Enfrentamos una ofensiva permanente contra las pensiones públicas. No hay día en que no se publique algún artículo en prensa, o se realice algún comentario en televisión, que siempre apuntan al mismo sitio: estamos obligados a recortar las pensiones.
Presentan un panorama donde el sistema público de pensiones es “insostenible”, afirman que “ya no hay dinero suficiente”, y ofrecen como única alternativa la necesidad de “recortar hoy las pensiones para garantizar que podremos pagarlas mañana”.
Llevan años difundiendo este clima de opinión, especialmente desde 2010, por tierra, mar y aire.
Dicen apoyarse en los números, en estudios “rigurosos, independientes y objetivos”.
Presentan como prueba el Mercer CFA Institut Global Pensión Index, que sitúa a España en uno de los últimos lugares del ránking. Y lo utilizan para afirmar que “el sistema de pensiones español es de los más mediocres del mundo”. Pero se callan que ese índice está elaborado por Mercer, una consultora norteamericana directamente vinculada al negocio de las pensiones privadas.
Sus “estudios independientes”, que siempre denigran a las pensiones públicas y presentan como alternativa las pensiones privadas, están financiados por centros de la gran banca como Fedea, o por Inverco, patronal de los fondos de inversión españoles.
Estos mismos “centros de estudios” llevan anunciando “la quiebra de la Seguridad Social” desde 1995. Si sus predicciones fueran objetivas y creíbles, ya se habrían hundido muchas veces las pensiones en España.
Los números que nos presentan no son ciertos. La “insostenibilidad del sistema de pensiones público español” que exhiben es sencillamente mentira. Persiguen un interés: quebrar las pensiones públicas para favorecer a las pensiones privadas, su gran negocio.
Nos presentan «infalibles» estudios que llevan anunciando “la quiebra de la Seguridad Social” desde 1995. Si sus predicciones fueran objetivas y creíbles, ya se habrían hundido muchas veces las pensiones en España.
Vamos a desmontar, con datos y hechos corroborados, sus mentiras una por una.
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1.- No es verdad que las pensiones públicas carguen con un déficit que las hace insostenibles. En realidad la Seguridad Social tiene superávit.
Nos dicen que es inevitable recortar las pensiones porque “ya no salen las cuentas”.
El Instituto de Estudios Económicos -creado por monopolios y bancos españoles- alerta de la “cronificación del endeudamiento” de la Seguridad Social. Y Standard & Poor´s -agencia de calificación norteamericana – afirma que “España debe elegir entre un déficit insostenible o reformar las pensiones”.
No es verdad. El “enorme déficit” que nos presentan es falso.
La caja de la Seguridad Social paga las pensiones contributivas, que se financian con las cotizaciones. Pero durante años se le ha cargado con gastos que no le correspondían, “gastos impropios”. Como el pago de las pensiones no contributivas, o medidas sociales como complementos a la maternidad… Son gastos justos, pero que deberían haberse financiado con los presupuestos del Estado, y no con la caja de la Seguridad Social.
La Seguridad Social reconoce que en 2019 estos “gastos impropios” supusieron 22.871 millones de euros.
El “enorme déficit” de la Seguridad Social que utilizan para afirmar que “las pensiones públicas son insostenibles” y es necesario recortarlas, es sencillamente mentira.
Las cuentas reales de la Seguridad Social -si tienen déficit o superávit- solo aparecen si quitamos esos “gastos impropios”.
Hoy el “déficit oficial” de la Seguridad Social se eleva a 30.600 millones de euros. Pero el Tribunal de Cuentas reconoce que de 1989 a 2013 se cargó a la Seguridad Social con “gastos impropios” por valor de 103.690 millones de euros. Si los quitamos, comprobamos que la Seguridad Social tiene en realidad un superávit de 73.090 millones.
Otro organismo oficial, la AIReF, afirma que en 2023 los “gastos impropios” de la Seguridad Social serán mayores que el déficit previsto. Es decir, el sistema público de pensiones, en sus “cuentas limpias” tendría superávit.
El “enorme déficit” de la Seguridad Social que utilizan para afirmar que “las pensiones públicas son insostenibles” y es necesario recortarlas, es sencillamente mentira.
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2.- No recortan las pensiones para “garantizar su sostenibilidad en el futuro”, las recortan para privatizarlas.
