El Gobierno, sus ‘stakeholders’ y Aguirre

“En pocas palabras, un líder es una persona que sabe dónde quiere ir, se pone de pie y va” (John Erskine)El Ejecutivo del PP incrementó el IRPF el pasado mes de diciembre situando los tipos marginales entre los más altos de la Unión Europea. También el IBI que grava la propiedad de inmuebles. Acaba de subir el IVA ensanchando la base imponible del tipo general que se ha elevado del 18% al 21%. También las plusvalías generadas en un año se gravan al tipo impositivo de la renta del contribuyente que las obtenga. Igualmente ha subido la retención de los profesionales del 15% al 21%, sin cumplir con la promesa electoral de permitir que el impuesto sobre el valor añadido se ingrese en Hacienda sólo cuando se cobren las facturas. Además, ha subido el impuesto de Sociedades que grava a las empresas obligando, en muchos supuestos, a una doble imposición sobre las rentas generadas en el extranjero donde están establecidas en un meritorio proceso de internacionalización y ha introducido una enorme confusión sobre el tratamiento normativo de los gastos financieros. En el Presupuesto para 2013 cuyas líneas se presentarán la semana próxima, el Gobierno tiene la intención, no sólo de mantener -que lo está, bonificado- el impuesto sobre el patrimonio, sino de reactivarlo, así como el de sucesiones que grava las herencias. Hacienda medita imponer un impuesto a las transacciones bursátiles con una capacidad recaudatoria de más de 2.000 millones.Además de esa política fiscal que recae sobre las clases medias y las empresas –y, mediante el IVA, a todas-, el Ejecutivo pretende que los bancos sanos españoles -Santander, BBVA, La Caixa, entre otros- suscriban la mayoría del capital de la Sociedad de Gestión de Activos (tóxicos, por supuesto), o banco malo, asumiendo de una u otra manera una carga adicional que es de la íntegra responsabilidad de las Cajas de Ahorros fallidas que se han gestionado bajo la tutela del Banco de España y la “prudencial” de las Comunidades Autónomas regidas por el PP y el PSOE. Por si fuera poco, ha hecho pasar por reforma energética lo que ha sido un conjunto de medidas de carácter fiscal a la generación eléctrica. Por supuesto, esa nueva fiscalidad no es finalista, sino genérica, de tal modo que no resolverá el déficit de tarifa, pero morderá en más de 1.000 millones los resultados de las compañías del sector y, a la postre, incrementará el precio de la luz, disminuirá las inversiones de las empresas en España y mantendrá el desproporcionado negocio primado de las inversiones nacionales y extranjeras en la generación renovable termosolar y fotovoltaica, las fuentes más caras e ineficientes. En este momento, los analistas dudan de que las grandes energéticas estén en condiciones de mantener su habitual política de dividendos. Todas estas medidas inciden sobre lo que en el lenguaje empresarial y financiero se denominan stakeholders o grupos de interés que, si en una compañía son sus clientes, suministrados, empleados y accionistas, en un Gobierno sostenido por un partido son las bolsas sociales que, con afinidad ideológica, han votado por un determinado programa y por una concreta concepción social derivada de aquél. Si una empresa apalea a sus stakeholders, primero pierde su reputación, y después quiebra por la huida de estos grupos de interés que se convierten en prescriptores negativos de la entidad. En política ocurre exactamente igual: si el Gobierno puede ser ahora socialdemócrata en unos temas, liberal en otros y conservador en los demás, ¿por qué no un Ejecutivo de gestión?, ¿qué diferencia existe entre un Gobierno que no adecua sus políticas económicas a un determinado modelo y otro de carácter tecnocrático?, ¿qué buenas razones existen para que los electorados naturales del PP le vuelvan a votar si sus políticas son intercambiables con las que podrían desarrollar partidos de izquierda?