Cargando...«Desde Moncloa ya se había insinuado la posibilidad de incrementar los impuestos especiales, es decir, los de hidrocarburos, tabaco y alcohol. La más novedosa, y que puede convertirse en la más controvertida, es la revisión del denominado «copago farmacéutico». Actualmente, el Estado se hace cargo del 60% del precio de un elevado número de medicamentos que se adquieren en las oficinas de farmacia, y el usuario, titular de la receta médica expedida por el servicio de salud correspondiente, el 40% restante»
El Gobierno retende cambiar esta estructura de financiación para ahorrarse dinero. Además de limitar la lista de medicamentos “subvencionados”, se baraja la posibilidad de subir el copago desde el 40% actual al 45 o el 50% (ESTRELLA DIGITAL) DIARIO CRÍTICO.- Las cajas de ahorros llevan ahí toda una vida, han estado presentes en la vida de la gente, pero ahora mismo están en posición de riesgo, para mayor gloria de la banca privada, que ya afila los dientes. La crisis está haciendo extraños compañeros de viaje y puede incluso que de cama. PSOE y PP, entre que unos están agobiados por la situación financiera de las cajas y que a otros les gustaría privatizarlas, podrían aprovechar la ocasión para cargarse un montón de cajas, dejar cinco –sí, sólo cinco grandes– y repartirse bien el botín. Y para ese viaje, nada mejor que un conductor amigo al frente de la Confederación de Cajas. EL PAÍS.- Sin menospreciar la Ley de Economía Sostenible, parece oportuno recordar que la economía probablemente mejorará deprisa si el Gobierno se centra en dos o tres asuntos capitales. La primera es concluir el saneamiento del sistema financiero. La segunda es negociar con las autonomías un acuerdo general de reducción del gasto público. Y, por fin, el Gobierno ha de urgir el cambio en el mercado de trabajo Economía. Estrella Digital El gobierno prepara nuevas subidas de impuestos para después del verano Ernesto Carratalá Lo advertía, este martes, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez: “Antes, los responsables de Economía hablaban de Presupuestos, ahora hablamos del coste de la sanidad”. Y MAFO suele dar pistas fiables de por dónde van los tiros. La Oficina Económica de Moncloa estudia nuevas subidas de impuestos de acuerdo con el Ministerio de Economía. Estas subidas se llevarán a cabo una vez haya entrado en vigor el incremento del IVA, el 1 de julio. Desde Moncloa ya se había insinuado la posibilidad de incrementar los impuestos especiales, es decir, los de hidrocarburos, tabaco y alcohol. Incluso se llegó a manejar su inclusión en la llamada Ley de Economía sostenible. Al final, el propio Rodríguez Zapatero desmintió tal posibilidad, aunque dejó abierta la puerta a que, en un futuro, se adoptasen medidas del tipo de las que ahora diseñan conjuntamente la Oficina Económica de Moncloa que dirige Javier Vallés y el Departamento de Elena Salgado. Medicinas La más novedosa, y que puede convertirse en la más controvertida, es la revisión del denominado “copago farmacéutico”. Los medicamentos han experimentado una fuerte subida en el 2009, incluso en algunos casos del orden del 10%, cuando todos los productos y servicios han bajado como consecuencia de la crisis de consumo. Pero es que las medicinas no entienden de circunstancias. Son un producto básico, de primera necesidad, y los datos que maneja Sanidad hacen hincapié en el incremento de enfermos crónicos, los que necesitan medicarse sí o sí. Es una cuestión de supervivencia. Actualmente, el Estado se hace cargo del 60% del precio de un elevado número de medicamentos que se adquieren en las oficinas de farmacia, y el usuario, titular de la receta médica expedida por el servicio de salud correspondiente, el 40% restante. Para jubilados y pensionistas, los titulares de las denominadas “recetas rojas”, los medicamentos son gratuitos, así como para los afectados por accidentes laborales y enfermedades profesionales, cuya parte del copago es subvencionada por las empresas y mutualidades laborales. El Gobierno pretende cambiar esta estructura de financiación para ahorrarse dinero. Además de limitar la lista de medicamentos “subvencionados”, se baraja la posibilidad de subir el copago desde el 40% actual al 45 o el 50%, haciéndose cargo del resto las administraciones