Cargando...«El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, ya se ha mostrado dispuesto aceptar la propuesta de cambiar el modelo de despidos. Se trata de una reflexión trascendental, teniendo en cuenta que hace unos meses los sindicatos se negaban a tratar cualquier cambio en la legislación laboral.»
Hablar del modelo austriaco suone poner sobre la mesa un tema tabú para los sindicatos como es el abaratamiento del despido. El propio Toxo describe el llamado modelo austriaco como "un seguro de despido, pagado con cotizaciones sociales, y que se acumula en cuentas individuales del trabajador. Los fondos se utilizan para pagarle una indemnización cuando pierde su empleo o cuando deja de trabajar definitivamente". (LA VANGUARDIA) ABC.- El fracaso de la última subasta extiende el pesimismo, pues Grecia necesita casi 40.000 millones de euros sólo este año y los mercados parecen desconfiar de sus posibilidades de hacer frente al inmenso agujero negro de sus cuentas públicas. Los acontecimientos pueden precipitarse, porque el tiempo avanza y habrá que adoptar medidas urgentes. Grecia, en el ojo el huracán, se juega su futuro. El caso griego supone, además, un serio aviso a países como España EL PAÍS.- Diez años después de la introducción del euro, no podemos decir que los euroescépticos estaban equivocados. Antes al contrario, con la crisis arrecian las críticas. Paul Krugman ha advertido del "feo panorama" que espera a aquellos países que, como España, habrán de pasar un largo periodo deflacionario para recuperar la competitividad perdida. Otro crítico del euro, Martin Feldstein, ha propuesto la reintroducción de un dracma devaluado para solucionar la crisis griega. Economía. La Vanguardia El gobierno sopesa abaratar el despido a cambio de más protección social Mar Díaz-Varela El Gobierno estudia proponer a los sindicatos una fórmula para abaratar el despido. Se trata del llamado modelo austriaco, que consiste en rebajar las indemnizaciones por despido que pagan las empresas a los trabajadores a cambio de mayor protección social. La propuesta se haría dentro del documento para la reforma laboral que presentará el Gobierno a los agentes sociales tras la Semana Santa. El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, ya se ha mostrado dispuesto aceptar la propuesta de cambiar el modelo de despidos. Incluso mantiene que es una propuesta de su sindicato. Durante su intervención en el Foro Nueva Economía afirmó que "un modelo como el austriaco de cuentas individuales se podría estudiar". Se trata de una reflexión trascendental, teniendo en cuenta que hace unos meses los sindicatos se negaban a tratar cualquier cambio en la legislación laboral. Por tanto, hablar del modelo austriaco supone poner sobre la mesa un tema tabú para los sindicatos como es el abaratamiento del despido. El propio Toxo describe el llamado modelo austriaco como "un seguro de despido, pagado con cotizaciones sociales, y que se acumula en cuentas individuales del trabajador. Los fondos se utilizan para pagarle una indemnización cuando pierde su empleo o cuando deja de trabajar definitivamente". Esto significa que las empresas pagan una parte de la subida salarial en mano al trabajador y con otra (salario diferido) constituye un fondo en la Seguridad Social a nombre de cada trabajador. Estas aportaciones tienen una importante desgravación fiscal. Esto supone que la empresa constituye un fondo individual para cada uno de sus trabajadores, que se pone a su disposición en el caso de perder su empleo como fórmula para complementar la prestación de desempleo que recibe del Estado. El trabajador puede rescatar el fondo en el caso de ser despedido, lo que reduce la indemnización que le paga la empresa. En el caso de seguir en su puesto de trabajo hasta que se jubile, estos recursos son utilizados para completar la pensión que cobre de la Seguridad Social. Si el trabajador cambia de empresa, se lleva su fondo, que seguirá incrementándose con las aportaciones de su nueva empresa. Las ventajas de esta fórmula, como se encargó de advertir el gobernador del Banco de España en sus polémicas declaraciones sobre la reforma laboral, son básicamente que incentiva la movilidad entre empresas y reduce la barrera a la contratación que representa el elevado coste del despido. Además, permitiría avanzar hacia un contrato único, como afirma Luis Garicano, de la London School of Economics. Esto "significa eliminar la disfuncional dualidad que existe en el mercado laboral" entre los trabajadores fijos y temporales "reduciendo las incertidumbres y favoreciendo, por tanto, la inversión en capital humano". Como se encargó de recordar el propio Toxo, los empresarios son los primeros que tienden a pagar indemnizaciones de 45 días por año trabajado (despido improcedente). El Gobierno quiere tomar como referencia el contrato de fomento de empleo, que contempla una indemnización de 33 días por año y un máximo de 24 mensualidades. Se trata de un punto de partida que se rebajaría con aportaciones del Estado. Comisiones considera clave que se tenga en cuenta que el trabajador cobra su fondo siempre, en el momento del despido o al final de la vida laboral como pensión. Es decir, que en el momento del despido la cantidad podría ser inferior a 33 días, pero gracias a la portabilidad del fondo aumentaría la protección a lo largo de su vida laboral. