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El llamado «Sindegate» es ya un clamor popular. A través de filtraciones de Wikileaks se han podido conocer los mecanismos empleados por EEUU para imponer la Ley Sinde y el control de la propiedad intelectual en Internet. Pero este guión no es nuevo. Si ahora sale a flote, ¿qué nos queda por saber?. Realmente todo.
En algún blog de los cientos, seguramente miles, que han reaccionado ante el escándalo, se decía que “lo que de alguna forma todos sosechábamos que era, se ha confirmado que es”. Nadie debería dudar ya, no de la intervención decisiva de EEUU en el diseño del guión de la Ley Sinde, sino de la existencia de un auténtico “Estado por encima del Estado”, que actúa defendiendo los intereses de la superpotencia en nuestro país, en todos los ámbitos, y la cultura es un resorte decisivo para EEUU. Tanto una cosa como la otra no es necesario que sean debatidas, lo confirman los propios geoestrategas del Pentágono en diversas publicaciones y en las clases magistrales que estos imparten para formar en sus universidades a los cuadros del futuro norteamericano. Por lo que ante la publicación de los cables debemos hacernos la pregunta que se hacía José Couso sobre las revelaciones de Wikileaks en el caso de su hermano: “¿Cuánto habrá que no sabemos?, porque si esto se hace público no es por casualidad”. Llegado el momento los cables pueden servir solo para despistar sobre lo que verdaderamente importa… No se trata de una intervención puntual, sino de una presencia histórica que lastra nuestro desarrollo. Uno de los cables hechos públicos hace claras alusiones al Ministro Sebastián con ocasión del FICOD (Foro Internacional de Contenidos Digitales). Pero la Embajada de los EEUU también se dirigió al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, D. Francisco Ros, como también demuestran los cables. Estos son los resortes más superficiales. Desde estas páginas vamos a iniciar un serial en torno al desarrollo de la industria de Hollywood y su ligazón con los intereses de EEUU como superpotencia, así como todos los mecanismos puestos en marcha para asegurar el predominio de su industria y la hegemonía de su forma de ver el mundo, controlando política, económica y culturalmente a todos los países de su órbita. Entre ellos, España, claro. La Ley Sinde ¿Cuál es el mecanismo en el que EEUU ha puesto tanto interés como ente regulador del tránsito de contenidos en Internet? La Ley Sinde es el nombre que recibe un apartado de la Ley de Economía Sostenible, llamado “Disposición Final Segunda”, propuesta en mayo de 2009. Esta Disposición Final Segunda consiste en una serie de cambios que afectan a: 1.- La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (más conocida como LSSI). 2.- La Ley de Propiedad Intelectual. 3.- Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, (que se centra en la protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la sociedad de la información y de comercio electrónico). En lo fundamental este apartado busca modificar las leyes arriba mencionadas para permitir que un grupo de personas dependientes del Ministerio de Cultura – una especie de comisión cultural o comisión de propiedad intelectual -, tengan todos los poderes necesarios para cerrar aquellas páginas web que, de acuerdo a su examen y criterio, vulneren los derechos de propiedad intelectual, previa autorización de los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo. Los cambios fueron propuestos por la Ministra de Cultura, Ángeles Gonzalez-Sinde, razón por la que se le conoce como la Ley Sinde. Una vez hechas las modificaciones que PP y CiU han considerado para permitir que la ley avance, el procedimiento será el siguiente: Para que esta comisión de propiedad intelectual pueda actuar debe recibir una denuncia interpuesta por un particular, profesionales de la música, del cine o de cualquier otro ámbito pertinente, por una discográfica, estudio de cine, televisión… entonces la comisión podrá determinar si hay falta o no. En el caso en el que establezcan que se ha cometido la falta: El responsable de los contenidos que supuestamente vulneran la propiedad intelectual o aquellos que hospedan el contenido o aquel proveedor de acceso al que está conectado un servidor que hospeda los contenidos, inclusive quien los publicó, tiene 48 horas para, voluntariamente, retirar el contenido que incurre en