Larry Fink, presidente de Blacrock, el mayor fondo norteamericano, afirma que “mucha gente no ha ahorrado lo suficiente para su vejez. No están guardando dinero y se están basando en un sistema de seguridad social público”.
Y la Fundación Edad & Vida, integrada por las principales aseguradoras, como Mapfre, VidaCaixa o Allianz, plantea que “la principal forma de incentivar el ahorro voluntario [en pensiones privadas] es que las pensiones [públicas] sean poco generosas”.
En la propaganda nos dicen que “hay que recortar hoy las pensiones para que podamos pagarlas en el futuro”. Pero en sus informes reconocen explícitamente cual es su objetivo: recortar las pensiones públicas para aumentar el negocio de las pensiones privadas, su negocio.
Los fondos de pensiones privados acumulan en todo el mundo activos por valor de 52,5 billones de dólares. Es casi el triple de todo el PIB de la UE. Y 40 veces el PIB español. Son uno de los mayores negocios del gran capital financiero.
No quieren “garantizar la sostenibilidad de las pensiones”. Quieren recortar las pensiones públicas a un nivel de beneficencia, por debajo del mínimo vital, para obligarnos a contratar un plan de pensiones privado.
Pero en España la solidez de las pensiones públicas provoca que el negocio de las pensiones privadas esté “infrautilizado”.
En España el capital de los fondos privados de pensiones solo supone el 10,3% del PIB, la media de los países de la OCDE es el 60,5%, y en Holanda se eleva al 210%.
Quieren imponer por la fuerza un salto en el negocio de las pensiones privadas en España.
Esto es lo que sucede en los “modelos” que alaban. Aplicar en España los modelos sueco, británico y holandés, los que nos llaman a imitar, supondría recortar a la mitad o a un tercio la cuantía de las pensiones públicas en España.
No quieren “garantizar la sostenibilidad de las pensiones”. Quieren recortar las pensiones públicas a un nivel de beneficencia, por debajo del mínimo vital, para obligarnos a contratar un plan de pensiones privado.
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3.- No es cierto que los fondos privados de pensiones sean más eficaces. Son una estafa y una ruina. Perjudican a los pensionistas y cargan a las cuentas públicas con más gasto.
Inverco, la gran patronal de las pensiones privadas en España, alerta sobre “la ineficiencia del gasto público en pensiones”, y alaba “la mayor eficiencia de la gestión privada”.
Este es un mantra permanentemente repetido: la gestión pública genera más déficit y deuda, y la gestión privada es “más sostenible”.
Los hechos nos demuestran que este lugar común ES MENTIRA.
Es mentira que las pensiones privadas sean “más eficientes” y “nos cuesten menos dinero”. Son una estafa y una ruina económica. Donde lo único que sale beneficiado son las ganancias del gran capital financiero
Las pensiones privadas son una estafa que perjudica a los pensionistas.
Nos dicen que si contratas un plan de pensiones privado al jubilarte recibirás el capital aportado más el interés que haya generado. No es verdad. De esa rentabilidad el pensionista apenas recibe nada. A través de una marea de comisiones, los bancos y fondos propietarios de esas pensiones privadas se apropian de la mayoría de las ganancias.
El mecanismo de los fondos privados siempre es recortar la pensión que cobran sus participantes para aumentar sus ganancias.
Y, a diferencia del sistema público, el privado no te garantiza la pensión. Puedes ahorrar mucho, pero si el fondo que ha manejado tu dinero quiebra te quedas sin nada.
Las pensiones privadas son una ruina para las arcas públicas.
Un sistema de pensiones privado carga al Estado con más deuda y más déficit. Porque impone, a través de diferentes mecanismos, el trasvase de dinero público hacia las pensiones privadas: el Estado asume los millonarios “costes de transición” de las pensiones públicas a las privadas, se subvenciona con dinero público los planes privados de pensiones, y el Estado debe pagar las pensiones cuando los fondos privados quiebran.
Es mentira que las pensiones privadas sean “más eficientes” y “nos cuesten menos dinero”. Son una estafa y una ruina económica. Donde lo único que sale beneficiado son las ganancias del gran capital financiero que las controla.
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4.- No gastamos demasiado en pensiones. Gastamos demasiado poco.
