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LOS ARGUMENTOS que esgrime el Gobierno para no celebrar este año el Debate sobre el estado de la Nación suenan a excusa para sortear su obligación moral de explicar las medidas contra la crisis. Es probable que en el Ejecutivo interpreten que hablar de la subida de impuestos y de los recortes les desgasta. De ahí esa política de comunicación que un día lleva a Rajoy a evitar a los periodistas y otro a descartar preguntas en las comparecencias públicas o a despachar un recorte de 10.000 millones de euros con una nota de prensa. Los ciudadanos son conscientes de la crisis y muchos están dispuestos a aceptar sacrificios, pero siempre y cuando se les den explicaciones y se les persuada de su necesidad. Eso no se consigue, desde luego, regateando al Congreso. Lo que más puede socavar la confianza en el Gobierno es esa falta de valor para enfrentarse a la opinión pública justo cuando se pide a la gente coraje para salir adelante. Si finalmente el Ejecutivo desestimase el debate parlamentario, no sólo dejaría la imagen de que, incluso en un momento crítico, supedita la gestión de la crisis al cálculo político, sino que transmitiría falta de convicción en lo que hace. Su deber es aclarar dudas, responder a las críticas e infundir ánimo