Una nueva reforma educativa para derogar la Lomce

El gobierno Sánchez entierra la “Ley Wert”

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) hizo todo lo contrario de lo que su nombre indica. Es una de las peores herencias de los gobiernos de Rajoy en política educativa: reválidas, itinerarios clasistas, potenciación de la educación privada y autoritarismo en los centros. Prácticamente toda la oposición, junto a la gran mayoría de la comunidad educativa se puso de acuerdo en 2013 en derogarla. Ahora el gobierno Sánchez ya tiene lista una alternativa para enterrar la Ley Wert. ¿En qué consiste?

El Ministerio de Educación, dirigido por la ministra y portavoz del gobierno María Isabel Celaá tiene ya preparada una propuesta para reformar la ley educativa vigente, la Lomce. La nueva norma, que recupera muchos aspectos de la anterior ley socialista de 2006, la LOE, buscará antes de ser aprobada tener el máximo de consenso de los grupos parlamentarios. Algo que se antoja complicado en el enrarecido y crispado ambiente parlamentario actual.

¿Cuales son los ejes de esta nueva ley educativa?

Adiós a los itinerarios

Uno de los aspectos más clasistas de la Ley Wert era la potenciación de los llamados “itinerarios educativos” que los alumnos debían tomara a edades cada vez más tempranas. Según sus resultados académicos, muchas veces determinados por factores como dificultades familiares y la situación socioeconómica, los alumnos debían elegir en 3º de la ESO si optaban por Formación Profesional o por Bachillerato (llave de la Universidad). Y a partir de entonces, la enseñanza es distinta: por ejemplo las matemáticas de “ciencias puras” son de un nivel diferente a las de otros itinerarios.

Esta “segregación temprana, que da lugar a distintas titulaciones, impide que muchos alumnos con dificultades cursen Bachillerato o FP de grado superior”, dice el texto del gobierno, que se hace eco de las críticas que han dirigido desde hace años las organizaciones progresistas de docentes y estudiantes contra los ‘itinerarios educativos’. Son un mecanismo clasista de segregación, que impide que un estudiante con malas notas tenga segundas o terceras oportunidades, y que desde la temprana edad se vea obligado a tomar la senda de la FP.

Frente a eso, que potencia el fracaso escolar -que en España afecta a uno de cada tres alumnos de 15 años, el triple de la media de la OCDE- se busca impulsar planes individualizados para los alumnos repetidores. Esta medida está aún por concretar, y solo se ha dicho que “serán los entros educativos y los docentes los que decidirán” el plan de estudios individualizado del repetidor, si el alumno debe recibir contenidos diferentes y someterse a exámenes distintos. Esto entra dentro de la filosofía de la “atención a la diversidad en el aula” que promueve un enfoque más personalizado para los estudiantes con problemas.

En el nuevo texto todos los alumnos saldrán de Secundaria con “idéntica titulación” -y no especializada como ahora, lo que les cerraba vías en Bachillerato- y al que se llegará a través del currículo ordinario.

El trato a los alumnos que les queden asignaturas pendientes tenderá a asemejarse -en el Bachillerato- a lo que ocurre en la Universidad. Los estudiantes de Bachillerato repetidores podrán cursar únicamente las asignaturas suspensas, no la totalidad del curso. Los de primero, podrán escoger además algunas materias de segundo curso, siempre que no sean las mismas que suspendieron en 1º de Bachillerato.

Otro mecanismo clasista -que dividía a los centros en “mejores y peores”- era la que la Lomce permite que los colegios e institutos puedan definirse como “especializados” en ciencias o en idiomas. Lo cual permite cierta “selección” del alumnado. También se prohíbe a partir de ahora utilizar los los resultados de las evaluaciones de los alumnos para establecer una clasificación de centros. Unos rankings que tendían a crear “centros de élite” y “guettos educativos”.

Las reválidas, nunca más.

Una de las medidas más polémicas de la Ley Wert eran la resurrección de las “reválidas”, un método de evaluación con olor a naftalina al final de 6º de primaria y 4º de la ESO en las que el alumno se jugaba en una sola prueba buana parte de su futuro académico, examinándose de todo el conjunto de conocimientos adquiridos hasta ese momento.

Un enfoque antagónico al de la “evaluación contínua” defendido por las corrientes pedagógicas más avanzadas, y que refuerza el componente segregador y clasista de los itinerarios educativos. Si el alumno sacaba un mal resultado en la “reválida”, su futuro se ensombrecía.

Fue gracias a las intensas movilizaciones de la comunidad educativa de 2015 -que se saldaron con la sustitución del propio Wert- que en la práctica estas aberrantes reválidas estaban “suspendidas”. Pero no derogadas: ahora sí.

En su lugar, al final de 6º de primaria y 4º de la ESO se realizarán “evaluaciones muestrales y plurianuales” contempladas como una medida de testeo para conocer el estado del sistema educativo en el centro, pero en ningún caso para “condenar” al alumno a uno u otro futuro.

Desincentivación de la enseñanza concertada.

El texto dice pretender “mejorar el sistema de admisión” de la escuela concertada. Para ello, se eliminará la referencia de la Lomce a la llamada “demanda social”, por la que la Administración debe garantizar a los padres plazas en centros concertados. El gobierno considera que esa “demanda social” era un “eufemismo que ha servido para propiciar en algunos casos que la escuela pública pueda ser considera subsidiaria de la educación concertada”. Un mecanismo para favorecer la financiación de la escuela privada aún a costa de escatimar recursos presupuestarios a la pública.

Asimismo, se penalizará a los centros privados que mantengan las aulas segregadas por sexo, dándose prioridad en los conciertos a los centros con aulas mixtas.

Dirección de los centros.

La ley Wert reforzó sobremanera la figura del Director del centro como prácticamente el único órgano de gobierno, restándole poder a los consejos escolares donde están representados los docentes y los padres. Unos directores elegidos en muchas CCAA directamente “desde arriba”, desde las Consejerías de Educación sin ninguna participación de la comunidad educativa. Algo denunciado como “autoritario” por muchos sindicatos de docentes y estudiantes.

La nueva normativa devolverá competencias a los consejos escolares y cambiará el procedimiento para la selección de los directores, aumentando la participación de la comunidad educativa del centro para ello.

La religión no computará.

Otra medida sonada de la nueva norma edicativa es que la asignatura de Religión deja de considerarse como una materia específica en 1º y 2º de Bachillerato. Su oferta no es obligatoria en los centros y su calificación no será tenida tenida en cuenta a partir de ahora para calcular la media de acceso a la Universidad o la obtención de becas.

Por el contrario, será sustituída por otra, “Educación en valores cívicos y éticos” que pasará a ser obligatoria para todos los alumnos en un curso de primaria y en otro de secundaria.

Nivelación de los planes educativos en toda España

La nueva norma también intentará nivelar los diferentes planes educativos de cada CCAA, y que no haya tantas diferencias entre los programas de las distintas nacionalidades y regiones de España. La ley Wert fue muy beligerante con defender el castellano como lengua vehícular de la enseñanza (batalla que perdió en el Tribunal Constitucional), pero daba amplio margen a cada autonomía para determinar el contenido de las materias. La reforma de Celaá un mayor consenso y colaboración entre el Estado y las comunidades a la hora de fijar contenidos comunes a toda España.

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