Cargando...Hay agitación en el Partido Popular ante la iniciativa de Alberto Ruiz-Gallardón de proceder contra la actual legislación sobre el aborto. Con el paso de los días y la publicación de unas primeras encuestas que cifran el apoyo social a la contrarreforma en un escueto 16%, crece el temor de que el ministro de Justicia, figura notable del partido y hombre de fuerte ambición política, haya abierto una trampilla muy peligrosa para los intereses electorales del centroderecha.
Están agitados los sorayos, nombre con el que se conoce en Madrid al círculo de confianza de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; jóvenes profesionales y altos funcionarios con importantes puestos en la estructura gubernamental. Están agitados los liberal-conservadores que no siguen el pie de la letra la doctrina católica. Y están preocupados los conservadores más pragmáticos, porque se huelen que esa iniciativa puede dejar al PP en minoría social y dar alas a la izquierda.
Razonamiento de los más pragmáticos: la sociedad española está aguantando muchas cosas, pero eso no quiere decir que lo aguante todo. La normativa sobre el aborto forma parte de un cuadro sociológico asimilado. El aborto es dramático. Y en España hoy no faltan dramas. Cuidado con soliviantar a las mujeres cuando sobre sus espaldas recae el equilibrio de muchas familias maltratadas por la crisis.
Están particularmente agitados buena parte de los presidentes regionales. Sus antenas en el territorio señalan que esa ley no tiene buena acogida. Ven venir banderas de la izquierda sobre un fondo de fuerte malestar social. Y temen que la primera gran bofetada electoral –la primera de verdad– el PP la reciba en las elecciones municipales y autonómicas previstas para el mes de mayo del año 15. La economía tiende a mejorar, el desafío soberanista catalán sin duda ayudará al PP a movilizar a sus electores, pero nadie sabe cuál sera el humor de la sociedad española dentro de dos primaveras.
Ni siquiera el partido católico está entusiasmado. El ala católica del PP quisiera una ley más restrictiva. Y para la Iglesia esa batalla llega un poco a destiempo. El foco eclesial está ahora puesto en la próxima renovación de la cúpula de la Conferencia Episcopal, en el relevo en el arzobispado de Madrid –decisión de primer orden– y, en definitiva, en el despliegue del franciscanismo en España. No hay ningún indicio que haga suponer que Roma desee en estos momentos una gran batalla político-ideológica en España con la Iglesia en el centro.
Alberto Ruiz-Gallardón no ha actuado como fiduciario del cardenal Rouco Varela. El ministro de Justicia ha querido demostrar su peso político en un asunto que ya fue bandera de combate de su padre, el jurista José María RuizGallardón. Siguiendo una vieja tradición en la derecha española, el exalcalde de Madrid quiere dejar su impronta en la legislación de costumbres. Quiere afirmarse. El presidente del Gobierno no está entusiasmado con la iniciativa –leídas las encuestas, probablemente ya ha llegado a la conclusión de que se trata de un error–, pero no lo puede frenar en seco. A Gallardón, no.