falta. La comunicación del proceso se hará sin la intermediación de ningún organismo jurídico. Si no se retira hay un plazo de otras 48 horas para que se presenten las pruebas por parte del demandante y del demandado, que no ha atendido a la retirada del contenido. Después, un plazo de cinco días para presentar las conclusiones de las pruebas introducidas por las partes. Y a continuación la comisión de propiedad intelectual dispone de tres días para dictar resolución. Esta resolución se presenta de nuevo ante un juez, que la autoriza o no, aunque no haya participado en el proceso mismo de determinación de culpabilidad, o no. Se limita a ratificar o rechaza la conclusión. Reporte minoritario Esto significa que la comisión puede acudir a un juez para obtener una orden judicial por medio de la cual se piden los datos de aquel o aquellos que cometen la infracción al proveedor de servicios, que seguramente será una empresa de hosting que opere dentro de España, y para que se retire el contenido que vulnera los derechos de propiedad intelectual. En los hechos los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo tienen apenas 24 horas para autorizar o no. El juez puede negarse si afecta al Artículo 18 de la Constitución Española, es decir, si afecta al derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. Inicialmente la ley no recogía esta posibilidad. Las consecuencias de todo esto son que no será un juez el que determine si hay falta, sino un organismo del Gobierno, por lo que desaparece la posibilidad de un criterio “inocente”, más en la actual coyuntura y determinación de intereses. Al mismo tiempo significa que no queda establecido qué es lo que se penalizará, ya que puede considerarse falta la simple “posibilidad de causar daño”. Algo así como en “Minority Report”, la película protagonizada por Tom Cruise en la que podía preverse los futuros crímenes antes de que se cometieran, juzgando a la gente por lo que se supone que iba a hacer en el futuro, sin que todavía lo hubiera hecho. Y por último la elaboración de una “blacklist” o una lista negra – o ficha policial – controlada por la comisión. Un inventario completo a través del que controlar quién, cuándo y el qué se descarga. Los poderes de la comisión le permiten hasta solicitar que el dominio – o IP – sea bloqueado en el caso de los servidores ubicados fuera de España. La reacción Tras conocerse la noticia varios colectivos relacionados con Internet y el mundo de la producción musical independiente lanzaron un manifiesto en “defensa de los derechos fundamentales en Internet”. El manifiesto se extendió rápidamente por toda la web causando impacto en toda la sociedad. La ley fue rechazada por falta de apoyos. El rechazo popular y las presiones fueron determinantes. El manifiesto se difundió en 150 mil webs, fue traducido a diez idiomas, su página en facebook ha sumado a más de 250 mil amigos y enlazado más de 27 mil webs. Desde estos colectivos se denuncia que la Ley Sinde existe porque “el proceso judicial español no ha dado la razón a la industria audiovisual cuando intentan demandar a personas por, simplemente, enlazar contenido”. Para “resolver” este problema mejor saltarse las “farragosas” esperas judiciales y “agilizarlo” entregándoselo a una “comisión designada por un ministerio presidido por una persona que tiene fuertes lazos con la industria”. Finalmente la Ley Sinde fue aprobada con ligeras modificaciones entre PP y PSOE, anunciando que no encontrará obstáculos en el Senado. Una tentación El 31 de marzo del 2010 se celebró en Barcelona el Foro de Industrial Culturales, con la presencia de 27 ministros de cultura de la UE. Paralelamente se celebraba el D’Evolution Summit. A través de una pantalla gigante cientos de ciudadanos pudieron seguir el transcurso del Congreso. Una de las intervenciones más difundidas en la red es la de Eduard Punset, quien se dirigió a la Ministra desde el atril del Congreso: “Las redes sociales son importantísimas y en esto, Ministra, deja que te de un presentimiento que ahora tengo. Es fantástico que tengáis ganas de mirar a este tema con profundidad. Es un tema que va a crecer de forma inusitada. Déjame citar un ejemplo: en Europa la publicidad de tipo digital representa más del 40% del total. En España desgraciadamente solo representa el 12%. ¿Cuál es la tentación que podéis tener? Estas ansias de impulsarla creará en algunos de