sanitarias correspondientes. Lo que no se tocará, bajo ningún concepto, será la financiación de las recetas de jubilados y pensionistas. Y está por ver cómo se reestructura el sistema de accidentes laborales y enfermedades profesionales, aunque este asunto podría aplazarse a la espera de otra reforma que va a llevar a cabo el Gobierno. Incapacidades laborales El Ministerio de Trabajo tiene muy adelantada la reforma de las incapacidades laborales, dicen que “para evitar el fraude”. Las incapacidades provisionales, el siguiente paso antes de obtener una incapacidad laboral definitiva, están aumentando a través de un viejo truco utilizado por algunos empresarios con la complicidad de sus trabajadores. Los primeros, antes que despedir, prefieren mandar a un trabajador excedente al médico para que éste le firme, primero, la incapacidad laboral transitoria, ILT y, posteriormente, pasarlo a la larga lista de incapacidades laborales provisionales que paga la Seguridad Social. Un fraude muy extendido en épocas de crisis y que, ahora, vuelve a resurgir. Trabajo va a poner límites a este tipo de situación laboral para evitar el fraude, y, en este mismo contexto, Sanidad, procederá a reestructurar el gasto farmacéutico por tal motivo, aunque de acuerdo con empresarios y mutualidades laborales. En lo que se refiere a los impuestos especiales. Tabaco y alcohol son los productos candidatos a sufrir un fuerte incremento, mientras que los hidrocarburos se recuerda que, en España de cada euro que se paga por la gasolina el fisco se lleva 55 céntimos frente a la media europea que se establece en 64 euros. Tabaco y alcohol son dos productos que la propaganda oficial rechaza. Los considera perjudiciales para la salud. Se recuerda que está previsto prohibir fumar en todos los recintos cerrados, y también el elevado porcentaje de accidentes que produce la ingesta de alcohol. Se argumenta que los médicos consideran perjudicial para la salud el consumo de este tipo de productos y sólo falta por aclarar si la subida afectará al vino, teniendo en cuenta que el sector vitivinícola español es el más importante del mundo. Elena Salgado tuvo problemas con los productores cuando pretendió incrementar la fiscalidad del vino, considerado “alimento”, y, por lo tanto, gravado con un IVA bajo. Inflación Y el otro gran problema que generaría la subida de los impuestos sobre carburantes es el efecto que sobre la inflación tendría tal medida teniendo en cuenta que el 80% del transporte de mercancías en España se hace por tierra y que los camioneros han advertido que sus márgenes se están estrechando cada día más. La subida de gasolinas y gasóleos, con el precio del barril de crudo incrementándose progresivamente, y los costes del refino, unido a un aumento de la fiscalidad, dispararía esos gastos que acabarían por repercutir en el consumidor. Y si la subida del IVA ha supuesto la protesta generalizada por su repercusión en el consumo, la de los carburantes acabaría por excitar, aún más, unos ánimos ya de por sí calientes. Y todo ello cuando se ha sobrepasado el ecuador de la legislatura y hay que empezar a pensar en las elecciones. ESTRELLA DIGITAL. 18-3-2010 Opinión. Diario Crítico Las cajas están en peligro José Luis Gómez Las cajas de ahorros llevan ahí toda una vida, han estado presentes en la vida de la gente, pero ahora mismo están en posición de riesgo, para mayor gloria de la banca privada, que ya afila los dientes. La crisis está haciendo extraños compañeros de viaje y puede incluso que de cama. PSOE y PP, entre que unos están agobiados por la situación financiera de las cajas y que a otros les gustaría privatizarlas, podrían aprovechar la ocasión para cargarse un montón de cajas, dejar cinco –sí, sólo cinco grandes– y repartirse bien el botín. Y para ese viaje, nada mejor que un conductor amigo al frente de la Confederación de Cajas. La CECA cumple un papel similar al de las diputaciones con los pequeños ayuntamientos, que, incapaces de valerse por sí mismos, recurren al organismo provincial en busca de ayuda para prestar ciertos servicios básicos o para gestionar el cobro de impuestos. Es fácil intuir en este sentido lo que le importan los servicios financieros de la CECA a La Caixa o a Caja Madrid. Nada o muy poca cosa. ¿Y entonces por qué se matan