Nueva Ley de Medios de Comunicación en Argentina

El derecho a la palabra

En una maratónica e intensí­sima disputa polí­tica, se desarrolla en estos dí­as en Argentina la discusión parlamentaria sobre la reforma de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, impulsada por la presidenta Cristina Kirchner. El objetivo de esta ley es desmonopolizar y nacionalizar parte del mercado mediático argentino, además de actualizar la legislación para adecuarse a las nuevas tecnologí­as. Un objetivo loable y necesario. Aprobado en el congreso esta ley pasa ahora al senado para su aún incierta aprobación final.

Sin embargo lo que emerge en el fondo del debate abierto or la reforma trasciende las fronteras del país austral y pone sobre la mesa varios interrogantes que afectan a la región entera: ¿se puede llevar adelante un proceso de trasformación política sobre la base de un poder mediático altamente concentrado que surgió al servicio del llamado neoliberalismo? ¿es posible la democratización de la región sin poner en cuestión la monopolización de la información y romper con la ilusión creada de que los medios son autónomos, independientes y objetivos? ¿de que estos no sirven a poderes e intereses económicos y políticos? No sólo Argentina se enfrenta a esta tesitura, Venezuela y, en parte, Bolivia y Ecuador, están librando una dura batalla contra el poderoso influjo creado por los holdings mediáticos en los países iberoamericanos. Numerosos ejemplos actuales señalan que cualquier país que quiera llevar adelante una auténtica democratización tropezará con el rígido e hiperconcentrado mapa de los medios en la región construido desde los años 80. El núcleo de la discusión que abre Argentina para el resto de Iberoamérica no está tanto en que un nuevo reparto del poder mediático garantice por sí mismo la trasformación de las ideas dominantes, sino porque, al menos, logrará impedir que siga avanzando el poder omnipotente de los monopolios y, por tanto, que puedan aparecer una pluralidad de opiniones y el sano e imprescindible debate social entre ellas. Es decir, que se produzca un avance democrático. El proyecto de la nueva ley de medios en Argentina propone unas doscientas modificaciones, entre ellas cuestiones tan importantes como la prohibición a que las empresas telefónicas participen en el negocio de la televisión por cable o la obligación a las multinacionales de desprenderse de algunos de sus negocios en el plazo de un año, para cumplir con el nuevo cupo de diez medios por dueño que establece la ley. La ley de medios que funciona actualmente en Argentina es el paradigma de la configuración de los medios en toda Iberoamérica. Fue establecida en los años 80 por la dictadura. Con ella se crearon los rieles sobre los que circularían durante las casi tres décadas siguientes las políticas “neoliberales”. Dando lugar a la formación de auténticos pulpos mediáticos, el primero y principal de ellos en el país austral es el grupo El Clarín. Similares rieles en otros países de la región han permitido, por ejemplo, el dominio imperturbable del grupo Prisa o Telefónica. Para Argentina e Iberoamérica -incluida, por supuesto, España- la distribución y producción de la comunicación es un desafío de primera magnitud a la hora de procurar un cambio democrático, más participativo y plural. Los grandes medios y los poderes que lo sustentan lo saben, por ello tanto en Argentina como en todos los países en que se ha puesto en cuestión su dominio, están dispuestos a usar todas sus armas contra cualquier proyecto que amenace su hegemonía. Radiografía del poder mediático en Argentina La investigación que ha dado origen al libro “Los dueños de la palabra” permite radiografiar la concentración y estructura del poder mediático Argentino y de otros países, ya que dicho estudio también abarcó a Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y España. Los investigadores elaboraron indicadores de concentración de los cuatro principales actores en cada una de las industrias de los medios de comunicación. En la Argentina los cuatro primeros emporios de la comunicación dominan nada menos que el 84% del mercado. Los autores concluyen a partir de estos datos que las industrias culturales y de telecomunicaciones argentinas se hallan fuertemente controladas por estas primeras cuatro firmas. Esta situación se agrava al contemplar los grupos a los que esas firmas pertenecen: generalmente se trata de los mismos dueños que están ramificados en todas las hileras productivas en casi la totalidad de las industrias consideradas. Particularmente los casos de Clarín y Telefónica, cita el libro. Además el estudio confirma que esta concentración lejos de disminuir va progresivamente en aumento. Por supuesto esto no es producto de un proceso natural de concentración basada en las leyes de “competencia del mercado”, sino que ha tenido unas evidentes causas políticas y económicas. Por ejemplo, la ley de radiodifusión aprobada en 1980 permitía un máximo de cuatro licencias por empresa, pero una modificación del tristemente célebre ex presidente Carlos Menem, quien impulsó todas las recetas neoliberales a finales de los años 90, amplió las licencias a las actuales 24. Claves de la nueva ley Argentina Los detalles de la reforma que se impulsa hoy en Argentina tiene interés tanto para valorar el grado de poder que han llegado a alcanzar los monopolios como para dar una idea para el resto de la región sobre qué hay que cambiar. Antimonopolio. La propuesta divide el espacio radioeléctrico en tres partes iguales entre el Estado, el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro (entre ellos sindicatos, cooperativas, universidades, fundaciones e iglesias). La norma reduce de 24 a 10 los servicios abiertos de radio y televisión en poder de un solo dueño. La nueva ley prohíbe a una empresa dueña de un canal abierto ser también proveedor del servicio de pago de televisión por cable en la misma zona. Eso obligaría a conglomerados mediáticos a desprenderse de uno de sus negocios. El caso emblemático es el del Grupo Clarín tendría que vender Canal 13 o bien abandonar el negocio de las dos grandes operadores de cable que tiene bajo su órbita. De aprobarse con su actual contenido la ley obligará a los emporios mediáticos que superen el nuevo cupo a vender sus “excedentes” en el plazo de un año. Hay que tener en cuenta que actualmente el Estado argentino administra tan sólo un canal de aire (Canal 7), la Radio Nacional, un sistema de radiodifusión al exterior y una agencia de noticias. Fiscalización. La ley crearía una nueva entidad regulatoria: la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación, en ella participarán todos los grupos políticos y los representantes sociales. Un organismo clave que estará encargado de otorgar licencias o declararlas caducas, así como de sancionar las violaciones a las normas por parte de las empresas. También se propone una revisión de las licencias cada dos años. Nacionalización. La ley establece un límite para la participación de capitales extranjeros en los medios, que no deberá superar el 30% del paquete accionario de una empresa. Permite, además, el ingreso de empresas públicas en el mercado de los medios audiovisuales. La norma establece nuevas pautas para la producción local: señala que el 60% de lo que muestra la televisión abierta debe ser hecho en Argentina. Las radios privadas deberán emitir un mínimo de 70% de producción nacional y el 30% de la música transmitida también deberá ser argentina, salvo en el caso de emisoras temáticas o destinadas a colectividades extranjeras. Los servicios de televisión por cable, en tanto, deberán incluir como mínimo una señal de producción local propia, así como canales originados en el Mercosur y en otros países de la región latinoamericana.

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