vosotros la tentación de controlarlo. Y hemos intentado controlar primero a las mujeres, hasta que nos dimos cuenta que no eran propiedad nuestra. Luego los hijos. Un día paré en Las Ramblas a una persona que estaba abofeteando y dando patadas a su hijo, y le dije: “no es tuyo, no lo trates así”. Y es verdad que nos pasa lo mismo con los animales. Espero que no nos pase lo mismo con Internet.” La noticia en El País 3/12/2010 La Embajada de Estados Unidos en Madrid convirtió la lucha contra la piratería en Internet en una de las prioridades de su agenda en el periodo 2004-2010. Según se deduce de la lectura de más de 35 cables dedicados a la protección de los derechos de propiedad intelectual, las presiones empezaron a intensificarse a partir del año 2004, tras la llegada al Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Ante la falta de resultados en esos primeros años, diseñaron en 2007 una minuciosa hoja de ruta que incluía encuentros con ministros, secretarios de Estado y mandos intermedios de los departamentos de Cultura e Industria. La estrategia incluía encuentros con las empresas que proveen el acceso a la red como Telefónica, colaboraciones con partes interesadas -SGAE, Federación para la protección de la propiedad intelectual (FAP), Asociación de Productores Musicales Promusicae- y visitas de altos cargos de la administración y la industria estadounidense. La voluntad popular Carlos Sánchez Almeida (Abogado especializado en la red) “La Ley Sinde fue una imposición extranjera, una obra de encargo, y como consecuencia de ello, una producción mediocre. Pero el estiércol es fértil, y hasta la peor de las películas puede encerrar una feliz metáfora: si algo nos ha enseñado la Disposición Final Segunda del proyecto de Ley de Economía Sostenible es cómo se hacen las leyes en España. El prisma narrativo de la Ley Sinde puede extrapolarse a todas y cada una de las actuaciones legislativas de nuestro Gobierno, dirigidas a blindar a la oligarquía financiera que ha sumido al país en la peor crisis de su historia. (…) No he citado el referéndum de la OTAN en vano: la humillación del Gobierno Zapatero por el gigante norteamericano pasa en todo momento por encima de la voluntad popular, que un 12 de marzo de 1986 votó por la reducción de las bases militares norteamericanas en España, por la no incorporación a la estructura militar de la Alianza Atlántica, y por la prohibición de introducir armas nucleares en territorio español. La cáustica comicidad de la Ley Sinde no puede competir en los Goya frente al terror global en el que nos ha sumido este Gobierno.” Una imposición extranjera www.noalcierredewebs.com A lo largo del último año, en esta página se ha publicado mucha información sobre la Ley Sinde, un proyecto de censura de Internet escondido dentro del proyecto de Ley de Economía Sostenible (…). La Ley Sinde no nace de la voluntad del pueblo español, sino que es una imposición extranjera. La embajada de Estados Unidos ha presionado a nuestro gobierno para aprobarla, pisoteando nuestra soberanía nacional. Quieren una Internet sumisa y controlable, que sea útil para convencer a la población, como los restantes medios de comunicación controlados desde el poder. No quieren que la gente comparta información, no quieren que sepamos quién mueve realmente los hilos, no quieren que sepamos cómo se enriquecen empobreciendo al resto de la población. Quieren una red esclava desde la que vendernos su visión del mundo. Hubo una vez un hombre que creyó en la paz y en la libertad, y que murió asesinado. Se llamaba Mohandas Karamchand Gandhi, y se enfrentó a un imperio con una primitiva herramienta: su rueca de hilar. Pronunció estas palabras: “Si trescientos millones de personas hilaran una vez por día, no porque un Hitler se lo ordenara, sino porque se inspiraran en el mismo ideal, tendríamos una unidad de propósitos suficiente para alcanzar la independencia." Mucho más de trescientos millones de personas están tejiendo cada día esta inmensa red de intercambio de conocimiento que se llama Internet. Millones y millones de personas compartimos información a través de redes abiertas. Hemos creado una cultura y tenemos un objetivo común y universal. Todo eso puede cambiar (…) La Ley Sinde es una tijera que permite cortar los hilos que mantienen viva Internet, una red que debe seguir siendo libre y neutral, como instrumento de progreso, paz y libertad.