de soberanía; si en Cataluña la lengua oficial es el catalán, quedando el español como idioma secundario; si las relaciones con el Estado son en régimen de bilateralidad, como si se tratase de dos entes homólogos; si hay una Justicia catalana, separada de la española; si hay cuerpos de enseñantes diferentes del resto de los nacionales y si las competencias que se reconocen en el Estatut son intocables. En definitiva, la sentencia del TC tiene que establecer si la Constitución seguirá vigente en Cataluña, o ya no regirá más que para algunas cosas, a la espera de alcanzarse la soberanía nacional. Nuestra Constitución, a pesar de que no definía de forma nítida el modelo de Estado, puso las bases para que -mal que bien- funcionase el Estado de las Autonomías, y así fue hasta el año 2005, cuando el Parlamento catalán aprobó un nuevo Estatuto que rompía con ese modelo. El Rey ha dicho que el mayor valor de nuestra Constitución radica en el consenso con el que se hizo y con el que debería reformarse. Pues bien, la aprobación por las Cortes del Estatut ha significado de hecho una grave mutación constitucional, realizada por la puerta falsa de la reforma estatutaria e imponiéndola a la mitad de España, que no la aprobó, al votar el PP en contra de esa norma que después recurrió. La Constitución, por supuesto, ha rendido un gran servicio al país para nuestra convivencia, y con ciertos retoques en algunos puntos concretos podría seguir siendo una magnífica Norma Fundamental. Pero mientras no se aclare el modelo de Estado, mediante un pacto de los grandes partidos, estaremos pendientes de que un Tribunal Constitucional muy diezmado y presionado nos señale si la Constitución sigue vigente en su plenitud o no. Si el Tribunal Constitucional no declarase inconstitucionales las líneas maestras del Estatut, la Constitución de 1978 dejaría de ser la primera norma de toda España. Pasaríamos del Estado de las Autonomías a las Autonomías sin Estado, ya que éste se quedaría tan hueco como una nuez vacía. En estas circunstancias, la espada de Damocles que supone el Estatut pende de un hilo finísimo, que es la dignidad intelectual de un puñado de magistrados del Alto Tribunal, que tienen que decidir en medio de un ambiente exterior sumamente favorable a un fallo que no rebaje el contenido soberanista del texto recurrido. Por una parte, el Gobierno, que defiende la constitucionalidad del Estatut; por otra, el PP, cuyos máximos dirigentes aseguran que acatarán la sentencia, aunque sin referirse al fondo del asunto, ya que están deseando pactar con CiU después de las elecciones. Ello, sumado a las insistentes presiones del tripartito, de 12 periódicos de Cataluña y de todos los que han suscrito el polémico editorial. Si bien la opinión de los catalanes dista de ser uniforme, ya que 200 abogados de Barcelona han protestado contra su decano por suscribir el artículo de opinión. Aunque todo conduce a los magistrados a una sentencia complaciente con los poderes públicos, estos hombres han de actuar en conciencia para que la espada de Damocles no caiga haciendo añicos la Carta Magna. EL MUNDO. 6-12-2009

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