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Como el mayor golpe a la democracia política en Cataluña han calificado los diputados de la oposición lo ocurrido en el Parlament por las maniobras antidemocráticas con las que Junts Pel Sí y la CUP han tramitado las llamadas “leyes de desconexión” de Cataluña con el resto de España. En palabras del portavoz de Cataluña Sí Que Es Pot, Joan Coscubiela: “Los derechos de los diputados no pueden ser derogados. Esto no es democracia”.
En apenas 48 horas Junts Pel Sí y las CUP han aprobado leyes fundamentales con las que imponer el 1-O y desconectar Cataluña del resto de España, aplicando el rodillo de su exigua mayoría parlamentaria a los diputados de la oposición que representan a una mayoría de la sociedad catalana.
El verdadero rostro antidemocrático de quienes pretenden imponer el 1-O al conjunto de la sociedad catalana ha salido a la luz. Violando todos los derechos y garantías democráticas de los diputados y del propio Estatut de Catalunya, han superado todos los límites imaginables.
Han recurrido a la trampa legal de alterar por dos veces el orden del día de la sesión del Parlamente, para introducir la discusión exprés de la “Ley de referéndum” y la “Ley fundacional de la república catalana y de transitoriedad”. Incluso se saltaron a la torera los requisitos para el proceso exprés de “lectura única”. La documentación a debatir debería estar publicada y a disposición de los parlamentarios con 48 horas de antelación, pero se publicó pocos minutos antes de iniciar la sesión. Y se limitó a solo dos horas el tiempo para que los diputados de la oposición pudieran preparar y presentar enmiendas.
Han amordazado a la oposición, utilizando ese procedimiento extraordinario para suprimir derechos básicos de los diputados y garantías democráticas, como impedir el debate de enmiendas a la totalidad. O la posibilidad de pedir el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, el órgano que vela por los derechos reconocidos en el propio Estatut.
Han utilizado a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, cabeza de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), fuerza de choque del “procés”, como ariete del Govern de Puigdemont contra la oposición, vetando, entre otras muchas arbitrariedades, que se recurriera al Consell de Garanties o que se leyera el informe del letrado mayor de la Generalitat, Antoni Bayona, y del secretario general del Parlament, Xavier Muro, advirtiendo de que se estaban conculcando “los requisitos parlamentarios inexcusables para cualquier ley”.
Se llenan la boca del “derecho a decidir” pero prohíben cualquier capacidad de decisión en el propio Parlament a los diputados de la oposición.