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras la presentación del primer documento sobre la reforma laboral, se mostró dispuesto a subvencionar el despido para amortiguar sus costes. En concreto, propuso debatir las experiencias europeas sobre "flexiseguridad". LA VANGUARDIA. 1-4-2010 Editorial. ABC Tragedia griega LA prima de riesgo griega ha vuelto a repuntar con fuerza después de que el Tesoro heleno intentará aprovechar el «éxito» del lunes -cuando consiguió colocar 5.000 millones de euros a siete años, aunque a un alto tipo de interés-, haciendo lo propio el martes con otros 1.000 millones a doce años, que sólo se cubrieron en un tercio. Con estas operaciones, Grecia ha buscado desesperadamente fondos para hacer frente a una primera refinanciación de 10.500 millones de euros en mayo. Obligada a operar con altos tipos de interés como reclamo a los mercados, la baja demanda de la última subasta ha encendido todas las alarmas, ya que esta era la condición -el fracaso en la recolocación- que puso Alemania para que se produzca el rescate del país heleno con préstamos bilaterales voluntarios en el seno de la eurozona, y con una aportación de 10.000 millones del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el FMI ya ha dejado claro que si sale al rescate lo hará con todas sus consecuencias, lo que significa que intervendría el país, una medida que coloca a Francia y Alemania en la grave disyuntiva de decidir si permiten que la política económica de Grecia se decida al margen de la Unión Europea o serán los estados miembros de la UE los que acudan en ayuda de su socio comunitario. El fracaso de la última subasta extiende el pesimismo, pues Grecia necesita casi 40.000 millones de euros sólo este año y los mercados parecen desconfiar de sus posibilidades de hacer frente al inmenso agujero negro de sus cuentas públicas. Los acontecimientos pueden precipitarse, porque el tiempo avanza y habrá que adoptar medidas urgentes. Grecia, en el ojo el huracán, se juega su futuro y la UE, el suyo propio, porque nunca hasta el momento tuvo que enfrentarse a un problema que supone una amenaza real a la Unión Monetaria. El caso griego supone, además, un serio aviso a países como España, obligados a una ciclópea labor de reducción del déficit público que no se arregla con parches ni ocurrencias. La situación es muy grave y ya no caben más improvisaciones. ABC. 1-4-2010 Opinión. El País La sostenibilidad política del euro José Fernández-Albertos El 2 de enero de 2002, EL PAÍS abría a cinco columnas con el siguiente titular: "Los españoles reciben el euro con euforia". Casualmente, ese mismo día el diario alertaba inadvertidamente de los trágicos finales que acechan a muchas uniones monetarias. En la esquina inferior izquierda de esa misma portada se leía este otro titular: "El peronista Duhalde se convierte en el quinto presidente argentino en 15 días". La razón, la crisis financiera que asoló el país en 2001 y que se llevó por delante la paridad del peso con el dólar. La adopción del euro no fue una decisión incontestada. Muchos economistas alertaron de que Europa no constituía un "área monetaria óptima". Eso significaba dos cosas: que las economías del continente eran demasiado diferentes entre sí como para que una única política monetaria fuera apropiada para todas ellas; y que no existían en Europa mecanismos alternativos que pudieran suplir la ausencia de autonomía monetaria como política de ajuste. A estas críticas, los defensores de la moneda única respondían que, aunque Europa no fuera un área monetaria óptima en aquel momento, gracias al euro lo sería en el futuro. La moneda única haría más similares a las economías de los países miembros y la ausencia del recurso a la política monetaria obligaría a los países a buscar formas alternativas de ajuste. Diez años después de la introducción del euro, no podemos decir que los euroescépticos estaban equivocados. Antes al contrario, con la crisis arrecian las críticas. Paul Krugman ha advertido del "feo panorama" que espera a aquellos países que, como España, habrán de pasar un largo periodo deflacionario para recuperar la competitividad perdida. Otro crítico del euro, Martin Feldstein, ha propuesto la reintroducción de un dracma devaluado para solucionar la crisis griega. "La culpa no es del euro", repetimos machaconamente en Europa. La culpa es de los gobiernos que "no han hecho los deberes" cuando las cosas iban bien. Deberíamos haber aprovechado la buena coyuntura generada en los primeros años del euro para hacer más flexibles nuestras economías, cambiar el modelo productivo y fortalecer los instrumentos de gobernanza de la eurozona, logrando que Europa se convirtiera en un área monetaria óptima. El euro sigue siendo una fantástica idea, se concluye, el problema es que no se ha acompañado con las reformas que requería la pérdida de autonomía monetaria. Estos argumentos son sospechosamente parecidos a los utilizados por los defensores de la ley de convertibilidad en Argentina, otro país que decidió renunciar al control de su política monetaria en 1991, cuando dicha ley igualó el valor del peso al del dólar. También para ellos el culpable de la crisis financiera