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Con el país en el pozo más hondo de la crisis, con más de 4 millones de parados reales, en plena recesión, el consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri se prejubila a los 55 años con 52,5 millones de euros de fondo de pensiones que recibirá a razón de 3 millones de euros (500 millones de las antiguas pesetas) cada año de por vida. Es sólo la punta del Iceberg. Los 16 consejeros ejecutivos de la gran banca acumulan 416 millones de euros en sus fondos de pensiones; 524 millones si sumamos los directivos de las principales cajas de ahorros.
La noticia no odía provocar, como así ha ocurrido, más que una ola de indignación popular. Máxime cuando el gobierno está anunciando una subida media de las pensiones para el próximo año del 1%, unos 8 euros al mes; algo más para las mínimas, entre 7 y 13 euros para las de 600 euros al mes. La pensión media apenas llega a los 845 euros mensuales. Pero más de la mitad de los pensionistas, 4,5 millones, no cobran ni 600 euros. El 31% de las personas de la tercera edad está en la pobreza y el 61%, según Cáritas, en grave riesgo de entrar en ella. Los 52,5 millones de la pensión de J.I.”Goiri”, 3 millones de euros al año, 250.000 euros (41,6 millones de pesetas) al mes significan 300 veces más que la pensión de jubilación media de un trabajador. El fondo de pensiones del consejero prejubilado es lo equivalente a 20.800 cheques bebés, 83.300 salarios mínimos o la prestación de 420 euros para 124.000 parados. ¿Cómo es posible que un puñado de 20 presidentes y consejeros bancarios acumulen un fondo de pensiones equivalente al salario mínimo de casi un millón de trabajadores? Dos clases de pensiones que ponen de manifiesto el abismo social que hay en la redistribución de la riqueza producida por el conjunto del país. Dos pensiones de clase: multimillonarias para un pequeño grupo de altos ejecutivos de la oligarquía bancaria y de los grandes monopolios que acumulan ellos solos más de la mitad de la riqueza que se produce; pensiones de miseria para 8 millones de pensionistas de la clase obrera y el pueblo trabajador. ¿Qué hace el gobierno de Zapatero, el mismo que dice que no ha cedido “ante los poderosos”, para cambiar esta situación y garantizar una distribución de la riqueza más justa?En los últimos ocho años, incluidos los cinco de gobierno de Zapatero, las pensiones de los trabajadores apenas han aumentado unas decenas de euros al mes. En ese tiempo la pensión de “Goiti”, como la del resto de altos ejecutivos financieros y monopolistas, subió más de un 126%. En los presupuestos que ha presentado Zapatero los pensionistas son doblemente castigados: por un lado la pensión media sube un indignante 1%, por otro suben los impuestos (IVA, eliminación de los 400 euros…) que también pagan los pensionistas. Pero a los “poderosos” banqueros y grandes fortunas ni se les toca lo que tributan sus Sociedades de Inversión (Sicav), un ridículo 1%; ni se han propuesto medidas para impedir esa insultante y abismal distribución de la riqueza a través de los sueldos y fondos de pensiones de los altos ejecutivos.Las grandes empresas del Ibex-35, con la banca de Botín (Santander) y FG (BBVA) a la cabeza, exhiben sin vergüenza, en plena crisis, y en un mar de parados y pensionistas al borde de la pobreza, sus multimillonarios beneficios y sus millonarios sueldos y pensiones. En 2008 los 507 consejeros de ese grupo de grandes bancos y empresas se repartieron 344,8 millones de euros en sueldos, más otros 518,3 millones de euros en planes de pensionesEllos no tienen vergüenza. ¿Pero la tiene el Zapatero que lo tolera? ¿O el Zapatero que, después de llenarse la boca en el G-20 de limitar lo que cobran los directivos de los bancos, no toma medidas para acabar con los contratos blindados, los sueldos y pensiones multimillonarias de los directivos que se están aprovechando de los planes de rescate, más de 340.000 millones de euros puestos a disposición de la banca, las eléctricas o las multinacionales del automóvil? Existe otro camino, una alternativa diferente a cargar con impuestos a las clases populares, para sacar recursos que nos permitan mejorar las condiciones de vida de las clases y sectores más desfavorecidos y al mismo tiempo disponer de recursos para invertir en la economía productiva: el de la redistribución de la riqueza.El gobierno, con más razón si se presenta ante la opinión pública como “socialista”, debería tener el deber de establecer leyes que, cuanto menos, limiten el crecimiento abismal de las desigualdades y contribuyan a una redistribución de la riqueza. Ese es el camino, una redistribución de las rentas salariales y de las pensiones, basado en una reforma para establecer una escala salarial y de pensiones del 1 al 10, para que nadie cobre menos de 1.000 euros al mes y nadie más de 10.000 y sin ningún tipo de blindajes. Aplicar esta escala en cada empresa no sólo garantizaría recursos para mantener todos los salarios y pensiones por encima de los 1.000 euros, sino que permitiría ahorrar para invertir y dar créditos a familias y pymes.