Cargando...El Tribunal Supremo confirma el archivo de la investigación abierta contra siete militares de Israel por un bombardeo en la Franja de Gaza el 22 de julio de 2002 en el que murieron 14 personas. ¿A qué se debe este retroceso? La causa estaba aceptada en la Audiencia Nacional e incluso abría las puertas a juzgar las responsabilidades políticas y militares del reciente ataque a Gaza del 2009. La razón la podemos encontrar en el mismo sitio que la del juicio abierto contra Garzón. Y, sus auténticos protagonistas nos son, por supuesto, un grupo de falangistas o fanáticos de ultraderecha, sino nuestras principales fuerzas políticas.
Todo emezó el 7 de Mayo del 2009, cuando El País publicacó un amplio reportaje titulado “Audiencia Universal” en el señalaba los inconvenientes de que los tribunales españoles continuara juzgando crímenes a la humanidad cometidos fuera de nuestras fronteras. Rápidamente, como una orquesta que empieza a sonar al unísono, se creó la polémica, la justificación y el clima de opinión (en radio, prensa, TV…) de que la justicia universal no podía continuar trabajando en España como venía haciéndolo. Dos meses más tarde, en julio del 2009, mucho antes de que estallara la causa contra Garzón, nuestros principales partidos –PP y PSOE- realizaran un pacto a favor de la impunidad. En términos de pocos días el Congreso de los diputados, con rapidez y mayoría extraordinaria (también con los votos de UPyD, CiU, PNV y ERC) puso una serie de limitaciones, antes inexistentes, a los juicios de lesa humanidad que pueden ser aceptados por los tribunales españoles. El resultado es que ahora sólo pueden juzgarse delitos de crímenes contra la humanidad en nuestro país en caso de que haya vínculos con personas o intereses españoles, y en caso de que esta querella no se esté llevando adelante en el país de origen. Estas sencillas, pero muy efectivas limitaciones, borran de un plumazo de la lista gran parte de los juicios de crímenes a la humanidad que, como el de Gaza, habían sido aceptados en la Audiencia Nacional. Lo que se ha cocinado es un pacto de Estado por la impunidad de los peores crímenes contra la humanidad y la guinda del pastel es el juicio contra Garzón. El mismo Garzón –normalmente reservado en estos asuntos- estallaba el año pasado. Después de que se ratificaran las medidas del Congreso contra la jurisdicción universal, acusó al “PSOE y PP de legislar para la impunidad en la Justicia universal”, que de esta manera España estaba “contribuyendo al fraude y a la impunidad” y que la razón de la nueva legislación es que “nos dieron dos guantazos desde fuera”. ¿A qué se refería Garzón? Llegados a este punto, debemos preguntarnos ¿quién? y ¿por qué? ¿Quién ha tenido la capacidad suficiente para echar por tierra la jurisdicción universal en España? y ¿Por qué razón era tan peligroso que los tribunales españoles juzguen los crímenes contra la humanidad como el genocidio al pueblo maya en Guatemala, la dictadura de Chile o las Juntas militares argentinas? Si algo hemos aprendido durante estos años en la batalla contra la impunidad es que detrás siempre está Washington. Detrás de esos dictadores y bichos locales, de los genocidios, las dictaduras… siempre se acaba encontrando a la Casa Blanca, o en su defecto, otro centro de poder mundial. Los casos Chile y Argentina, recordemos, alcanzaron su cenit cuando en el 2002 Baltasar Garzón llamó a declarar al ex secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, durante su estancia en Londres. Hoy en día para nadie es un secreto que sin Washington las dictaduras y represiones latinoamericanas de los 70, sencillamente, no habrían existido. Por ello, lo que la Casa Blanca no puede permitir- bajo ningún concepto- es la existencia de tribunales independientes. Puede permitir, dentro de ciertos límites por ellos impuestos, que se juzgue a los simples ejecutores, pero nunca a sus principales y últimos responsables. No pueden permitir, tampoco, que la justicia universal hurgue en los crímenes del pasado y se acerque peligrosamente, como estaba ocurriendo, a los crímenes del presente. Por último, sobre la dimensión y profundidad del poder de Washington en nuestro Estado, pueden distinguirse al menos sus contornos si pensamos en dos hechos significativos. El primero, es el grado de consenso y la rapidez con la que se coartó a la justicia universal; un cambio jurídico importante, que normalmente tardaría meses e incluso años en realizarse se finiquitó en pocas semanas. Dos, unos meses después, en la causa abierta contra una figura del prestigio de Garzón, el máximo representante de la justicia universal en España y el mundo. Queda claro que a pesar de sus aparentes diferencias en otros terrenos, PP y PSOE han actuado hermanados a la hora de proteger los intereses de Washington y que dudosamente el PSOE, quien ha dirigido desde el gobierno la castración de la justicia universal en España, apoye a Garzón o a la justicia universal.