de 2001 no fue la paridad con el dólar, sino "otras" políticas que, en el contexto económico argentino, resultaron letales. Hasta cierto punto, el argumento de los defensores del euro y de la ley de convertibilidad es impecable. En teoría, siempre existen políticas capaces de solventar los problemas creados por la pérdida de la autonomía monetaria. Pero los gobiernos no adoptan políticas porque sean necesarias o las recomienden los manuales de economía, sino porque les resultan políticamente rentables. Si tan importante eran esas reformas para hacer la unificación monetaria económicamente viable, nos deberíamos haber preguntado qué incentivos tenían los gobiernos para llevarlas a cabo. Ahora sabemos que ninguno. En Argentina, el régimen de convertibilidad fue un éxito durante casi una década. La inflación se controló, los tipos de interés se mantuvieron bajos, entraron ingentes cantidades de capital, y la economía creció a más de un 6% anual entre 1991 y 1998. Pero a finales de los 90, los gobernadores provinciales que competían por decidir sobre la sucesión de Menem se embarcaron en ambiciosos programas de gasto público para fortalecer electoralmente a sus candidatos. Además, las devaluaciones de los principales socios comerciales de Argentina (el real brasileño perdió un 50% de su valor en 1998) requería de políticas deflacionarias que devolvieran la competitividad a los bienes argentinos. Pero esas políticas deflacionarias eran enormemente impopulares. Con unas elecciones a la vuelta de la esquina, la política fiscal requerida para la supervivencia económica de la convertibilidad era políticamente inviable. En última instancia, estos problemas políticos provocaron el colapso del régimen monetario. En España, ¿qué deberían haber hecho los gobiernos para lograr una exitosa adaptación al euro? Según los manuales de economía, los "deberes" consistían en flexibilizar el mercado de trabajo, limitar el riesgo de una crisis asimétrica (es decir, sufrida sólo por España) reduciendo la dependencia del sector de la construcción e incrementar la productividad para que las mejoras salariales no se tradujeran en pérdidas de competitividad. Paradójicamente, la llegada del euro eliminó los incentivos para reformar la economía en todos esos frentes. Con el euro, el dinero se abarató espectacularmente. Ello, unido a una creciente demanda de construcción residencial y a unas desafortunadas políticas que incentivaban la compra de vivienda creó una descomunal burbuja inmobiliaria. Mientras la burbuja se inflaba, todo fue bien: las empresas vendían, la construcción creaba empleo, las familias veían revalorizado el precio de sus casas, y las administraciones públicas disfrutaban de los ingresos extras generados por el boom económico. En semejante contexto, ¿qué gobierno iba a arriesgarse a enfrentarse con los sindicatos para liberalizar el mercado de trabajo? ¿Cuál hubiese sido el beneficio político que obtendría un gobierno decidido a "pinchar" la burbuja modificando, por ejemplo, el ominoso régimen fiscal que privilegiaba la compra de vivienda? ¿Cómo justificar de cara a la opinión pública una política de cambio de la estructura productiva y fomento de la productividad que pasaba ineludiblemente por penalizar a la construcción, el sector que estaba dando de comer a media España? Existían sectores que podrían haber exigido al Gobierno esas reformas: los grandes perdedores durante este periodo, los productores españoles que venden en el exterior y los productores de bienes que compiten con importaciones. Ellos podrían haberse movilizado para que el gobierno adoptara reformas que restauraran la competitividad perdida. No es seguramente casual que los países que mejor han gestionado el euro son aquellos en los que el sector exterior ocupa un lugar central en la estructura económica y política del país. Pero en España este sector es políticamente muy débil. Nunca los exportadores decidieron unas elecciones. Por otra parte, se ha argumentado que la unificación monetaria requiere de una supranacionalización de determinados aspectos de la política económica. Más allá de un pacto de estabilidad que se ha mostrado ineficaz, las élites que construyeron el euro confiaron en que la mera necesidad de fortalecer las instituciones supranacionales llevaría de forma mecánica a la adopción de las reformas pertinentes. Pero, de nuevo, se pasó por alto que los gobiernos no adoptan decisiones porque sean requeridas por una determinada lógica funcionalista, sino porque son políticamente rentables. Basta con echar un vistazo a las opiniones públicas de los países miembros para comprobar cuán improbable es que esas decisiones se tomen en el medio plazo. No existen ejemplos de uniones monetarias que hayan sobrevivido sin ir acompañadas de profundas reformas políticas. En un exceso de voluntarismo, los líderes europeos pensaron erróneamente que la mera adopción del euro crearía de modo automático la demanda para tales reformas, pero como hemos visto, en algunos casos sembró incentivos para justo lo contrario. Ahora, el futuro de la moneda única pasa por comprender mejor las motivaciones reales de los gobiernos con el fin de rediseñar una unión monetaria políticamente viable, porque sólo así será económicamente sostenible. EL PAÍS. 30-3-2010