ahora Caja Madrid y La Caixa por controlar juntos la CECA, dejando al margen al candidato de las cajas medianas y pequeñas, Amado Franco, de Ibercaja, propuesto por Juan Quintás, que se retiró del cargo todo cabreado? ¿Y por qué encima dicen que el catalán Fainé, ahora amigo de Rato, tiene el apoyo del Gobierno y del primer partido de la Oposición, asesorado por Rato desde Caja Madrid? Muy sencillo: porque lo que quieren es controlar la CECA como lobby ante la nueva ley de cajas y la reordenación del sector. Desde Madrid –léase Banco de España, Gobierno y Oposición– están cada vez más decididos a reducir el número de cajas, llevándose de paso por delante el control financiero que ejercen los gobiernos autónomos sobre este tipo de entidades, para lo cual –piensan ellos– lo mejor es hacerlas desaparecer; al menos tal y como están hoy configuradas. Las excepciones serán contadas –puede que cinco– y, de entrada, pasan por Cataluña, Andalucía y Madrid. Quizá también por Euskadi, con Galicia más en duda. El PSOE hará valer su peso en Cataluña y Andalucía, y el PP impondrá el suyo en Madrid. Todos los demás ya pueden irse buscando la vida, porque la que viene promete ser gorda. DIARIO CRÍTICO. 20-3-2010 Editorial. El País Cuestión de prioridades La Ley de Economía Sostenible que ayer aprobó el Consejo de Ministros expone con claridad las dificultades del Gobierno para dar respuesta a la crisis. Las medidas de la ley son todas ellas defendibles y beneficiosas a medio plazo. Está bien reducir el fárrago de trámites necesarios para crear una empresa (¿por qué no se hizo antes?), obligar a través de la Ley del Mercado de Valores a que las empresas cotizadas sean más transparentes, gravar con precisión los bonus de los directivos o reservar para las rentas más bajas la desgravación fiscal por la compra de vivienda. Es verdad que la economía española tiene que ampliar su especialización productiva e incentivar la creación de empresas más competitivas; pero esos objetivos no deben distraer la atención de los problemas inmediatos de la recesión: el paro, la destrucción de empresas y la solvencia financiera del Estado. Cuestión de prioridades.El Gobierno tiene un serio problema de gestión de la crisis a corto plazo y tiende a disimularla ofreciendo “profundas reformas transversales” para “modernizar la economía española”, como dijo ayer el presidente del Gobierno. La tasa de paro ronda el 19%; el Estado soporta un déficit del 11,4% del PIB, un desbordamiento que le ha causado advertencias severas de parte de los inversores que tienen que comprar la deuda española; y el sistema financiero no acaba (ni empieza) de recapitalizarse, pendiente de fusiones dudosas o directamente disparatadas de cajas de ahorros.Si el Gobierno quiere un mapa de la recesión, aquí tiene uno: como consecuencia, aunque no sólo, del crash inmobiliario, el crédito para las pequeñas y medianas empresas solventes ha dejado de fluir, las pymes desaparecen y no hay creación de empleo. Además, está pendiente un plan de estabilización financiera, que incluye un plan de reducción del gasto de considerables proporciones, y una reforma del mercado de trabajo que debería facilitar la creación de nuevos puestos de trabajo.Sin menospreciar la Ley de Economía Sostenible, laudable intento de acabar a medio plazo con el crecimiento a base de ladrillo y especulación, parece oportuno recordar que la economía probablemente mejorará deprisa si el Gobierno se centra en dos o tres asuntos capitales. La primera es concluir el saneamiento del sistema financiero, retrasado por multitud de motivos que se han convertido en excusas, y que constituye la amenaza más peligrosa contra la recuperación económica.La segunda es negociar con las autonomías un acuerdo general de reducción del gasto público. El camino está abierto por el pacto para bajar el coste sanitario, aunque el ahorro que supondría limitar el coste de las Administraciones públicas sería muy superior. Es decisiva en este punto la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera el próximo lunes. Y, por fin, el Gobierno ha de urgir el cambio en el mercado de trabajo. Sería deseable que la brillantez de la Economía Sostenible no distrajera al Gobierno de enfrentarse a lo más urgente y más desagradable. EL PAÍS. 20-3-2010