Ana Hernández, destacada dirigente del PSC y esposa del presidente de la Generalitat, José Montilla, es quizá uno de los más preclaros ejemplos de las redes de clientelismo que sostienen los casos de corrupción. Además de sus cargos públicos -es teniente de alcalde y concejala de urbanismo en el ayuntamiento de Sant Just Desvern, y dirige el área de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda en la Diputación de Barcelona- el nombre de Ana Hernández aparece en hasta 14 empresas públicas y privadas. Un extenso entramado donde convergen las castas políticas y los nódulos económicos de la burguesía catalana… y en el que siempre encontramos a Ana Hernández.
Es consejera de la concesionaria del Tunel del Cadí y del arque agrario del Baix Llobregat, vocal de la Fundación Caviga, del Consorcio Sanitario Integral, preside las empresas públicas Promunsa y Proecsa… interminable colección de cargos que culminan con un sillón de consejera en La Caixa, buque insignia del poder económico de la burguesía catalana.Félix Millet, “el saqueador del Palau”, presume de que todo el poder de Barcelona se concentra únicamente en 400 familias. Algo similar ocurre con el poder político, donde una reducida y endogámica casta, de la cual Ana Hernández es uno de sus máximos exponentes, acumulan cargo tras cargo, compartiendo negocios y sillón del consejo de administración con los principales bancos y monopolios.En esta exclusiva red clientelar, donde el trato directo, la comunión de intereses, y el “intercambio de favores” entre el poder político y las élites económicas es completo, germinan como en suelo fértil los casos de corrupción.Se da la “casualidad” de que Ana Hernández es vocal de AVS-Associats, la sección catalana de la Asociación Española de Promotores de Vivienda y Suelo (AVS), en su calidad de presidente de Promunsa. Esta es una tupida red de empresas públicas de urbanismo, donde también está integrada Gramepark, la empresa de urbanismo del ayuntamiento de Santa Coloma a través de la cual se canalizaba toda la trama de corrupción en el municipio barcelonés.¿Y Ana Hernández, miembro de la dirección de AVS, no sabía nada del asunto? ¿Podemos ser tan ingenuos?