El Imperio en el banquillo

Cuando la ex ministra de Exteriores israelí­, Tzipi Livni, declaró en enero que Moratinos le habí­a prometido cambiar la ley, con el objeto de paralizar la investigación de la justicia española contra la matanza de civiles en Gaza, el gobierno de Zapatero negó la existencia del pacto. Ahora sabemos que mentí­an. PSOE y PP han unido sus votos en el Congreso para impedir la aplicación del principio de justicia universal, que permitió a Garzón actuar contra Pinochet. A pesar de ello, siguen existiendo jueces independientes que apuran los resquicios legales para perseguir los crí­menes del Imperio. Es el caso de Santiago Pedraz, que acaba de reactivar el juicio contra tres soldados norteamericanos por el asesinato del cámara español José Couso, durante la entrada de las tropas estadounidenses en Bagdad.

PSOE y PP han utilizado un trámite menor en el Congreso ara cargarse el principio de justicia universal. En una de las enmiendas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se prohíbe expresamente que los jueces actúen en procedimientos donde no existan españoles afectados como víctimas o presuntos autores.Se ha utilizado la fórmula de una enmienda, y no el cauce natural –la presentación de un proyecto de ley- para agilizar los trámites e impedir someter la decisión a los informes del Poder Judicial o el Consejo de Estado.No es una cuestión menor, puesto que el Tribunal Constitucional emitió ya en 2005 un dictamen donde se aseguraba que los tratados internacionales suscritos por España contenían “una obligación de intervención” contra los delitos de genocidio o crímenes contra la humanidad.Con el método utilizado para reformar la ley –tal y como prometió Moratinos a la ministra de Exteriores israelí-, PSOE y PP se han blindado ante posibles decisiones en contra de la justicia.Cuando la nueva norma entre en vigor, los imputados podrán invocar que España no es competente para procesarlos, lo que conducirá irremediablemente al archivo de los casos.En concreto, trece casos abiertos en la Audiencia Nacional, entre ellos dos contra el ejército israelí por las matanzas de civiles en Gaza, deberán cerrarse, y sus autores quedarán impunes.Para quedar a bien con el Imperio –y con los esbirros norteamericanos, como Israel- Zapatero no tiene reparos en cagarse por las bravas, y de la mano de Rajoy, el principio de justicia universal.Afortunadamente, otros casos donde sí existen ciudadanos españoles afectados, podrán seguir su curso. Por ejemplo, la investigación del asesinato de José Couso, que perdió la vida cuando un tanque norteamericano disparó contra el Hotel Palestina, en plena entrada de las tropas estadounidenses en Bagdad.El juez Santiago Pedraz, ha reactivado el procesamiento –por los delitos de asesinato y crímenes contra la humanidad- del sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el coronel Philip de Camp.El juez asegura en su nuevo auto, que Gibson fue "la persona que dio la orden directa de disparar" sin que conste "la existencia de ‘francotirador’ u ‘ojeador’ u ‘observador enemigo’ ni disparo alguno, anterior o posterior a los hechos, procedente del tejado y otra parte del Hotel Palestina, contra las tropas norteamericanas”.Y señala que “la fuerzas militares norteamericanas tenían conocimiento de que el Hotel Palestina era y se encontraba en zona civil y no era objetivo militar y que, además, estaba ocupado por población civil y periodistas".Para ello se remite a las declaraciones en televisión de la ex sargento del Ejército de EE UU Adrienne Kinne, destinada en Inteligencia Militar, que aseguró que el hotel Palestina fue declarado objetivo militar durante la guerra. Kinne expuso a sus superiores su extrañeza por esa decisión, puesto que allí se alojaba la prensa, y éstos le respondieron que la orden “venía de arriba”.