Cargando...Según el diario The Washington Post, los gobernadores de los occidentales estados de Texas, Arizona, California y Nuevo México han solicitado el despliegue de los soldados adicionales para analizar datos de inteligencia y dar apoyo aéreo y asistencia técnica en la frontera. Ese rotativo publicó este sábado en su página de Internet que ellos (gobernadores) cuentan con el apoyo de la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, quien como gobernadora de Arizona pidió en 2006 al entonces presidente, George W. Bush, el envío de seis mil soldados a la frontera.
Pero el Pentágono teme que el nuevo desliegue convierta la vigilancia de la frontera en una tarea permanente de las fuerzas armadas, que actualmente cuenta con escasos recursos y personal disponibles dada su ocupación en Irak y Afganistán. «No deberíamos confiar siempre en el Departamento de Defensa para responder a cualquier necesidad», dijo al diario Victor Renuart, el jefe del Mando Norte, que se encarga de la defensa del territorio continental del país.El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha indicado estar abierto a la idea de enviar al contingente de la Guardia Nacional a la frontera, aunque su Gobierno no ha tomado una decisión al respecto aún. Obama ha insistido en una política que refuerce la seguridad en la frontera de su país con México, incluso el pasado 15 de junio Estados Unidos firmó con la nación latinoamericana para fortalecer, con más agentes, tecnología y controles fronterizos, el combate a la narcoviolencia sin entorpecer el flujo legítimo de personas y comercio en su zona limítrofe común.Además, la pasada semana, al iniciar un debate con congresistas acerca de una reforma migratoria, Obama reiteró que es necesario abordar, en ese aspecto, el tema de la seguridad fronteriza. Parte del desacuerdo en el envío del contingente atañe a quién debe pagar los costos de la operación, pues el Pentágono intenta reducir la financiación de tareas de lucha contra el narcotráfico, dados los altos costos de la permanencia de tropas estadounidenses de ocupación en Irak y Afganistán. Sin embargo, los gobernadores de los estados fronterizos con México sostienen que mantener la seguridad en la frontera es responsabilidad del gobierno federal y que, por lo tanto, debe asumir el costo de la operación.Estados Unidos gastó desde 1994 la «colosal» suma de 30.000 millones de dólares en la seguridad de la frontera con México, señala un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).Desde 1993 Estados Unidos aplica una «política de disuasión», que inició con la «Operación Guardián» en California, orillando a los inmigrantes a cruzar por zonas más peligrosas como el desierto y el río, y que después de 14 años se ha traducido en la militarización de la frontera y la construcción de un muro desde 2007.La Iniciativa Mérida, si bien es un plan del Gobierno estadounidense que destina recursos en apoyo a Calderón contra al narcotráfico, su esencia es perpetuar la participación de México en la lucha antiterrorista de Washington e impedir el ingreso de terroristas, narcotraficantes e inmigrantes indocumentados.Los más de 500 millones de dólares no son para garantizar la seguridad de México, sino para proteger los intereses de la seguridad nacional estadounidense. Son para que México se convierta en la gran policía fronteriza.Los resultados serán la mayor militarización del país, extensión de la violencia, la participación de agencias como la DEA y la CIA en actividades propias de autoridades mexicanas, la criminalización de la migración irregular justificada por la lucha contra la delincuencia transnacional, aumento de la violación de los DD HH, y en particular la definición de las amenazas para la seguridad nacional mexicana en términos de las amenazas para EE UU.