Cargando...
Más de 90.000 manifestaciones habían inundado las ciudades españolas entre 2010 y 2015. Limitar y contener este torrente -criminalizando las protestas- se convirtió en una prioridad para el Gobierno.
El 1 de julio de 2015 el Gobierno del PP aprobaba el conjunto de normativas conocida como ‘Ley Mordaza’, el ataque más furioso y antidemocrático a las libertades ciudadanas desde la fallida Ley Corcuera. Las mordazas del PP persigue poner alambradas al ejercicio de la libertad de expresión y manifestación en España, intentando limitar y criminalizar los actos de protesta contra el saqueo y los recortes a los que se somete el 90%. Pero las leyes mordazas son rechazadas por la inmensa mayoría de la ciudadanía, y están en la cuerda floja en una legislatura donde el PP carece de rodillo para mantenerlas.
Hace ahora dos años, de la mano del entonces Ministro de Interior Jorge Fernandez Díaz, el PP imponía las conocidas como «leyes mordaza» es decir, la Ley de Seguridad Ciudadana y las reformas del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Desde entonces, numerosas asociaciones de juristas -nacionales e internacionales- así como organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado el grave retroceso en libertades que ha sufrido España en los dos últimos años.
Justo cuando las imposiciones de la troika imponían para España una política de recortes y empobrecimiento para el 90%, de ataque a sus derechos sociales, la respuesta de un auténtico vendaval popular de oposición fue la multiplicación de las protestas y las movilizaciones en la calle. Según datos del Ministerio del Interior, más de 90.000 manifestaciones habían inundado las ciudades españolas entre 2010 y 2015, más que en los momentos más álgidos de la Transición. Limitar y contener este torrente -criminalizando las protestas- se convirtió en una prioridad para el Gobierno.
«Estas leyes imponen un régimen legislativo que criminaliza, principalmente, los derechos a la tutela judicial efectiva y a la libertad de pensamiento, expresión y reunión consagrados en nuestra Constitución Española», dice la abogada penalista Sara Ruiz Calvo. Se penalizan actos de indignación, como las ocupaciones de sucursales bancarias en protesta contra un desahucio (penas de prisión de entre tres a seis meses o una multa de seis a doce meses).
Se persigue -por delitos de terrorismo- el ejercicio del humor negro o sarcástico como en el caso de Cassandra Vera, condenada por un chiste sobre Carrero Blanco, o de Guillermo Zapata, que fue juzgado por chistes en Twitter sobre el holocausto. La deformación grotesca y la banalización de la acusación de terrorismo es uno de los aspectos más controvertidos de la ley. «Se ha pasado de un sistema anterior donde estaba muy tasado qué es el terrorismo a una situación donde cada vez hay más delitos que pueden ser considerados como terrorismo», dice el jurista Carlos Sánchez Almeida.
Con esta ley mordaza desaparecieron las llamadas faltas -infracciones leves que instruían y enjuiciaban los jueces- pasando a ser sanciones administrativas que impone la autoridad, y que sólo a posteriori (si se consiguen pruebas, se acabó la presunción de inocencia) se pueden anular judicialmente. Las multas -sin pruebas- a ciudadanos por conceptos como «falta de respeto a la autoridad» o «desobediencia o resistencia a la autoridad» se han disparado. Sólo en el año 2016 se impusieron 19.497 multas por «faltas de respeto y consideración a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad»; y 12.094 multas por «desobediencia y/o resistencia a la autoridad», dejando 131 millones de euros en las arcas del Estado en 18 meses.
La ley Mordaza ha nacido para ser derribada y acabará en el vertedero. Necesitan el miedo y la represión para maniatar, amordazar y desactivar al movimiento popular. No lo conseguirán. Este es -como diría Miguel Hernández en su ‘Vientos del Pueblo me llevan’- un yugo que hay que dejar roto sobre sus espaldas.