Fedea, centro de estudios que entre sus patrones cuenta con todos los grandes bancos, afirma que “el crecimiento del gasto en pensiones es ya insostenible”.
¿Gastamos demasiado en pensiones? ¿Es un coste tan elevado que se hace necesario recortarlo?
Si es poco o mucho solo se puede establecer por comparación. España destina a pensiones una cantidad equivalente al 11,9% del PIB. La media de la UE es del 12,8%, casi un punto más. Francia destina el 14,4%, 2,5 puntos más. E Italia el 16,2%, 4,3 puntos más.
En comparación con los países de nuestro entorno, España gasta demasiado poco en pensiones. Debería gastar más.
Para igualarnos con la media de la UE deberíamos gastar cada año 10.097 millones más en pensiones. Estar al nivel de Francia implicaría dedicar anualmente a pensiones 28.048 millones más que ahora. Y equipararnos con Italia nos exige gastar en pensiones 48.743 millones adicionales cada año.
Frente a la mentira, desmentida por los hechos, de que el gasto en pensiones es “excesivo”, en realidad deberíamos gastar más, para saldar la deuda contraída con los pensionistas.
Al estar por debajo del gasto medio en pensiones de la UE, nos condenan a tener unas pensiones por debajo de nuestras posibilidades.
No es que gastemos demasiado, es que tenemos una deuda con los pensionistas. Este “déficit social”, fruto de gastar en pensiones menos de lo que deberíamos, afecta a sus condiciones de vida. Se traduce en que el porcentaje de pensionistas en España en riesgo de pobreza supera en tres puntos la media europea.
Deberíamos gastar más en pensiones, para evitar que la mitad de pensionistas cobren por debajo del salario mínimo. Y no es necesario acumular más deuda para hacerlo. Basta con una política de redistribución de la riqueza. Que, por ejemplo, eleve impuestos a bancos, monopolios, multinacionales y grandes fortunas, para con esos recursos poder subir las pensiones mínimas.
Frente a la mentira, desmentida por los hechos, de que el gasto en pensiones es “excesivo”, en realidad deberíamos gastar más, para saldar la deuda contraída con los pensionistas.
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5.- No es cierto que el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida obliguen a recortar las pensiones o alargar la edad de jubilación.
Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research, afirma que “el avance que supone el aumento de la esperanza de vida se puede volver en contra si no se toman medidas compensatorias por el lado de los gastos del sistema de pensiones”.
Anuncian que en 2050 se duplicará el número de pensionistas, y se reducirá a la mitad los trabajadores activos por cada pensionista. Y que eso conduce, nos guste o no, a recortar las pensiones… entre un 35% y un 50%.
Esgrimir el envejecimiento o el aumento de la esperanza de vida para recortar la pensión es una mentira especialmente perversa, que ataca a las clases más populares.
No es verdad. Y los hechos lo demuestran. De 1980 a 2010 se triplicó el número de pensionistas, y disminuyó a la mitad los trabajadores activos por cada pensionista. Y no solo no quebró la Seguridad Social, sino que tenía casi 70.000 millones de superávit. La razón es que en ese mismo periodo el PIB español se multiplicó por 2,5.
Lo que determina la sostenibilidad de las pensiones no es la demografía, sino la capacidad del país para producir riqueza. Con un PIB mayor, gastar más en pensiones es perfectamente sostenible. En 2050, el PIB español se habrá duplicado, y un mayor gasto en pensiones no será de ningún modo insostenible.
La mejor política para que en 2050 las pensiones sean más sostenibles es crear más riqueza, aumentando la productividad reindustrializando el país, con empleos y fijos y sueldos más elevados, que coticen más a la Seguridad Social.
El aumento de la esperanza de vida tiene un sello de clase. Las clases populares viven entre diez y once años menos. Ampliar la edad de jubilación, ya se habla de hasta los 75 años, es obligar a las clases populares a cotizar dos o cinco años más para pagar la jubilación de los más ricos, que disfrutan, como media de diez años más de pensión.
Esgrimir el envejecimiento o el aumento de la esperanza de vida para recortar la pensión es una mentira especialmente perversa, que ataca a las clases más populares.
Mari Puri dice:
Muy buen artículo. Se pulverizan varios climas de opinión dominantes.