Huelga en la Justicia.

El 60% de los jueces y fiscales apoya un paro convocado por todas las asociaciones

Reclaman que se defienda la independencia judicial, limitada por el nombramiento directo desde los partidos de los fiscales y jueces de los principales Tribunales; autonomía del ministerio Fiscal; mayor presupuesto y cargas de trabajo menores, pues el retraso de las causas es ya endémico.

Han parado 3.537 jueces sobre un total de 5.407 profesionales, lo que equivale al 65,4% de la plantilla. Y  1.297 fiscales de un total de 2.500. El éxito de la huelga ha sido refrendado por datos del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el paro se han unido todas las asociaciones de jueces (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente), y las de fiscales (Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales).

14 propuestas

El conjunto de sus peticiones está recogido en un documento conocido como “14 propuestas para la mejora de la Justicia”. Estos son su puntos, agrupados en tres bloques:

Bloque I: Reforzar la independencia judicial. Consejo General del Poder Judicial

1.- Elección de los vocales de procedencia judicial por los jueces, asegurando la igualdad de género y la presencia de las minorías; Sustitución del funcionamiento presidencialista por el colegiado del órgano; Dedicación exclusiva de los vocales, y recuperación de las competencias perdidas con la ley de 2013.

2.- El CGPJ debe amparar de modo efectivo a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque recibido que afecte a su independencia. 

3.- Nombramientos de altos cargos judiciales: Proceso transparente, con fijación de unos criterios objetivos basados en el mérito y capacidad e igualdad de género. Limitación de mandatos. En los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de Tribunales Superiores de Justicia será precisa una mayoría cualificada.

4.- Supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos.

Estas primeras medidas apuntan a resolver un problema agudizado desde el control por el bipartidismo del Parlamento; pues los principales nombramientos se hacen repartiéndose PP y PSOE los cargos a proponer. Además apunta también a que entre la judicatura esté presente la paridad de hombres y mujeres y representadas minorías sociales. Recordemos que tras la polémica sentencia sobre La Manada se puso en marcha una comisión para revisar la definición y condenas por delitos sexuales y no había ninguna mujer propuesta. Y a nadie se le escapa las enormes presiones políticas ejercidas para apartar de casos, cuando no expulsar directamente de la carrera judicial, a quienes han osado investigar o juzgar a banqueros, y otros intocables (Baltasar Garzón) o la aprobación de jurisprudencia a la medida como en el caso de la absolución del ex presidente de Banco Santander (doctrina Botín)…

Bloque II. Modernización de la Justicia: calidad y eficacia

5.- Inversión suficiente para conseguir un servicio público que asegure la calidad de la respuesta, rapidez en la resolución y garantías de los derechos fundamentales.

6.- Modernización de la Administración de Justicia: a) Incrementar el número de jueces, equiparándolo a la media europea. b) Modernizar los edificios judiciales. c) Implantar el expediente judicial útil y operativo, dotando a jueces de los medios técnicos necesarios  usando las nuevas tecnologías. d) Hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes ( Estatuto de la Víctima y  Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre el derecho a la interpretación y traducción en los procesos penales…

7.- Racionalización de la planta judicial: a) Implantación de los tribunales de instancia, garantizando el acceso a la justicia de todas las personas. b) Eliminación de la figura de las adscripciones forzosas. Y c) Evitar la precarización judicial, (actualmente se abusa de situaciones “en prácticas”).

Con los puntos 5, 6 y 7 se pone el dedo en la llaga de cómo los retrasos en la tramitación de causas van siempre a favor de quienes más recursos tienen, pues invierten en una legión de abogados capaces de retrasar juicios hasta la prescripción de los delitos, como hemos visto con algunos acusados del reciente caso Gürtel. La falta de medios perjudica doblemente a las personas con menos dinero, o con menos conocimientos, o limitaciones por dominio del idioma… obligados a enormes gastos imposibles de afrontar tanto para defenderse como para acusar si los medios no son públicos.

Mayor eficacia, más justicia

En los temas más decisivos, (en todo lo que hace referencia a garantizar los privilegios y ganancias de la clase dominante, o su control de los principales resortes de poder) las leyes refrendan las injusticias (por supuesto legalizan la explotación, el régimen de monopolio en ramas enteras de la producción y servicios, o el uso privado de inversiones públicas, o por ejemplo permiten, contra la propuesta de dación en pago, que alguien expropiado de su vivienda hipotecada pierda la casa y además mantenga la deuda bancaria… ). Pero en algunos casos, fruto de luchas ciudadanas, las leyes están redactadas de manera que pudieran defender los intereses de la mayoría. En estos casos la ineficacia de la justicia va a favor del infractor. El caso más conocido es la impunidad en la corrupción. Los siguientes puntos del documento apuntan a aumentar la eficacia judicial.

8.- Revisión de la oficina judicial sobre las experiencias piloto. 

9.- Hacer compatibles los distintos sistemas de gestión procesal existentes en cada comunidad autónoma.

10.- Dotación de medios materiales en la lucha contra la corrupción, reforzando especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo (unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado).

Recortes para todos

Los puntos finales se dirigen a reivindicaciones sectoriales sobre las condicones de trabajo, atacadas como las de la mayoría de trabajadores, tras el saqueo agudizado en los últimos años.

11.- Mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos siete años.

12.- Recuperación del régimen de vacaciones y permisos vigente al momento de la supresión y reducción por Ley Orgánica de 2012, así como el permiso de paternidad.

13.- Implantación urgente de unas cargas máximas de trabajo.

14.- Garantizar una adecuada asistencia de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU).

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